Congreso veracruzano no acatará sentencia de despenalización del aborto

En un comunicado, señalaron que después de una reunión que sostuvo ayer la Junta de Coordinación Política del congreso veracruzano, por unanimidad, los legisladores decidieron no cumplir la sentencia del Juzgado Decimoctavo porque en su opinión no incurrieron en omisión legislativa al desacatar la recomendación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) de despenalizar el aborto. Los integrantes de la LXIV Legislatura argumentaron que están en apego a la ley pues el artículo 4to de la Constitución estatal “protege la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural” y refieren que la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra este artículo no lo ha resuelto la SCJN. Además, los legisladores consideran que la orden que instruyó el pasado 3 de julio el Juez de Distrito de despenalizar el aborto del Código Penal (artículos 149, 150 y 154) viola la soberanía del legislativo local. Es de recordar que la SCJN se ha pronunciado a favor de la despenalización del aborto, no sólo en 2007 cuando resolvió en la Ciudad de México que el aborto es un derecho idóneo para salvaguardar la vida de niñas y mujeres, y que penalizarlo atenta contra la libertad de que decidan respecto a su cuerpo, su salud física y mental e incluso, respecto de su vida. El pasado 6 de julio de 2018, la ministra Margarita Luna Ramos presentó al Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) la sentencia que obliga al congreso veracruzano a despenalizar el aborto y pidió al órgano de Naciones Unidas que incluya dentro de las recomendaciones que haga al Estado mexicano, la armonización de este derecho en todo el país. Ello en el contexto de evaluación en materia de Derechos Humanos (DH) de las mujeres que enfrenta el Estado mexicano ante CEDAW en Ginebra, Suiza, que inició el 2 de julio y concluirá el día 20. Por otra parte, en el comunicado los legisladores veracruzanos expresaron que aunque reconocen que la AVG por Agravio Comparado (que decretó en diciembre de 2017 la Secretaría de Gobernación) “es una herramienta jurídico-administrativa que ayuda en garantizar los DH”, “no es una norma jurídica frente a todos por medio de la cual deba pasarse por alto, la división de poderes, ni nuestra normativa interna e incurrir en actos contrarios a la ley”, dijeron. Es de mencionar que el sentido de la AVG por Agravio Comparado es terminar con leyes que discriminan los derechos de las mujeres a través de su modificación. Además, en la sentencia del Juez de Distrito, se estipula que despenalizar el aborto es una obligación, toda vez que las acciones derivadas de la Alerta de Género son de carácter obligatorio porque las demanda una entidad federal, la Secretaría de Gobernación. El Juez también determinó que el congreso estatal violó diversos derechos de las mujeres al resistirse aprobar la reforma del aborto: derecho a la salud, a la vida, a la no discriminación, y derechos sexuales y reproductivos. Esta polémica sentencia se dio a conocer el pasado 3 de julio de 2018 por las organizaciones Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Justicia, Derechos Humanos y Género AC y los colectivos Feministas de Xalapa y Akelarre, quienes anunciaron que el Juzgado Decimoctavo de Distrito del poder Federal las amparó y obligó al congreso de Veracruz modificar el Código Penal para despenalizar el aborto en las 12 semanas de gestación, añadir una causal de riesgo de salud a las mujeres y derogar el plazo de 90 días para que las víctimas de violación accedan al aborto, todo ello antes del 31 de julio de 2018 que termina el periodo de sesiones de la Legislatura. Las defensoras de los derechos de las mujeres anunciaron también que si los legisladores resistían a cumplir a la sentencia iniciarían una denuncia por “desacato judicial” o bien, un juicio político.