| | Oaxaca de Juárez |
Sábado 28 de diciembre, 2024.
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Por: Hazel Zamora Mendieta/Cimacnoticias
Oaxaca.-En el sexenio de Enrique Peña Nieto el Sistema Interamericano de Derechos Humanos aceptó revisar cuatro solicitudes relativas a violaciones de derechos de las mujeres por tortura sexual ejercida por las fuerzas armadas, feminicidio y desapariciones.
Además pasaron sólo 21 días desde que Peña Nieto concluyó su periodo como presidente de México cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) dictó dos sentencias contra el Estado mexicano.
El organismo internacional se pronunció por la tortura sexual de once mujeres, caso ocurrido durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, en el Estado de México, entonces gobernado por Peña Nieto.
También responsabilizó al Estado mexicano por la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, ocurrida el 29 de diciembre de 2009 en el Ejido Benito Juárez, en el municipio de San Buenaventura, en el estado de Chihuahua.
Ambas sentencias son ejemplo del camino que siguen las víctimas directas e indirectas de violaciones a Derechos Humanos cuando agotan todos los recursos judiciales de México sin que encuentren justicia ni el esclarecimiento de los hechos.
En ocasiones elevar su reclamo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, confirmado por la CoIDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es la única manera de acceder a la justicia. En los últimos seis años cuatro casos más llegaron a estos organismos internacionales.
TORTURA SEXUAL
Antes de concluir 2018 la CoIDH emitió la resolución del caso Atenco. El tribunal interamericano reconoció que en los operativos ordenados por el gobernador Enrique Peña Nieto las once mujeres vivieron violencia sexual a través de agresiones verbales y físicas; siete de ellas fueron víctimas de violación sexual y todas fueron torturadas sexualmente por policías.
La CoIDH registró que la tortura en este caso fue un mecanismo de control social y que cuando las mujeres lo denunciaron recibieron tratos crueles y degradantes. Además examinó como discriminación por razones de género la violencia sexual y tortura ejercida contra las once víctimas.
En esta sentencia las CoIDH ordenó crear mecanismo para garantizar la no repetición, como un mecanismo de monitoreo del uso de la fuerza y elaborar un plan de fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres mientras tanto los casos de tortura sexual que involucran las fuerzas armadas siguen llegando al Sistema Interamericano.
En octubre de 2017 el organismo aceptó conocer el expediente de la indígena náhuatl de 73 años de edad, Ernestina Ascensio Rosario, quien en 2007 presuntamente fue víctima de violación tumultuaria por miembros del 63 Batallón de Infantería del Ejército en la Sierra de Zongolica, en el estado de Veracruz.
FEMINICIDIO Y DESAPARICIÓN
El feminicidio, que alcanzó la cifra de nueve asesinatos al día, de acuerdo con Naciones Unidas, es otro de los crímenes que en el pasado sexenio llegó a la CIDH.
La Comisión Interamericana aceptó tres casos: en 2012 el de Lilia Alejandra García Andrade, una joven de 17 años de edad asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua, en febrero de 2001. En 2017 admitió la petición del caso de seis mujeres desaparecidas y asesinadas entre 1995 a 2003 en Juárez, caso conocido como Silvia Elena Rivera Morales y otras.
Finalmente, en 2018 la CIDH aceptó el caso de Nadia Alejandra Muciño Márquez, asesinada en 2004 en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
En todos los casos de feminicidio falta que la CIDH haga su análisis de fondo y se pronuncie, con ello podrían pasar al siguiente organismo: la Corte Interamericana, facultada para emitir una eventual sentencia.
En el caso de feminicidio de Lilia Alejandra con el objetivo que no siguiera su camino a la CoIDH, el gobierno mexicano aceptó en 2018 ante la CIDH su responsabilidad por la falta de investigación y ofreció una solución amistosa a los familiares de la víctima, misma que fue rechazada.
Aunque en estos casos queda un largo trecho para conocer las resoluciones y pronunciamientos de los órganos del Sistema Interamericano, las víctimas aguardan por tratarse del único mecanismo que les garantiza justicia y expone internacionalmente los crímenes contra mujeres que ocurren en México.
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