El organismo acreditó violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y legalidad en agravio de la víctima, que inicialmente presentó queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
Detalló que esa instancia refirió que el agraviado laboró como asesor legal en el ayuntamiento de Ciudad Ixtepec, y al ser despedido, el 21 de septiembre de 2008, presentó una demanda ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje con residencia en Tehuantepec, que por razón de competencia la remitió a la Junta de Arbitraje, donde se radicó el expediente laboral.
En el laudo correspondiente se ordenó al ayuntamiento a reinstalar en su puesto al agraviado, en las mismas condiciones y términos que desempeñaba, y al pago de diversas prestaciones y cantidades por concepto de salarios, lo que no ocurrió a pesar de las múltiples diligencias de requerimiento realizadas.
La CNDH recomienda al gobierno de Oaxaca, que en coordinación con el ayuntamiento y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de esa entidad, se repare integralmente el daño al afectado, que incluya asesoría jurídica y se le inscriba en el Registro Nacional de Víctimas.
Además, instruya a la Presidencia de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado para la efectiva ejecución del laudo en favor del agraviado, entre otras medidas.
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