Comunicado
Stuttgart .-Abogados y personas que se comprometen con la defensa de los derechos humanos en México siguen temiendo por sus vidas. En la mayoría de los casos hay actores estatales responsables de los ataques. El gobierno del presidente López Obrador ha reformado la Fiscalía General, pero el esclarecimiento de estos delitos avanza todavía con mucha lentitud. Al mismo tiempo muchas personas inocentes siguen en prisión.
Carola Hausotter, coordinadora de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, expresa su preocupación y demanda que “el Estado Mexicano otorgue la máxima prioridad a la protección de las personas defensoras de derechos humanos y a la investigación de los crímenes en su contra. Sólo así podrá mejorarse la situación de los derechos humanos en México”.
El descubrimiento del cadáver del abogado Arnulfo Cerón el 20 de noviembre fue resultado de la intensa presión ejercida por organizaciones mexicanas e internacionales de derechos humanos. “Con Arnulfo Cerón, de nuevo ha sido asesinado de forma brutal un defensor de los derechos humanos. El trasfondo de los hechos debe ser aclarado y todos los responsables sancionados. Es la única manera de que el Estado Mexicano pueda conseguir el efecto disuasorio para que estos crímenes no se repitan”, declara la Sra. Hausotter.
El gobierno de López Obrador prometió con motivo de su toma de posesión la liberación de personas defensoras ciminalizadas. “Algunas personas que estaban en prisión por acusaciones falsas fueron puestas en libertad, sin embargo, todavía muchas inocentes siguen en la cárcel”, indica la Sra. Hausotter. La coordinación quiere llamar la atención sobre el caso de Pablo López con una campaña de tarjetas postales. Su caso es representativo de los de otros muchos que, por actuar con un compromiso social, son encarcelados bajo acusaciones falsas. Un alto número permanecen de forma ilegal durante años en prisión.
Pablo López luchó durante más de 20 años como defensor de derechos humanos indígena contra la tala de bosques en Oaxaca, México. El 15 de agosto del 2010 fue detenido por 15 hombres sin orden de aprehensión. Las Naciones Unidas demandan desde el año 2017 su puesta en libertad. El Grupo de Trabajo contra Detenciones Arbitrarias ha declarado que su encarcelamiento es ilegal. También Michel Forst, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, ha constatado que en su proceso se han producido un gran número de irregularidades. “Nos sumamos a la demanda de Naciones Unidas de que Pablo López sea puesto en libertad. Se insta al Estado Mexicano a revisar los casos de personas defensoras ciminalizadas. Cuando esto se haga Pablo López deberá ser puesto en libertad”, concluye la sra. Hausotter.
