Omisión y complicidad ante denuncias por acoso sexual

Por: Sonia Gerth/Cimacnoticias 

Oaxaca.-Tras reconocer que las denuncias presentadas por mujeres de forma confidencial en los diversos hashtags de #MeToo son legítimas, académicas, integrantes de organizaciones civiles y defensoras de los derechos de las mujeres, coincidieron en que esta violencia puede ser denunciada por tres vías; penal, laboral y administrativa.

Al participar la tarde de ayer en el Foro MeTooMx, realizado ayer en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF), abogadas especializadas en perspectiva de género y académicas, señalaron que el hostigamiento y acoso sexual en el ámbito laboral es una práctica vieja, pero el movimiento MeToo, a través de las redes sociales, es una nueva herramienta en manos de las víctimas para denunciar y lograr un cambio.

Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, las panelistas entre quienes se encontraban la abogada feminista y experta en violencia de género, Patricia Olamendi; la académica Aimée Vega Montiel; la abogada feminista que litigó el caso Campo Algodonero, Andrea Medina Rosas; y la exlegisladora y una de las impulsoras de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Angélica de la Peña, coincidieron que es necesario que diversas instancias respondan y definan qué harán con la violencia denunciada.

Por ello, emplazaron a las autoridades a informar, a más tardar el próximo 6 de mayo “sobre las acciones que van a realizar en cumplimiento de sus obligaciones ante la violencia de género contra las mujeres, en particular respecto del hostigamiento y acoso sexual”.

Las cifras que presentaron la académica Aimée Vega Montiel, la artista Lorena Wolffer, y la periodista Eloisa Farrera, revelaron que existen los mismos patrones en la violencia de género no importa si es el ámbito laboral, escolar, el arte, la cultura o el periodismo.

Por ejemplo, se mostró que en casi todas estas áreas la mitad de las denuncias era sobre acoso sexual. En MeTooAcademicos, da cuenta que de aproximadamente 350 denuncias 49.5 por ciento fue de acoso sexual, 13.4 por ciento, violencia verbal, seguido por hostigamiento con 5.8 por ciento de los casos. 2.2 por ciento de las denuncias relataron casos de encubrimiento.

También en las otras áreas laborales, las víctimas coincidieron que de las pocas que reportaron su caso ante recursos humanos, o un directivo, éstos las ignoraron, minimizaron o normalizaron su experiencia, la revictimizaron, o pidieron no reportar el caso ante el Ministerio Público. La cuenta MeTooPeriodistasMexicanos reveló que de 28 casos que fueron presentados ante esas instancias, no resultó ninguna acción. 8 denuncias fueron interpuestas ante fiscalías, algunas de ellas siguen pendientes.

Otro resultado que destacó en el análisis de los diferentes hashtags, fue que muchos agresores recibieron más de un señalamiento, sin embargo continuaron con su carrera durante años e incluso en diferentes instituciones. Por ejemplo, en MeTooAcadémicos hay más de 18 agresores con más de una denuncia. Un profesor y director con ocho denuncias en su contra en cuatro universidades distintas: el Tec de Monterrey, Claustro de Sor Juana, UAQ e ITAM.

De la misma manera, destacan los lugares de trabajo donde- al aparecer- hubo un ámbito propicio al acoso sexual, o donde éste fue tolerado. La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM reúne 40 denuncias en MeTooAcadémicos, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 19 y la Facultad de Estudios Superiores Acatlán 17.

El periódico La Jornada suma 15 denuncias; el grupo Imagen y Milenio 10, mientras que las agencias publicitarias con más denuncias fueron Ganem y Metrics, con 12 cada una, y Agencias Anónimo, con 11.

Todos estos datos, según las organizadoras del foro, muestran la amplitud del problema, pero también el por qué las mujeres afectadas en la mayoría de los casos no han buscado las vías institucionales para resolver el problema y una de las razones es el desconocimiento del marco normativo, señaló la abogada Andrea Medina Rosas.

Es posible hacer una denuncia ante las fiscalías o el Ministerio Público, lo que sería el ámbito penal, o buscar una solución en el ámbito laboral vía la misma empresa y las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Al respecto Patricia Olamendi enfatizó que un dato preocupante es la alta tasa de impunidad y falta de perspectiva de género al momento de juzgar. Por eso, dijo, “me preocupa mucho cuando alguien dice ‘hay que denunciar’”.

Olamendi Torres, Angélica de la Peña, Andrea Medina Rosas y Angélica González, explicaron cómo a través de décadas de trabajo de feministas dentro y fuera de los parlamentos, se crearon diversas leyes que hasta ahora no se ven bien implementadas en la realidad, pero que forman el marco normativo para llevar el movimiento MeToo más allá de la denuncia.

Los testimonios que surgieron a finales de marzo sirven para detectar patrones y encontrar otras víctimas de un mismo agresor, lo que sería útil al llevar una denuncia ante la corte, dijo Medina. Reiteró que las leyes mexicanas respaldan a las mujeres.

“La Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia plantea la confidencialidad de la denuncia. La ley respalda y reconoce que denunciar es un riesgo”, dijo ante las múltiples críticas de los acusados del movimiento MeToo de revelar la identidad de las denunciantes.

Recordó que desde los procesos de los casos “Campo Algodonero” e Inés y Valentina ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los protocolos para juzgar con perspectiva de género se tradujeron en jurisprudencia para todas las materias, sea penal, civil, administrativa o laboral.

“La mayoría de las personas que nos están reclamando estas denuncias, no se han enterado que ya cambió la ley”, dijo la abogada, “de lo que antes pensaban era un piropo, nos agrede. Y es un delito.” En opinión de las organizadoras del foro, las leyes mexicanas proporcionan las herramientas para que las autoridades públicas, como organismos de Derechos Humanos, fiscalías, Inmujeres y otras, actúen.

Queda esperar si las instancias llamadas en la declaratoria final, entre las que se encuentran la Secretaría de Gobernación, el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el Instituto Nacional de las Mujeres y sus homólogos estatales, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Secretaría del Trabajo y las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, entre otras, tienen una respuesta sobre las acciones que tomarán sobre este tema.