Dadas las condiciones que prevalecen en ésta coyuntura referente al presupuesto que se asignará al conjunto de Universidades Públicas Estatales (UPES) habrá una reducción del 0.54% como se ha anunciado, así lo informó el Abogado General de la Máxima Casa de Estudios, Héctor Sánchez López.
Agregó que la situación afecta gravemente las tareas sustanciales de nuestra institución, además de que condiciona la posibilidad de concursar en fondos federales que atienden temas estructurales.
Además de que nuestra Casa de Estudios forma parte de la lista de 11 universidades con riesgo de quiebra financiera, por lo requiere una decisión urgente.
Para atener el tema, las acciones hacia la reforma iniciaron con el análisis del problema estructural, haciendo partícipe al personal académico, administrativo y representaciones sindicales.
Se realizaron talleres, conferencias, capacitaciones y disertaciones con la asistencia de personal de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) y por parte de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU).
La segunda etapa referente a la consulta, consistió en la socialización de la propuesta elaborada por el despacho actuarial en mención, con las diferentes representaciones sindicales de la nuestra universidad, así como con la base trabajadora de áreas académicas y administrativas.
Agotadas estas fases, en este momento se camina hacia la definición y validación del reglamento que permitirá sanear parcialmente las finanzas de la institución, garantizar el funcionamiento financiero para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y acceder a recursos federales.
Al respecto el contralor general, Hilarino Aragón Matías sostiene que la principal descapitalización de la universidad es la falta del sistema de jubilaciones, puesto que contrario a otras instituciones, los trabajadores no aportan nada al fondo de pensiones, y el problema se ha solventado con el subsidio ordinario.
Aragón Matías explicó que éste año la UABJO ya no pudo acceder al fondo de atención a problemas estructurales, puesto que el requisito principal es contar con la reforma a pensiones, “es por ello que urge”.
Las autoridades académicas informan que actualmente el 40% del presupuesto que para este año fue de 49 millones de pesos, se destina al pago de jubilaciones y pensiones lo que incluye también el pago de prestaciones laborales no reconocidas por la SEP.
Cabe informar que la propuesta técnica elaborada por Valuaciones Actuariales del Norte, cumple con los objetivos de la convocatoria realizada por la SEP y busca garantizar el financiamiento futuro de la seguridad social mediante el equilibrio financiero.
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