Oaxaca.-Es inadmisible que la corrupción dentro del Sistema Judicial siga cobrando la vida de las mujeres que viven en México; a pesar de los distintos instrumentos legales que se han aprobado para proteger a las mujeres éstos son letra muerta, lamentó Dionicia Vázquez García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT).
Lo anterior, durante la discusión del exhorto al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que r investiguen y, en su caso, se sancione, inhabilite y destituya del cargo al Juez de Control Federico Mosco González, así como al Magistrado Héctor Jiménez López, por las posibles irregularidades cometidas en el caso del feminicidio de Abril Pérez Sagaón.
La petista alertó respecto de la poca voluntad de los ministerios públicos para integrar averiguaciones previas de manera eficiente y con todos los elementos, que otorguen al juez la convicción de que hay la responsabilidad de la comisión de un delito; “en el caso que nos ocupa la ignorancia o complicidad del juez para no proteger a la víctima resultó en que perdió la vida”.
Explicó que es inaceptable que en la agresión de la que Abril Pérez fue víctima, el pasado 4 de enero, el Juez de Control reclasificara de feminicidio en grado de tentativa a un caso de violencia intrafamiliar y lesiones.
“El dolo se acreditaba al conocer la conducta y al saber de las consecuencias legales que su actuar fue aparejado, pero si bien es cierto que hay ignorancia del juzgador, también lo hay del Ministerio Público, que no hizo nada por proteger la vida de la hoy occisa”.
A nombre del GPPT, dijo, condenamos el asesinato de Abril Pérez, perpetuado el pasado lunes 25 de noviembre de 2019. No solo fue víctima sistemática de violencia en todas sus modalidades por parte de su exesposo, también lo fue de las omisiones y la complicidad por actos de corrupción, que impidieron que el sistema judicial protegiera su vida.
La parlamentaria resaltó que es momento de parar la violencia hacia este sector y, sobre todo que el Estado sea omiso a garantizar sus derechos. Asimismo, exigió que los jueces cómplices de estos actos sean castigados y no nada más inhabilitados, que sean también encerrados, es ahí donde deben estar.
La legisladora por el Estado de México señaló que mientras existan omisiones en la aplicación de la ley, las mujeres seguirán siendo víctimas de la delincuencia. “En las calles y en el transporte público hay acoso, no podemos salir libremente porque se nos acusa de que somos nosotras quienes incitan la comisión de los delitos en nuestra contra”.
Cuestionó dónde están los protocolos para fijar la perspectiva de género, “muy seguramente en el bote de la basura. Lo que hagamos en favor de las mujeres, sin duda, servirá para evitar más homicidios en su contra y que no se agreda y asesine por el solo hecho de serlo”.
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