Agencias

Oaxaca.-El 71% de los establecimientos que forman parte de la Red Nacional de Refugios (RNR) obtendrán recursos este año, luego de que la Secretaría de Salud aprobó sus proyectos.

La directora de dicha organización civil, Wendy Figueroa, explicó que el gobierno federal les comunicó esta noticia como parte del resultado de la convocatoria pública para la asignación de subsidios para la prestación de servicios de refugio para mujeres, sus hijos e hijas, que viven violencia extrema.

«No todos han recibido notificaciones, pero ya están comenzando a llegar. Esperamos que en los siguientes días se sigan autorizando proyectos; en caso de que no ocurra, vamos a solicitar una segunda convocatoria para que todos accedan al dinero del Presupuesto de Egresos de la Federación [PEF]», señaló.

A pesar de que en el PEF de este año se etiquetaron 346 millones de pesos, a fin de subsidiar la operación de los refugios para mujeres, el 21 de febrero pasado la Secretaría de Salud indicó que ese dinero no sería entregado. No obstante, después de que organizaciones sociales criticaron la decisión, las autoridades volvieron a lanzar la convocatoria pública.

«Reconocemos que se haya mantenido la entrega de recursos a través de la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva; sin embargo, aún quedan muchos temas pendientes, por ejemplo la liberación del presupuesto, necesitamos que se haga a la brevedad posible», expresó Wendy Figueroa.

La red está compuesta por 41 refugios —el 70% de los que hay en el país— y 39 centros de atención externa en todas las entidades del país. Estos espacios atienden a más de 20 mil mujeres víctimas de violencia extrema, así como a sus hijos.

Según la encargada de la Red Nacional de Refugios, las personas que llegan a buscar apoyo provienen de zonas rurales y urbanas, y muchas padecen alguna discapacidad o adicción derivada de los abusos.

«Durante todo este tiempo hubo mucho desgaste emocional, porque estamos trabajando con vidas. El hecho de que haya esta incertidumbre de si recibes o no el presupuesto es una preocupación constante, ya que dependen varias vidas de los refugios», indicó.

Un lugar de esperanza

Christine —nombre ficticio utilizado por razones de seguridad— llegó a un refugio para mujeres víctimas de violencia extrema hace tres meses. Durante 22 años sufrió golpes, jalones, maltratos y humillaciones, hasta que un día decidió tomar a su hijo pequeño y salir en busca de ayuda.

Sin ningún familiar que la apoyara, la víctima relató cómo un módulo de atención, ubicado en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (SCT) de la Ciudad de México, la canalizó a una casa de emergencia, donde valoraron su situación.

«En la casa de emergencia estuve 12 días y luego me mandaron al refugio. Aquí encontré una oportunidad de vida muy grande, pues me recibieron con un trato amable, una sonrisa cordial, una pijama limpia; obtuve atención psicológica y médica», señaló Christine.

Ella se casó a los 16 años con un hombre de mayor edad, quien la conquistó con buenos tratos y con la promesa de que nunca tendrían problemas económicos. «Al principio era muy trabajador y responsable, pero poco a poco me sumergió en una dinámica de violencia y gritos. Él comenzó a tomar diariamente, y todas las noches, cuando yo llegaba de trabajar me golpeaba», narró su experiencia.

Las agresiones contra ella se incrementaron hasta el punto de imaginar que la matarían: «Decidí embarazarme, porque me convencí de que si lo hacía, él iba a cambiar. Sin embargo, no fue así, las cosas empeoraron, e incluso una vez abrió la puerta de un carro en movimiento para intentar tirarme».

Christine fue aislada de sus amigos y sus padres. Con argumentos como: «No salgas a la calle, porque te va a pasar algo», su expareja se encargó de quitarle cualquier red de apoyo que la pudiera rescatar.

«Siempre me decían que él no iba a cambiar y yo les respondía que era muy buen padre. Siempre traté de dar buena cara, nunca expresé lo que sucedía. Al final de cuentas, la familia se cansa y me fueron dejando sola. Actualmente sigo sin tener contacto con nadie por seguridad», indicó.

Ante esta situación, el único lugar donde ella encontró resguardo fue en un refugio de una organización social. Por tres meses se ha sometido a distintas terapias para superar su pasado y también ha planeado su futuro, pues en unas semanas tendrá que abandonar el lugar junto con su hijo de ocho años.

«Aquí te ayudan a ver que la violencia no es culpa tuya, te apoyan para conseguir dinero y procuran que tu hijo siga estudiando. Después de tres meses debes salir, pero no te dejan sola, porque del refugio te vas con tu carpeta de investigación iniciada y con medidas cautelares para que no vuelvas a ser víctima de tu agresor», aseguró.

Habrá recursos, pero menos

Claudia Carranza, una de las responsables de la organización que atendió a Christine por medio del refugio, celebró que el gobierno federal haya autorizado la entrega de apoyos económicos para estos establecimientos. Pese a ello, criticó que la cantidad de dinero no será la misma que antes.

«Por medio de un correo nos hacen saber que habrá recursos, pero hay varios rubros que no fueron considerados, por ejemplo los recursos humanos. Vamos a tener menos dinero para las áreas de pedagogía, psicología o trabajo social aun cuando son factores fundamentales para la operación de los refugios y para brindar una atención de calidad», sostuvo.

Menciona que por esta situación han buscado tener un acercamiento con la Secretaría de Salud, aunque aún no han logrado nada. «Las consecuencias de este recorte será que vamos a tener menos personal especializado y dejaremos a muchas mujeres en espera. Entonces puede haber riesgo de que el número de feminicidios aumente», estimó Claudia Carranza.

La directora de la RNR sumó otra preocupación al tema: «Acaban de quitarle más de 86 millones de pesos al programa Proequidad, que estaban dirigidos a las asociaciones. Eso nos hace pensar si las organizaciones sociales seremos tomadas en cuenta en 2020 y cuál será nuestro papel. El tema de los refugios es un compromiso ético con el derecho de acceso a la justicia».