Por: Berenice Chavarría Tenorio/Cimacnoticias 

Oaxaca.-Que la violencia política contra las mujeres por razones de género se incluya en la legislación y se sancione como tal, es el objetivo de la iniciativa propuesta por la senadora del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Blanca Estela Piña Gudiño, a través de la cual se pretenden modificar 15 artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Dicha reforma incluye la modificación a los artículos 3, 247, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 452, 453, 454, 455, 470 y 47, a los cuales se les adicionaría el concepto de violencia política en razón de género y las infracciones correspondientes.

“Las compañeras creían que sí podían denunciar y que llegaría una sanción al agresor, pero lo que no sabían es que la violencia política en razón de género no se encontraba dentro del catálogo de infracciones. Al hacer esta reforma habrá sanciones para los que ejerzan violencia política en contra de las mujeres. Estaba solamente como Protocolo, se daba seguimiento a los casos pero no había castigos”, puntualizó en entrevista con Cimacnoticias, la secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género, Blanca Estela Piña Gudiño.

La senadora hizo referencia al “Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las mujeres en razón de género”, creado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en el cual no se establecen obligaciones para las instituciones respecto a la vigilancia de los derechos políticos de las mujeres.

Por ello, con esta modificación se busca que la violencia política en contra de las mujeres pueda ser sancionada conforme lo establecido en el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con castigos como: amonestación pública, multa, reducción de financiamiento público, interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral, cancelación de su registro como partido político, así como la pérdida del derecho a ser registrado a la precandidatura y candidatura.

Estas sanciones serían efectivas ante partidos políticos, aspirantes, observadores electorales, servidores públicos, concesionarios de radio y televisión, organizaciones sindicales, ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión, que ejerzan violencia política.

CASOS DOCUMENTADOS

Esta propuesta surge luego de casos de violencia política contra mujeres registrados en los últimos años, como el de la candidata a la alcaldía de Ecatepec por el Partido del Trabajo (PT), Jessica Salazar Trejo, quien en 2015 denunció agresiones y amenazas luego de un intento de secuestro en la colonia Alboradas de Aragón, donde un comando armado de 13 hombres la agredieron de manera física y verbal y dos de sus colaboradores resultaran heridos.

Otro caso fue el de la precandidata a diputación federal por el Partido Acción Nacional (PAN) en Morelos, Gabriela Pérez Cano, quien sufrió un ataque en su domicilio, donde agresores dejaron un mensaje que decía “abandona la candidatura”.

Incluso se ha llegado a asesinatos, tal es el caso de Gisela Mota Ocampo,  Alcaldesa del municipio de Temixco, Morelos, quien un día después de asumir el cargo fue asesinada en la sala de su casa en 2016.

A esto se suma el asesinato de la precandidata por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Aída Nava González, quien en 2015 fuera localizada sin vida un día después de haber sido secuestrada durante un acto político.

“Se tuvieron las denuncias pero no se sabe cómo prosiguió la investigación. Regularmente los que violentan son los que participan en el proceso electoral. Esta iniciativa reforma algunos artículos con la finalidad de que se revise y se atienda este tipo de violencia” explicó Blanca Estela Piña.

NO SE PROTEGERÁN CASOS DE CORRUPCIÓN

Luego de que Rosario Robles Berlanga fuera evidenciada como una de las responsables en el desvío de recursos denunciado en la investigación “La Estafa Maestra”, realizada por Animal Político y Mexicanos contra la corrupción, la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) denunció violencia política en su contra.

Al respecto, la secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género, destacó que esta ley no beneficiará los casos de corrupción cometidos por mujeres.

“Cuando una persona pone una denuncia se tiene que comprobar que fue violentada políticamente, que fueron violentados sus derechos electorales. En este caso se le está acusando de desvío de recursos y el hecho de que denunciemos que ella es responsable, no es violencia política de género. Nosotros queremos que nos aclare a dónde fueron los recursos. La corrupción no tiene nada que ver con la violencia política” añadió la senadora.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos para su análisis correspondiente. El siguiente paso es analizar cómo se debe realizar la denuncia y dar a conocer la iniciativa para que se tipifique en todo el país, concluyó Blanca Estela Piña Gudiño.