Oaxaca.-Este 4 de junio se cumplen 25 años de la detención ilegal, violación y tortura cometida por militares mexicanos en contra de las indígenas tzeltales Ana, Beatriz y Celia González Pérez, caso ocurrido en el municipio de Altamirano, en el estado de Chiapas, en 1994.

Esta mañana, después de un cuarto de siglo, las tres hermanas y un comité de apoyo se atrevieron a protestar y exigir justicia, verdad y reparación del daño frente a un cuartel militar ubicado en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas.

La primera y única vez que las hermanas hablaron ante los medios de comunicación fue en octubre de 2010, en una conferencia de prensa en Ocosingo cuando informaron que en agosto de ese año el gobernador Juan Sabines Guerrero les envió por escrito una propuesta de reparación del daño de 500 mil pesos a cada una.

La acción de hoy se realizó por el aniversario de los hechos, pero también porque el caso se reactivó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que desde 1999 conoció la historia registrada como “Caso 11.565 Hermanas González Pérez”.

De acuerdo con el expediente en la CIDH, los hechos ocurrieron en un retén militar localizado en el camino que va rumbo al ejido Jalisco, en el municipio de Altamirano, aproximadamente a las 2:30 de la tarde cuando las indígenas regresaron de un poblado vecino donde fueron a vender productos agrícolas.

Aquel día de 1994 un grupo de militares detuvo a las tres hermanas, Ana de 20 años de edad, Beatriz de 18 años, Celia de 16 años y a su madre Delia Pérez; las mantuvieron privadas de su libertad durante dos horas. En ese tiempo las tres hermanas fueron separadas de su madre, golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones.

Pese a las amenazas que recibieron por los militares, el 30 de junio de 1994 las mujeres denunciaron ante el Ministerio Público Federal pero dos meses después el expediente fue trasladado a la Procuraduría General de Justicia Militar, encargada de investigar delitos de soldados y quien decidió archivar la indagatoria.

El argumento de las autoridades militares fue que no podían investigar porque las víctimas de tortura se negaron a comparecer frente a los efectivos militares agresores y someterse a nuevos exámenes ginecológicos. A fin de encontrar respuestas, acompañadas legalmente por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el 16 de enero de 1996 las mujeres presentaron su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo internacional que tres años después aceptó la petición.

En el proceso ante el sistema interamericano se reveló que los integrantes del Ejército detuvieron arbitrariamente a las tres hermanas y a su madre y las interrogaron para hacerlas confesar su pertenencia al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), grupo organizado que el 1 de enero de 1994 se levantó en armas.

Las mujeres no pudieron contestar al interrogatorio porque eran hablantes de tzeltal y no entendían el español. Después de violarlas un oficial, ayudado por un intérprete, amenazó a las víctimas diciéndoles que si denunciaban las volvería a detener para encarcelarlas o matarlas. De acuerdo con la Averiguación Previa 64/94 las denunciantes dijeron: “Al pasar por el retén (los soldados) nos empezaron a molestar, diciendo que teníamos que ser revisadas, por lo que regresamos y tratamos de pasar por el otro retén que está a la entrada de un desvío al ejido Jalisco”.

“No quería que me revisara, porque tenía miedo de que nos quitaran el dinero que habíamos ganado o que nos molestaran de nuevo revisándonos nuestras personas, pues no me gusta y me da pena la forma en que nos tocan para ver lo que traemos entre nuestros vestidos…”.

“Los soldados del otro retén tampoco nos dejaron pasar y nos empezaron a preguntar nuestros nombres y a dónde íbamos, indicando que no podíamos pasar y de ahí nos llevaron al otro retén, al primero, en donde nos ordenaron que nos sentáramos, pero nuestra madre empezó a llorar y nos separaron, diciendo uno de los soldados que teníamos que hablar con un sargento y nos separaron”.

A partir de las denuncias, las víctimas sufrieron represalias de la comunidad donde vivían, lo que provocó que tuvieran que mudarse de su pueblo de origen y que dos de ellas se cambiaran los nombres. El caso no fue enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) pero tras analizarlo, el 4 de abril de 2001 la CIDH emitió el Informe de Fondo No. 53/01 declarando la responsabilidad internacional del Estado en el caso y recomendó realizar una investigación seria, imparcial y exhaustiva y reparar adecuadamente a Ana, Beatriz y Celia González Pérez por las violaciones cometidas.

A 25 años, en mayo pasado el organismo internacional se reunió con autoridades mexicanas y representantes de las hermanas González para revisar el cumplimiento de las recomendaciones. En el encuentro, que se realizó en Kingston, Jamaica, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, se comprometió a reparar el daño.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), organización que se sumó a la defensa legal de las hermanas, asegura que, aunque en 2013 la investigación se trasladó al fuero civil, no se ha realizado una investigación para sancionar a los responsables de las violaciones a Derechos Humanos.