La plataforma, que busca monitorear 10 rubros de indicadores a nivel federal y en las 32 entidades federativas, muestra grandes demoras y pendientes en el cumplimiento de la Ley General y en el combate a la tortura. Entre ellos:

• A pesar de la apertura de miles de investigaciones penales por tortura en el fuero estatal en 2018, sólo dos entidades informaron haber presentado cargos por tortura ante alguna autoridad judicial ese año.
• Ninguna entidad reportó sentencias impuestas en casos de tortura en 2018.
• En los primeros meses de 2019, solamente la federación y 10 entidades federativas informaron contar con Fiscalía Especial para investigar tortura conforme lo previsto en la Ley General; otras 9 entidades informaron contar con Unidad de investigación. Casi la tercera parte de entidades informó no contar con ninguna de las dos.
• En los primeros meses de 2019, solamente tres entidades informaron contar con registros de tortura que se ajustaran a los elementos requeridos por la Ley.

Los datos recabados muestran asimismo la persistencia de serios límites en el acceso de las víctimas a exámenes médicos y psicológicos para documentar secuelas de tortura y que éstos sean independientes y efectivos, así como pendientes en la labor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), entre otros.

Los datos se obtuvieron mediante solicitudes de acceso a información, presentándose retos como la falta de respuesta de algunas instituciones, la falta de desglose de datos y, en casos puntuales, datos contradictorios. No obstante, la plataforma permite comparar indicadores de 2014 a 2018 en la mayoría de los rubros, y se actualizará periódicamente.