Agencias

Oaxaca.-Antes del retiro del apoyo por parte del Gobierno Federal, los menores eran inscritos a éste por el gobierno estatal. El programa se denominaba Seguro de Vida para Jefas de Familia, el cual dependía de la [b]Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

En caso de que los menores de edad y jóvenes hasta los 24 años perdieran a sus madres, se les entregaba un apoyo que iba desde $330 hasta $2,040 pesos al mes.

En su lugar se implementaron las Becas Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro, las cueles no fueron pensadas para hijos en orfandad, quienes no tenían que hacer trámite por el caso de gravedad.

Ahora, será el estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESOH), quien retomará el programa adaptado al contexto local.

Ana Vásquez Colmenares, titular de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO) explicó que el gobierno estatal da atención solo a 119 menores cuyas madres fueron asesinadas, pero el congreso oaxaqueño estima que son 544 niños huérfanos desde 2010 al primer semestre de 2018.

Los legisladores locales tuvieron que reformar el artículo 22 de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que el gobierno oaxaqueño garantice la alimentación, salud y educación de todos los hijos e hijas de víctimas de feminicidio.

Vásquez Colmenares asegura que con los expedientes de la Fiscalía Especializada en Víctimas, se hacen visitas para conocer la situación de los huérfanos. Se verifica con quién y en qué condiciones viven. En algunos hogares, las hijas se convirtieron en madres a muy temprana edad.

Existen casos de hace 15 años que aún están abiertos. Entonces el feminicidio no se había tipificado como delito y las muertes de mujeres se clasificaban como homicidios dolosos. La responsable de las políticas de equidad de género en Oaxaca revela que “muchas familias tuvieron que abandonar sus casas por miedo de los feminicidas, otras se mudaron a la capital para seguir el proceso penal. Son gastos que no tenían”.

Refiere que las abuelas incurren en gastos para seguir el proceso penal además de los de crianza de sus nietos. Viven en crisis y precariedad económica tras la pérdida de sus hijas.