Oaxaca.-El movimiento de 1968 en México fue un movimiento social​ en el que además de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), El Colegio de México, la Universidad Autónoma Chapingo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,3​ la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros, campesinos, comerciantes y profesionales en la Ciudad de México y estados como Coahuila, Durango, Michoacán, Nuevo León, Puebla​, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz, constituidos en el órgano directriz del movimiento denominado Consejo Nacional de Huelga (CNH).

 

El movimiento contó con un pliego petitorio del CNH al Gobierno de México de acciones específicas como la libertad a presos políticos y la reducción o eliminación del autoritarismo. De fondo, el movimiento buscaba un cambio democrático en el país, mayores libertades políticas y civiles, menor desigualdad y la renuncia del gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que consideraba autoritario.

 

El estado mexicano que caracterizó el movimiento como el intento de derrocar al gobierno, instaurar un régimen «comunista» como parte de un «Plan Subversivo de Proyección Internacional»3​ y lo criminalizó,​ argumentando que sus participantes eran terroristas, delincuentes o un peligro para la seguridad nacional.

 

Por ello, fue reprimido continuamente durante el transcurso del mismo y con el fin de terminarlo, el 2 de octubre de 1968 perpetró la masacre de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, logrando disolver el movimiento en diciembre de ese año.

 

El hecho fue cometido de manera conjunta como parte de la Operación Galeana por el grupo paramilitar denominado Batallón Olimpia, la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la llamada entonces Policía Secreta y el Ejército Mexicano, en contra de una manifestación convocada por el CNH.

 

De acuerdo con lo dicho por sí mismo en 1969, y por Luis Echeverría Álvarez​, el responsable de la matanza fue Gustavo Díaz Ordaz.

 

​ La Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) de la Procuraduría General de la República del gobierno de México, concluyó en 2006 en su Informe Histórico presentado a la sociedad mexicana, que el movimiento estudiantil «marcó una inflexión en los tiempos políticos de México», fue «independiente, contestatario y que recurría a la resistencia civil»​ y se potenció «con las demandas libertarias y de democratización que dominaban el imaginario mundial».

 

​ El mismo informe concluyó que durante el movimiento el gobierno mexicano aplicó «sus mecanismos de control y disuasión que solía utilizar frente a la disidencia social (...) lo caracterizó como subversivo y, en lugar de encontrar formas de atender las legítimas demandas, optó por reprimirlo y aniquilar su dirigencia y al sector que consideró más combativo».

 

​ Para ello recurrió a detenciones ilegales, maltratos, torturas, persecuciones, desapariciones forzadas, espionaje, criminalización, homicidios y ejecuciones extrajudiciales, caracterizando dicha fiscalía el uso de la fuerza institucional del estado mexicano como «criminal».

 

 En los hechos fue activa la asesoría, presencia e inteligencia de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) bajo la operación LITEMPO.​ El número de personas asesinadas, heridas, desaparecidas y encarceladas es impreciso.

 

Algunas víctimas de dichas acciones intentaron caracterizar la masacre de Tlatelolco ante tribunales nacionales e internacionales como un crimen de lesa humanidad y un genocidio, afirmación que fue sustentada por la fiscalía mexicana,​ pero rechazada por sus tribunales.

 

También intentaron llevar a los autores materiales e intelectuales de los hechos ante la justicia.

 

​ En el cincuenta aniversario de la masacre, el gobierno mexicano reconoció los hechos como un crimen de estado y constituyó una política de reparación a las víctimas.

 

 Algunos politólogos, historiadores e intelectuales como Carlos Monsiváis coinciden en señalar que este movimiento y su terrible desenlace incitaron a una permanente y más activa actitud crítica y opositora de la sociedad civil, principalmente en las universidades públicas, así como propiciar la radicalización de activistas que optaron por la clandestinidad y formar guerrillas urbanas y rurales, las cuales fueron reprimidas en la llamada guerra sucia en México.