Oaxaca.-La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca solicita a la nueva administración del gobierno federal que atienda por medio de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), la Secretaría de Agricultura (SA) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) las afectaciones ocasionadas en el río Coyote por el desbordamiento de la presa de “jales” perteneciente a la empresa minera “Cuzcatlán”.

Dicho desbordamiento, puntualizó la Defensoría, afectó al río Coyote, que atraviesa las comunidades zapotecas de Magdalena Ocotlán, San Matías Chilazoa, San Felipe Apóstol, La Barda Paso de Piedra y San Pedro Apóstol. 

Además de la intervención de las instituciones ya señaladas, la Defensoría solicitó también a la administración estatal su intervención por medio de la Secretaría de Energía, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable,  ante la posibilidad de que se estén violentando los derechos humanos a la salud, a la vida, al agua potable, a un medio ambiente sano, al trabajo y al desarrollo económico, social y cultural de las personas que habitan en las comunidades zapotecas afectadas.

La Defensoría detalló que las y los habitantes de las comunidades de Magdalena Ocotlán, San Matías Chilazoa, San Felipe Apóstol, La Barda Paso de Piedra y San Pedro Apóstol señalaron que, a más de tres meses del desbordamiento de la presa de “jales”, ocurrido el 8 de octubre, las autoridades no han dado una respuesta adecuada respecto a la contaminación del río Coyote. 

Dichas comunidades, agregó la Defensoría, señalaron que el afluente del río afectado es de suma importancia para esos pueblos, ya que utilizan sus aguas para consumo humano, actividades agrícolas y ganaderas, por lo que el desbordamiento de la presa de la mina generó gran alarma y preocupación, ya que las aguas del río presentaron un color blanquecino. 

Por ello, autoridades de las comunidades afectadas acudieron a la Defensoría de los Derechos Humanos para reclamar que, debido a que desconocen si es posible seguir haciendo uso del agua del río Coyote, y por ello se han visto orilladas a gastar sus escasos recursos económicos en la  compra del  agua potable necesaria para su consumo. 

La Defensoría  instó a que las autoridades federales y estatales generen sin demora las acciones necesarias para salvaguardar los derechos humanos de las personas que viven en estas comunidades indígenas del Valle de Ocotlán, Oaxaca.

La instancia defensora emitió con oportunidad medidas cautelares y convocó a los titulares de las instituciones referidas para que acudieran a una reunión a escuchar los planteamientos de las autoridades de las comunidades afectadas y se tomaran los acuerdos pertinentes para encaminar la solución de este problema. 

Sin embargo, refirió el organismo defensor, al citatorio sólo se presentó la Secretaría Estatal de Energías, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SEMAEDESO), cuyo representante señaló no tener jurisdicción en el ámbito federal; las demás instituciones federales (Semarnat, Conagua y Profepa) respondieron mediante oficios que la problemática referente a la probable contaminación de las aguas del río Coyote no era asunto de su competencia institucional y fueron omisas a las medidas cautelares emitidas, además de que tampoco acudieron a participar en la primera reunión de trabajo, efectuada el día 19 de octubre de 2018 en la sede de la Defensoría.

El día 24 de octubre de 2018 la Defensoría citó a otra reunión en la que sólo acudió un representante de la Conagua sin generar mayor compromiso hacia las comunidades afectadas, por ello, el 12 de noviembre de 2018 se convocó nuevamente a otra reunión, a la que sólo acudió una representación de la Comisión Estatal del Agua por parte de las autoridades estatales.

Por lo anterior, la Defensoría hace un llamado a las dependencias federales de la actual administración para que se atienda de manera integral y urgente la problemática derivada del derrame de la presa de jales de la minera “Cuzcatlán”, ocurrida el día 8 de octubre de 2018, en cumplimiento a la medida cautelar emitida por el organismo defensor. 

De manera adicional, la instancia defensora solicita a las autoridades gubernamentales de la administración pública federal y del estado de Oaxaca realicen una revisión exhaustiva de la concesión de explotación minera que tiene a su favor la empresa minera “Cuzcatlán”, a fin de que ésta se haga responsable de los diversos impactos nocivos al medio ambiente que está provocando con sus operaciones, ya que sin duda se está atentando en contra del derecho humano que tienen las y los habitantes de esa región a un medio ambiente sano, para ellos y para las generaciones venideras.