Agencias

Oaxaca.- Petróleos Mexicanos, columna vertebral de la economía del país, no puede continuar bajo el chantaje, las amenazas y el saqueo permanente de una corrupta dirigencia sindical encabezada por Carlos Antonio Romero Deschamps y su red de cómplices, dentro y fuera del país, señalaron, Jorge Fuentes García, coordinador general del Frente Nacional Petrolero y Marcial Romero Gómez, dirigente de la sección 50 del STPRM en Tabasco.

Señalaron que Romero Deschams ha recibido de Pemex más de 51 mil 840 millones de pesos por el fraude perpetrado al seguir cobrando los salarios de 10 mil trabajadores de la empresa que supuestamente fueron liquidados en 1992, pero que sus plazas siguen en activo, mismas que son cobradas por el líder sindical, por lo que interpondrán una denuncia penal por enriquecimiento ilícito contra Romero Deschamps.

Indicaron que en una revisión realizada en las nominas de la empresa se ha detectado que no aparecen gente liquidada, por lo que dichas plazas siguen siendo cobradas. Prueba de ello, dijeron es que existen compañeros con credenciales en activo a pesar de que se dice que están liquidados.

Manifestaron que a pesar de que en 2002 hubo una sentencia legal en donde ordenaban a Pemex la restitución de las plazas, pagar salarios caídos y reinstalar al personal, no se realizó porque comprobaron que no había tales liquidaciones.

Jorge Fuentes indicó que a 80 años de la fundación del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la república Mexicana, se encuentra acabado y destrozado por los malos dirigentes que han llevado sus banderas de corrupción e impunidad por más de tres décadas, hoy infiltrados en la delincuencia y crimen organizado.

Agregó que la actual dirigencia sindical está obsoleta y fuera de contexto legal de los estatutos que rigen la vida interna del sindicato, al violar impunemente desde 1990 los conceptos legales estatutario, la Ley federal de Trabajo y nuestra Carta magna, acciones que inhabilitan a la dirigencia nacional, a los 36 comités ejecutivos locales y a los comisionados sindicales para participar en cualquier tipo de elección o puesto de representación sindical.

Manifestó que desde 1990 se le han concedido a Romero Deschamps poder para destruir el patrimonio de los petroleros y obstaculizar el desarrollo de la nación, que ha causado una gran desintegración social; impunidad para continuar saqueando a Pemex y al patrimonio nacional, y inmunidad para no ser molestado por las autoridades, donde dice poseer fortunas incalculables en varios bancos nacionales y del extranjero.

Indicaron que Carlos Antonio Romero Deschamps y su gavilla de bandoleros deben ser destituidos, expulsados del STPRM y del Pemex,; sometidos a juicio ante las autoridades competentes por el saqueo cometido al patrimonio nacional, al patrimonio sindical y pagar con cárcel todas la afrentas cometidas en contra de los trabajadores petroleros, sus familiar y la sociedad en conjunto.

Por otra parte, cabe señalar que Miguel Arturo Flores Contreras, Petroleras Activos en Evolución, presentó una denuncia contra Romero Deschamps en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), por los probables delitos de delincuencia organizada; operaciones con recursos de procedencia ilícita; delitos cometidos con dinero de procedencia ilícita (lavado de dinero); fraude; fraude por equiparación; extorsión; defraudación fiscal, y enriquecimiento ilícito, mismos que quedaron asentados en la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000831/2016.

De acuerdo con La Opinión de México, la denuncia es respaldada por un grupo disidente del STPRM que integran 151 trabajadores de base y el Movimiento Petrolero Activos en Evolución por un México Nuevo, encabezado por Arturo Flores Contreras.
La acusación es contra Romero Deschamps y 11 dirigentes seccionales, quienes “presuntamente” se “confabularon” para cometer ilícitos en contra del STPRM.

El documento también revela presuntos vínculos de los señalados con integrantes del cártel de Los Zetas, a quienes, al menos en la sección 30 del STPRM de Poza Rica, Veracruz, se les otorgó información de los ductos para que ordeñaran combustible.

En el contexto de las acciones contra el robo de combustibles emprendidas por el gobierno federal, el periódico Reforma dio a conocer en su edición del 11 de enero que Romero Deschamps promovió un amparo para suspender cualquier orden de aprehensión en su contra de parte de la autoridad federal.

“Unidos venceremos”, firmó hace unos días Carlos Romero como Secretario General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), cargo que no ha soltado desde 1993 a lo largo de cinco reelecciones (1994, 2000, 2006, 2012 y 2017, cuando se reeligió de manera anticipada un año antes del término de su gestión) que violan los estatutos, ya que solo es válida una vez. Dice apoyar la estrategia del combate al robo de combustible. Se ha reunido a dialogar con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y se amparó para evitar cualquier detención relacionada con su posible relación con el huachicol (robo de combustible).

Miguel Arturo Flores Contreras, presidente de Petroleras Activos en Evolución, señala que las declaraciones del presidente López Obrador de que no perseguirá casos de corrupción de pasado, generaron cierta molestia entre algunos grupos, especialmente los que llevan años esperando justicia ante diversas situaciones.

Integrantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Repúblicas Mexicana han buscado que sean escuchadas sus demandas de malversación de fondos, enriquecimiento ilícito y falta de democracia sindical, contra Carlos Romero Deschamps, líder que lleva más de 25 años en el poder.

Deschamps, dijo, cuenta con un amparo que impide su aprehensión, el juez indica que no recibió confirmación de la Fiscalía General de la República (FGR) de que se siguiera un proceso en contra del líder sindical.

Consideraciones:

Líder del Sindicato desde 1993, ha tenido libre manejo de recursos generado por las #cuotas sindicales de los afiliados —más de 93 mil #trabajadores y 52 mil #jubilados—. En el proceso interno de 2017 resultó designado nuevamente para el periodo que abarca hasta 2024.
Se señala que se ha mantenido tanto tiempo en el poder sindical dados sus vínculos con el #PRI —que lo postuló como #diputadofederal en tres ocasiones y dos como #senador— partido al que le garantizaba un número de votos en cada proceso electoral.

Acusaciones: La FGR recibió de trabajadores #petroleros pruebas contra Deschamps por enriquecimiento ilícito por 150 millones de dólares.

Corrupción y desvío de fondos, se le cuestiona el estilo de vida que lleva y la adquisición de propiedades que no corresponden con sus ingresos, que se reportan de 27 mil pesos mensuales.

Desvío de fondos del Sindicato para la campaña priísta de Francisco Labastida en el año 2000, por un monto de 1,500 millones de pesos. El PRI recibió una cuantiosa multa, pero un amparo protegió a Deschamps, que no tuvo que afrontar consecuencias por el caso.
Integrantes del Sindicato —afiliados en la agrupación llamada #PetrolerosActivosenEvolución #PAE— lo acusan ante la #SEIDO de tener prestanombres, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude, extorsión, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada. La denuncia abarca a otros 11 #líderes seccionales vinculados con Deschamps. Se agrega que los dirigentes señalados también se vinculan con integrantes de los Zetas, que reciben información de los #ductos para saber en qué momento extraer el #combustible.

Inició su trabajo en Pemex como conductor, en la actualidad tiene un sueldo registrado de 27 mil pesos mensuales, con lo que no podría explicarse el estilo de vida que tienen él y sus hijos.

Integrantes de secciones del sindicato de los #estados de Tamaulipas,Tabasco, Campeche, Veracruz, Oaxaca y CDMX, se les acusa de coludirse con Deschamps para realizar maniobras de desvío de recursos del sindicato .

Se les relaciona con integrantes de la delincuencia organizada, a quienes se les da información a cambio de dinero para que puedan identificar los ductos más vulnerables y las horas en las que pueden extraer combustibles de forma clandestina.

Sus acciones presuntamente han beneficiado a empresas encabezadas por prestanombres.
Se señala que se han vendido propiedades del sindicato a familiares e integrantes del mismo, con lo que afectan el patrimonio del gremio.

Entre las acusaciones se encuentra la venta de plazas, muchas de las cuales son ocupadas de forma temporal por los que las compran, pero sin asistir a los centros de trabajo.
Se menciona que se ha dado plazas a integrantes de los Zetas, quienes, desde dentro de Pemex, conocen información para el robo de ductos.

Flores Contreras, quien tiene representación de los petroleros en las 36 secciones del país, acusó que durante la administración de Enrique Peña Nieto, no se conoció avance alguno en las indagatorias; no se tiene certeza de que hubiera algún desahogo con los datos de prueba ofrecidos hace casi dos años.

El dirigente nacional del Movimiento hizo un respetuoso llamado al Presidente de México, a que se integren los datos de prueba a las carpetas de investigación para que se turne el caso al Juez de control competente y se liberen las órdenes de aprehensión que así procedan contra Romero Deschamps y demás involucrados.
“Consideramos que existen los suficientes elementos probatorios para vincularlo a proceso.

Y seguro estamos que las acciones en esta nueva administración serán la señal clara que efectivamente se combate la corrupción en México, y se castigará a los responsables”.
Insistió “Estamos por dignificar la lucha de los trabajadores petroleros mexicanos y por la transformación del país en un México Nuevo, más justo y sin corrupción”.

Por su parte, Raúl Romero Maldonado, trabajador jubilado de la sección 34 del Frente Nacionalista de Petróleo, denunció a Romero Deschamps en 2004 ante la Procuraduría General de la República (PGR) que no procedió y en 2006 ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) por el uso de las cuotas sindicales en el marco del Pemexgate. El 15 de marzo de 2018 presentó otra denuncia por la desaparición del fideicomiso para la vivienda y el fondo laboral que suman 49 mil 850 millones de pesos.

El 15 de marzo de 2018, el trabajador del Frente Nacionalista de Petróleo Raúl Romero Maldonado volvió a la PGR, con Alberto Elías Beltrán como encargado de despacho, e interpuso una denuncia penal contra Carlos Romero Deschamps por violación sistemática a la ley interna, desaparición del Fideicomiso para la Construcción de la Vivienda (FICOLAVI), así como del Fondo Laboral Petrolero (FOLAPE), baja de percepción salarial y pérdida de derechos adquiridos en salud debido a la no intervención sindical en la falta de medicamentos, y violación a los derechos humanos fundamentales debido al incumplimiento de los estatutos, la Ley Federal de Trabajo, y acuerdos con la Organización Internacional del Trabajo.

Hace unos días Carlos Romero solicitó un amparo contra todos los jueces federales de la Ciudad de México, la Policía Federal, la Agencia de Investigación Criminal y su Policía Federal Ministerial, y de la Fiscalía General de la República para evitar ser detenido.
“Él se ampara contra la situación de que no lo vayan a involucrar con el huachicoleo. En nuestra denuncia no puede solicitar amparo porque está en proceso en el Ministerio Público. Está haciendo la investigación correspondiente con base en las pruebas que le presentamos”, aclaró tranquilo el denunciante.

“La denuncia no toca el robo de combustible porque quien tiene que hacer la denuncia por alguna situación de daño patrimonial es Pemex, el Gobierno federal. Había desvíos del combustible y era a ojos vistos. Los trabajadores no hablaban porque a quien señala algo inmediatamente lo liquidan, lo despiden”, explicó.

Al inicio de la denuncia ante la PGR se plantea: “Han sido constantes y variadas las violaciones a nuestra ley interna por parte de la representación sindical, encabezada por Carlos Antonio Romero Deschamps y demás integrantes del Comité Ejecutivo General, así como los Secretarios Generales y comités ejecutivos seccionales de las 36 secciones sindicales”.

Romero Maldonado acusó que “el sindicato tiene la obligación ineludible de defender los derechos de los trabajadores y sus estatutos sindicales. Pero hicieron lo contrario al permitir que funcionarios públicos y de la empresa participaran en las convenciones de elección y permitir que fueran ellos quienes le tomaran la protesta”.
Además exigió saber dónde están los fideicomisos y por qué los cancelaron sin hacer previa consulta a los socios sindicales.
El Fideicomiso para la Construcción de la Vivienda (FICOLAVI) era para que los trabajadores pudieran solicitar un crédito para comprar vivienda a través del mismo Pemex. Pero fue cancelado en 2004.

El FICOLAVI inició operaciones bursátiles con un monto de 272 mil millones de pesos (viejos pesos) y tras quitar tres ceros a la moneda nacional quedaría en la cantidad de 272 millones de pesos. Pero según reportes trimestrales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solo reflejó un monto de 64 millones 966 mil 239 pesos.
“En lugar de crecer, decreció, ya que presenta un saldo hasta el 10 de diciembre de 2012 de 64 millones 966 mil 239 pesos, es decir que existe un faltante por la cantidad de 207 millones 033 mil 760 pesos”, dice la denuncia.

Petróleos Mexicanos en 1997 contrató un fideicomiso denominado Fondo Laboral Petrolero a fin de sustentar financieramente el pago de las pensiones tanto del personal jubilado, como a las viudas derechohabientes, tal como mandataba el Contrato Colectivo de Trabajo.
Este fideicomiso tenía por objeto que su patrimonio se integrara con aportaciones de recursos presupuestales destinados a jubilaciones, ahorros de la empresa, la venta de activos improductivos, como el caso de los 305 millones de pesos por la desincorporación de los títulos de la Compañía Cloro de Tehuantepec en 2005.

De acuerdo con datos de la Cuenta Pública de 2002 a 2006 se realizaron las siguientes aportaciones: 10 mil 521 millones 200 mil pesos en 2002; 17 mil 447 millones en 2003; 11 mil millones en 2004; y 10 mil 675 millones en 2005. Pero Pemex lo canceló en 2006 y se dejó en reserva para ser auditado por 12 años.

“Es claramente con el efecto de evitar que se conozca lo que ha señalado la Auditoría Superior de la Federación, de los malos manejos de los recursos en este fondo”, plantea la denuncia. “En ningún tiempo ha defendido los derechos que se señalan emanados del Contrato Colectivo de Trabajo y los Estatutos Sindicales, por el contrario, siempre ha antepuesto la negociación monetaria, antes que asumir su responsabilidad sindical”, agrega.

Con información de Almomento/Francisco Medina