Oaxaca.- El fiscal general del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, estuvo el fin de semana en la Asociación de Periodistas de Oaxaca (APO) para buscar “fortalecer una alianza con las y los comunicadores”, pero no respondió las principales interrogantes que buscan acabar con las agresiones hacia el gremio y el manto de impunidad que rodea la solución de los múltiples casos.

Sin prisa, el funcionario recordó que tiene un mandato de siete años que concluyen hasta el 2024 para atender los asuntos pendientes, y de las más de 70 carpetas de investigación que tiene a su cargo por casos a periodistas agredidos, sólo habló de tres resueltos, pero ninguno de los más de 15 asesinatos que cumplen más de una década de olvido.

Durante una charla el sábado pasado, que empezó más allá del mediodía, porque llegó una hora después a la cita, el hijo del ex rector de la UABJO, Rubén Vasconcelos Beltrán, presumió que se ha llegado a tres “acuerdos reparatorios” con periodistas, dos por lesiones y uno por amenazas, y sin dar nombres (para conservar el “debido proceso”) precisó que en un caso se reparó el daño mediante el pago de 10 mil pesos en abonos.

Acompañado de sus coordinadores y personal de apoyo, aseguró también que luego del cambio de titular en la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), éste sí designado por él, tiene “todo el control” de la Fiscalía General del Estado y no se deja manipular “por nada ni por nadie”.

Refirió que en lo que va de su gestión, a través de siete agencias del Ministerio Público (MP) y 11 de la AEI distribuidas en el territorio estatal, ha judicializado el mayor número de casos contra la ley, ha detenido a todo tipo de delincuentes, como abusadores sexuales, violadores y asesinos, y ha aprobado 28 medidas de protección a comunicadoras y comunicadores.
Vasconcelos Méndez dijo que el objetivo de su visita a las instalaciones de la APO es “fortalecer las líneas de comunicación entre la FGE y las y los periodistas”, y se quejó del raquítico presupuesto que recibe, de apenas 680 millones de pesos anuales desde el año 2014, de los cuales 600 millones de pesos son para sueldos y salarios, y 80 para gastos de “operación”.

“No me importa que me saquen en espectaculares”, respondió el Fiscal General a otra pregunta, y ofreció que devolverá la escolta de seguridad con vehículo otorgada desde el primer momento a la periodista Soledad Jarquín Edgar, madre de la foto-periodista asesinada en Juchitán, María del Sol Cruz Jarquín, porque ésta no lo quería.

Al respecto, refirió que han sido detenidos dos presuntos asesinos, mientras continúa la investigación, pero desde hace diez meses los abogados de la familia Cruz-Jarquín no revisan la carpeta correspondiente.

“Si quieren mayores resultados, exijo más recursos económicos”, dijo y reconoció que hace lo que puede con lo poco que tiene, pero a pesar de ello ha reducido 13 por ciento el número de homicidios en Oaxaca en comparación con el año pasado 2018.

Aseguró que de 16 objetivos identificados como los principales capos del narcotráfico y la delincuencia organizada que operan en el territorio oaxaqueño, la FGE ha capturado a siete, entre los que mencionó a “El Oaxaco” en el Mercado de Abasto y al “Supermuñeco” en la región del Istmo de Tehuantepec, lo que no convenció que así sea.

Sin embargo, evadió respuestas de cuándo capturan a “Don Panchito”, a los políticos y/o empresarios metidos a la delincuencia organizada o por qué no paran los enfrentamientos armados entre transportistas en la ciudad. Esa es responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública, argumentó.

con información de Panorama del Pacífico