Cimacnoticias 

Oaxaca.-Las once sobrevivientes de tortura sexual en los operativos policiacos de 2006 en el Estado de México y representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob) instalaron formalmente la mesa para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), dictada en noviembre de 2018 por el caso Atenco.

El acuerdo se dio esta tarde entre funcionarios federales y del Estado de México y representantes legales de Yolanda Muñoz Diosdada, Norma Aidé Jiménez Osorio, María Patricia Romero Hernández, Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Ana María Velasco Rodríguez, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, Bárbara Italia Méndez Moreno, María Cristina Sánchez Hernández, Angélica Patricia Torres Linares y Claudia Hernández Martínez y sus familiares.

En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que representa a las once mujeres, informó que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas, afirmó que el Gobierno federal cumplirá cabalmente la sentencia y que no se revictimizará a las mujeres sobrevivientes de tortura sexual.

Después de 12 años de ser víctimas de tortura sexual, el 28 de noviembre de 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia donde responsabilizó al Estado mexicano por las violaciones a los Derechos Humanos de las once denunciantes, quienes fueron detenidas y torturadas durante los operativos policiacos de Atenco y Texcoco, en el Estado de México, en 2006.

Alejandro Encinas reiteró la disposición de cumplir la sentencia como lo dio a conocer cuando se emitió la resolución, en noviembre de 2018, 21 días previos a que Enrique Peña Nieto concluyera su investidura como Presidente de México y cuando el país pasaba por el proceso de transición para que Andrés Manuel López Obrador asumiera el poder.

Durante el litigio ante el organismo internacional el Estado mexicano propuso un plan de reparación integral que incluía eliminación de los antecedentes penales de las mujeres que fueron acusadas de algún delito, el pago de compensación, becas educativas, servicios de salud, vivienda e investigación de los hechos, entre otras medidas. No obstante, en muchos casos las medidas no fueron implementadas.

Cuando se publicó la sentencia, las once sobrevivientes valoraron el llamado de la Corte para pedir al Estado que investigara los posibles vínculos entre los responsables directos y sus superiores jerárquicos en la comisión de los actos de tortura, violencia sexual y violación sexual, debido a que varias autoridades estuvieron involucradas en los operativos.

De acuerdo con el Centro Prodh, entre los primeros acuerdos alcanzados esta tarde, el Gobierno federal se comprometió a atender los puntos relacionados con la investigación penal, medidas de no repetición y atención de salud.

En la sentencia, la Corte Interamericana pidió que los hechos de 2006 se siguieran investigando de manera efectiva, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable, para esclarecer lo ocurrido y para identificar y sancionar los distintos grados de responsabilidad, incluyendo aquellas derivadas de la cadena de mando de los cuerpos de seguridad estatales y federales.

Cabe decir que entre los funcionarios involucrados estuvieron el ex presidente Enrique Peña Nieto, quien en 2006 era gobernador del Estado de México; Genaro García Luna, entonces titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI); el ahora ministro Eduardo Medina Mora, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Wilfrido Robledo Madrid, entonces comisionado de Seguridad Pública estatal.

La sentencia del caso de las mujeres de Atenco no solo impacta en su búsqueda de justicia, también coadyuva a la creación de políticas de seguridad con enfoque de Derechos Humanos, por ejemplo, la Corte llamó al Estado a crear e implementar, en un plazo de dos años, un plan de capacitación de oficiales de la Policía Federal y del Estado de México que incluya la perspectiva de género.

De igual manera, la Corte dispuso que el Estado debería establecer al nivel federal un observatorio independiente que permita dar seguimiento a la implementación de las políticas en materia de rendición de cuentas y monitoreo del uso de la fuerza de la Policía Federal y la policía del Estado de México, dentro del cual se permita la participación de miembros de la sociedad civil.

Otras medidas ordenas por el tribunal que reconoció que las mujeres fueron víctimas de detenciones ilegales y arbitrarias,  tortura física, psicológica y sexual y falta de acceso a la justicia, fueron ofrecer atención adecuada a los padecimientos físicos, psicológicos o psiquiátricos de las once mujeres y garantizarles becas de estudio.

El Centro Prodh también destacó que el alto tribunal señaló en su fallo que se deben implementar medidas para revertir las condiciones que permiten hasta hoy la comisión de tortura sexual y represión policíaca, por lo que la sentencia contiene puntos clave que deben guiar la agenda estructural sobre Derechos Humanos.

Si hay un adecuado cumplimiento de la sentencia, el Estado tendrá la posibilidad de poner fin a la impunidad en el emblemático caso y de tomar medidas concretas para evitar que se reproduzcan tales violaciones a Derechos Humanos en otros contextos, expuso la organización en el comunicado.