La orden se dio desde el anterior 18 de julio por Marco Antonio Fuerte Tapia, que es juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte.

No significa que saldrá de la cárcel, pues actualmente se encuentra en prisión preventiva, simplemente su estado jurídico es permanecer ahí, hasta que el juez de amparo dicte su resolución en la que defina si la sentencia en la que el exgobernador sea declarado culpable es o no es apegada al derecho.

La condena supondría los nueve años de prisión, más la multa de $58,890 pesos y el decomiso de 41 inmuebles.