Durante la ceremonia realizada en el Salón Gobernadores del Palacio de Gobierno, el Mandatario Estatal reconoció que esta oportunidad que brindan las instituciones de procuración e impartición de justicia, es un derecho al que tienen las personas privadas de su libertad y que por la cuestión económica no han podido obtener su libertad.
Acompañado de la presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia –DIF- Ivette Morán de Murat y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Eugenia Villanueva Abraján, así como servidores públicos estatales, el Gobernador resaltó que mediante esta estrategia se busca despresurizar hasta en un 35% del sistema penitenciario estatal y por otro, honrar los valores de libertad y no discriminación.
“Se trata de personas de condición humilde que a partir de hoy se reintegran a la sociedad para recibir la Navidad y el año nuevo en compañía de sus familias, en un entorno de libertad, paz y calor humano”, expresó el Mandatario Estatal al tiempo de exhortar a las y los beneficiarios a incorporarse a la sociedad con deseos de superación, a ser ejemplo y orgullo para sus familias.
En su oportunidad, el director general de la Defensoría Pública, Jesús Gerardo Herrera Pérez detalló que en lo que va del año, a través de esta instancia se han brindado 70 mil servicios que representa un ahorro de 54 millones de pesos para los oaxaqueños y las mujeres.
Puntualizó que de estas asesorías 32 mil fueron dirigidas a mujeres y de ese universo 11 mil eran indígenas.
Asimismo, reconoció el respaldo del gobernador Alejandro Murat en la creación del Primer Padrón de Intérpretes Traductores en Procuración de Justicia, único en el país, donde los jóvenes estudiantes y conocedores de una lengua se van a certificar en una lengua sino también con la competencia en procuración de justicia, lo que les genera oportunidades profesionales y sobre todo de un puente de comunicación importante para las personas que requieren acceso a la defensa y justicia.
Cabe señalar que en lo que va de la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa se ha otorgado este beneficio a dos mil 779 personas indígenas y de escasos recursos, mediante una inversión de 20.9 millones de pesos.
La Defensoría Pública del Estado, coordina la atención a las personas indígenas a través de las Audiencias Penitenciarias y las estrategias legales para lograr su libertad, además de gestionar el pago de reparación del daño a las víctimas.