Oaxaca.-Organizaciones civiles llamaron a las autoridades federales y estatales a agotar las líneas de investigación correspondientes y a proteger a la periodista y defensora de Derechos Humanos, Lydia Cacho Ribeiro, quien ayer denunció que su casa, ubicada en Puerto Morelos, en el estado de Quintana Roo, fue allanada este 21 de julio.

El Colectivo Ni una menos Cancún, a través de redes sociales, manifestó que el desmantelamiento del equipo de seguridad en la casa de la defensora, el robo de información periodística y la matanza de una de las dos perras que la protegían, envía un mensaje claro: acallar la voz de la sociedad y de la prensa.

Ante los hechos este colectivo exigió a las autoridades investigar y localizar a los culpables de esta agresión y pidió que se garanticen medidas de protección para la periodista y autora de 13 libros, entre ellos “Los demonios del edén”, publicación que en 2005 reveló una red de pederastia que involucraba a empresarios mexicanos.

A su vez la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) publicó una petición en la plataforma web change.org en la que exigió a la Secretaría de Gobernación y a la Fiscalía General de la República, especialmente a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos (FEADLE) a cumplir las garantías de no repetición, garantizar la seguridad y la vida de la periodista y sancionar a los responsables de estos hechos.

Anteriormente, la Redim había señalado que el caso de la periodista también implicaba detener y juzgar a todos los implicados en las redes de trata infantil, casos denunciados por Cacho, y que pertenecen a la delincuencia organizada y están relacionadas con políticos y empresarios.

A esta exigencia se sumó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que a través de un comunicado puntualizó que la violencia contra periodistas ha obligado a muchos comunicadores a desplazarse para ponerse a salvo junto con sus familias, hasta ahora se han documento 10 casos de periodistas protegidos en el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Cacho Ribeiro, quien en ocasiones anteriores se ha visto obligada a abandonar el país por seguridad, afirmó en su cuenta de Twitter: “La verdad nadie se la roba” y aseguró que, aunque los desconocidos robaron información periodista, sus indagaciones estaban protegidas. “Mis investigaciones periodísticas están seguras fuera del país, se llevaron copias”, señaló.

El organismo recordó a las autoridades de los tres niveles de gobierno que toda afectación a la libertad de expresión constituye acciones condenables que deben prevenirse, investigarse y sancionarse.

Otra exigencia de justicia al Gobierno federal, la hizo la periodista Isabel Mejía Echarri, quien también inició una petición en change.org por medio de la cual solicitó el cumplimento de la orden de aprehensión contra el exgobernador de Puebla, Mario Marín y que se vincule a proceso a todos los involucrados en los casos de pederastia y los responsables del reciente allanamiento y robo.

Cabe recordar que en 2005 la periodista fue detenida de forma arbitraria y torturada, acusada supuestamente de difamación. Cacho denunció esta violencia y llevó su demanda ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que en 2018 condenó al Estado mexicano por su responsabilidad en el caso.

El Comité concluyó que la obligación del Estado era proporcionar a la periodista un recurso efecto realizando una investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre lo denunciado; procesar, juzgar y castigar a los responsables; ofrecer compensación adecuada y adoptar medidas necesarias para evitar que se cometieran violaciones en el futuro.

Aunque existen órdenes de aprehensión contra el exgobernador Marín Torres, los empresarios Kamel Nacif y Juan Sánchez Moreno y el excomandante Hugo Adolfo Karam, por su probable responsabilidad como autores intelectuales de la tortura en contra de la periodista, los implicados aún no han sido detenidos.