Oaxaca.- Después de un largo proceso, la madre de Luis Ángel León, defensora de derechos humanos Araceli Rodríguez Nava, acompañada de la CMDPDH ganaron en julio pasado un amparo indirecto que obliga a las autoridades competentes a continuar con la investigación de las omisiones por parte de funcionarios públicos de la Policía Federal que facilitaron la desaparición forzada de 7 policías federales.
El 14 noviembre de 2009, Luis Ángel León Rodríguez, Sargento Primero del 21/o Agrupamiento de Reacción y Alerta Inmediata de la Policía Federal recibió su oficio de Comisión y en diferentes momentos sus compañeros, la instrucción fue pasar comisionados a ocupar la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en  ciudad Hidalgo, Michoacán, sin dejar de pertenecer a Fuerzas Federal. A pesar del riesgo que implicaba, la Policía Federal se negó a brindarles seguridad y medios para transportarse a su destino. 
El 16 de noviembre del mismo año, los siete policías y un civil al que contrataron para el traslado, salieron de las instalaciones del Centro de Mando de la Policía Federal en Iztapalapa, CDMX, rumbo a Ciudad Hidalgo. 
Fue a través de las familias de los policías federales y el civil que en diferentes momentos acudieron al centro de mando preguntando por el paradero de sus familiares y la respuesta de la autoridad siempre fue “No hay alerta roja o cuando andan borrachos no se comunican con sus familias”, pasaron 6 días sin que los mandos se percataran que los policías federales nunca llegaron a su destino. 
Por medio de las audiencias posteriores a las desapariciones, se tuvo conocimiento de que los siete policías federales y el civil fueron perseguidos, interceptados, secuestrados, y desaparecidos en una gasolinería en el municipio de Zitácuaro, Michoacán por un comando armado de la “Familia Michoacana”.

Desde el inicio de las investigaciones sobre el caso de desaparición, los familiares de las víctimas han detectado múltiples irregularidades en el proceso:
La negativa de la Secretaría de Seguridad Pública Federal para proporcionar los medios de traslado y garantizar la seguridad de los elementos policiacos.
La omisión de los servidores públicos de la presidencia municipal de Ciudad Hidalgo al no avisar a sus superiores que los policías no arribaron a las instalaciones en la fecha prevista.
La omisión de las instituciones federales por no tomar acciones inmediatas para iniciar la búsqueda de sus elementos desaparecidos sino hasta días después de su desaparición.
En consecuencia, Araceli Rodríguez Nava, familiares de los seis policías federales y un civil, acompañados por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Ocho años más tarde, la CNDH emitió la Recomendación 66/2017 en la que se reconocen las diferentes violaciones a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares.

No obstante, la recomendación de la CNDH resultó desacertada al omitir el reconocimiento del delito como desaparición forzada y reduciendo los hechos únicamente a una desaparición -aún cuando constató vínculos de policías municipales y federales con integrantes de la delincuencia organizada.- Frente a las ineficiencias de la recomendación de la CNDH, la señora Rodríguez Nava interpuso un amparo indirecto, el cual fue desechado por las autoridades judiciales.

En 2015, la Procuraduría General de la República (PGR) remitió el caso a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, con el objetivo de investigar posibles delitos cometidos por integrantes de la Policía Federal en relación con la desaparición forzada de los siete policías federales y un civil. 
Tres años más tarde, en 2018, Araceli Rodríguez fue notificada por parte de la PGR la no continuación de la investigación a los servidores públicos de Policía Federal por su omisión de cumplir con su obligación de custodiar, vigilar, proteger y dar seguridad a sus elementos. En consecuencia, Araceli Rodríguez y la CMDPDH interpusieron una demanda de amparo indirecto.

La demanda de amparo indirecto fue resuelta por el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México en julio de 2019 a favor de las víctimas. El amparo obliga a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales a continuar con la investigación de los servidores públicos, para determinar el conocimiento que tenían los mandos superiores federales y el municipio de Ciudad Hidalgo, respecto a las condiciones de inseguridad y violencia del Estado de Michoacán. 
Y que al impartir las órdenes de comisión y traslado, así como de recepción de elementos policiacos, quedaron bajo su mando directo e indirecto, lo que sin duda, los obligaba a proporcionarles los medios para cumplir de modo eficaz con su labor, entre ellos, el transporte seguro a su lugar de destino.

Desde la desaparición de su hijo Luis Ángel, Araceli Rodríguez se ha visto en la necesidad de convertirse en una defensora de derechos humanos, no sólo en la búsqueda de su hijo y de los demás policías federales y el civil que fueron desaparecidos, sino también en la lucha por la justicia de otros casos de desaparición forzada que continúan sucediendo en contra de policías federales. 
Ante los diferentes procesos abiertos de exigencia en investigación, persecución y sanción de los responsables por acción u omisión, Araceli Rodríguez Nava y otros familiares de las personas desaparecidas han recibido amenazas a su vida e integridad, con el mensaje claro de dejar de investigar los hechos acaecidos el 16 de noviembre de 2009, así como el paradero de sus familiares.

El mensaje por parte de Araceli Rodríguez y de la CMDPDH es claro: continuaremos en el largo camino hasta encontrar la verdad, justicia, reparación de los daños y la no repetición por parte del Estado mexicano, haciendo retumbar el nombre de Luis Ángel León Rodríguez a cada paso.