La habilidad de Obtilia para entrelazar las palabras del tlapaneco al español han servido para relatar y documentar las violaciones cometidas en el estado de Guerrero, desde la esterilización forzada de indígenas hasta la masacre del El Charco, donde fueron asesinados 11 mixtecos en 1998.
Desde la OPIM, una organización fundada en 2002 y ubicada en Ayutla de los Libres, en el estado de Guerrero, Obtilia ha acompañado a víctimas y sobrevivientes de la violencia, en particular de los abusos cometidos por el Ejército mexicano.
Uno de los casos emblemáticos que ha acompañado es la demanda de justicia de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Catú, quienes, en 2002, en hechos diferentes, fueron violadas sexualmente por militares.
Obtilia fue traductora de ambas mujeres, quienes no hablaban español, pero que con la ayuda de la defensora consiguieron llevar su demanda hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien en 2010 condenó al Estado mexicano por su responsabilidad en estos casos de violaciones a Derechos Humanos.
Su labor para llevar las palabras de las víctimas de secuestro o familiares de personas asesinadas también hizo integrante del Concejo Municipal de Autoridades Comunitarias de Ayutla.
Junto con su esposo, sus hijas e hijo y su hermana Andrea Eugenio Manuel ha trabajado para exigir el derecho a una vida digna y libre de violencia en la montaña de Guerrero, sin embargo su trabajo también la volvió blanco de amenazas.
Obtilia ha sido objeto de amenazas, vigilancia y hostigamientos a raíz de su labor de defensa de los derechos indígenas, en particular durante 2005 cuando acompañaba a Inés, su amiga, y a Valentina.
En meses recientes, el 12 de febrero, alrededor de las 7:40 de la mañana, Obtilia Eugenio Manuel y su compañero Hilario Cornelio Castro fueron desaparecidos después de abordar un taxi colectivo en el tramo carretero Tierra Colorada-Ocotito, cuando iban hacia Chilpancingo.
Ella y su acompañante no llegaron a su destino, y cuatro días después fueron localizadas con vida, sin que se dieran más detalles, por su seguridad. Tras el incidente, ella tuvo que ser desplazada de su hogar para protegerse.
El 29 de septiembre de 2018 ella rindió protesta como integrante del Concejo Municipal de Autoridades Comunitarias de Ayutla, primer municipio en Guerrero en regirse por usos y costumbres. Eugenio Manuel asumió la responsabilidad como enlace de la Comisión de Obras Públicas, y al aparecer encontró irregularidades en el otorgamiento de obras públicas.
De acuerdo con lo relatado por Eugenio Manuel al Diario “El sur”, desconoce quiénes fueron sus captores y los motivos por los que la privaron de la libertad a ella y a Hilario, y agradeció la solidaridad de personas de la comunidad.
Por su trayectoria, el Consejo de Premiación aprobó por unanimidad otorgarle el premio y la ceremonia de entrega se llevará a cabo el día que determine el Ejecutivo Federal, según informó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
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