Oaxaca.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que las 799 instancias gubernamentales federales y estatales a las que se solicitó información estadística sobre discapacidad revelaron contar con ella, pero no desagregada, e incluso se detectaron casos en que refieren, incongruentemente que tener tal información afectaría la esfera jurídica de los 7.5 millones de personas con discapacidad en el país.
En tanto que, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo se declararon no competentes para proporcionar la información, por no contar con datos sobre el número de inspecciones realizadas a empresas para garantizar la accesibilidad laboral de las personas con discapacidad.
Por su parte, la Secretaría de Educación Pública si bien señaló que no tenía sistematizada la información sobre la matrícula de personas con discapacidad en escuelas públicas por nivel educativo, orientó para que se pudiera consultar la información de forma remota, mientras que las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Bienestar, de Gobernación y de Salud, así como el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad solo proporcionaron el monto del presupuesto asignado a programas sociales destinados a esas personas, sin precisar a qué programa en específico va dirigido.
Así lo dio a conocer el Primer Visitador General de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, al presentar, junto con la Directora General de Planeación y Análisis, Laura Gurza Jaidar, el Atlas sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que tiene por objeto realizar el seguimiento de la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a nivel nacional, mediante un Sistema Único Integrado de Información, que contempla la implementación de los principios y derechos contenidos en ese instrumento internacional, para hacer visibles las diferencias en el acceso y ejercicio de los mismos a nivel nacional.
Señaló que el entorno prevaleciente en México ha ocasionado mayor demanda de las estadísticas en general, y de las personas con discapacidad en particular, de ahí que la construcción de indicadores de discapacidad es tarea importante que debe atenderse en los
próximos años, por lo cual, la CNDH confía en que los indicadores generados en dicha investigación permitirán realizar un monitoreo sencillo y eficaz de la aplicación de la mencionada Convención.
Eslava Pérez precisó que a la pregunta de cuántas personas con discapacidad se encuentran en centros de alojamiento social por entidad federativa, en algunos estados las autoridades se declararon incompetentes sobre el tema, mientras que en otros generaron información estadística que al no estar homologada no puede ser comparable, así como que respecto a la pregunta sobre el número de personas con discapacidad que han recibido tratamiento médico- psiquiátrico, no fue posible obtener datos homologados o estandarizados que permitan hacerlos comparables ya que cada institución proporcionó datos sin criterio homogéneo de cómo clasificar a la persona.
También señaló que a la pregunta sobre si el sitio web oficial de las instituciones cumple con condiciones de accesibilidad, éstas respondieron afirmativamente, sin embargo, al contrastar sus respuestas con el indicador del mismo tema se observó que del software de evaluación de los mismos se advierten áreas de oportunidad para que esas páginas cumplan realmente con el estándar en esta materia, y respecto al cuestionamiento sobre programas para promover el derecho de las personas con discapacidad al acceso al entorno físico, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se declaró incompetente para proporcionar tal información, no obstante que es obligación de dicha dependencia implementar medidas para garantizar su accesibilidad, mientras que sobre el porcentaje de personas en esa condición que han sido víctimas de violencia, fue imposible obtener una cifra al respecto pues si bien las instituciones remitieron a diversas estadísticas, éstas fueron diseñadas desde perspectivas distintas que impiden su consolidación para su posterior comparación.
Detalló que el desarrollo de los indicadores se realizó de manera conjunta con la UNAM con el objeto de sistematizar la información sobre la observancia de los derechos de las personas con discapacidad proporcionada por distintas instancias del Estado mexicano, para contar con estadísticas oficiales georreferenciadas sobre la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, clasificada en 64 indicadores, agrupados en 9 dimensiones de análisis, los cuales permiten advertir la existencia de determinadas leyes, programas, medidas o acciones estatales, así como de fuentes estadísticas oficiales y el panorama nacional y estatal sobre el tema. Asimismo, subrayó que en la revisión normativa correspondiente se utilizaron el Sistema de Consulta de los Ordenamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Plataforma de Armonización Legislativa de la CNDH.
