Oaxaca.- Estamos en momentos difíciles en el país que demandan no perder de vista lo importante. Qué más importante que la definición de recursos para el próximo año. Cómo se distribuyan esos recursos será el reflejo de la política del gobierno federal, y la propuesta presupuestal de la presidencia pone en riesgo los avances ganados en Derechos Humanos de las mujeres.
Desde que se dieron los primeros pasos, hace 19 años, para los presupuestos etiquetados para programas a favor de las mujeres, se dijo que la voluntad política se refleja en el dinero.
Desde entonces, los movimientos feministas han vigilado que los recursos destinados para erradicar la desigualdad de las mujeres sean suficientes y susceptibles de fiscalización.
Así nace el anexo 13 del presupuesto de la Federación que aglutina los programas gubernamentales enfocados a consolidar la igualdad entre mujeres y hombres.
Lo que ahí se presupuesta refleja la prioridad política de un gobierno, ciertamente cada año se ha tenido que presionar para incrementar el presupuesto a favor de los Derechos Humanos de las mujeres ante la miopía gubernamental para dimensionar el valor de la igualdad.
Desde septiembre, Cimacnoticias alertó de la reducción presupuestal que se venía en el anexo 13. Tras la revisión de la propuesta presidencial entregada al congreso, de los 83 programas que aglutina el anexo, 26 presentan recortes para el próximo año.
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Si una mira la propuesta presupuestal del gobierno federal existe un aumento importante de recursos en el anexo, al pasar de 64 mil millones que se destinaron para este año a 100 mil millones de pesos para 2020.
El dato engaña, pues parece que hay prioridad en la erradicación de la desigualdad entre mujeres y hombres. Pero si se le rasca, encontraremos la triste realidad. Los derechos de las mexicanas no son prioridad ya que el aumento se concentra en 12 programas dedicados a la entrega directa de dinero, los cuales suman 23 mil millones de pesos de la partida.
Estamos hablando de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, “Sembrando Vida”, “Becas” para diferentes niveles educativos, y hasta el programa de “Precios de Garantía”, que no están diseñados para erradicar la desigualdad de género.
En cambio, los programas dirigidos a construir igualdad entre mujeres y hombres enfrentan recortes: 21 por ciento menos para salud materna, sexual y reproductiva, recordemos que México no ha logrado disminuir las muertes maternas desde 1990 y de acuerdo con el Observatorio de Muerte Materna para este año existe en relación a 2018, incrementos importantes en por lo menos ocho entidades federativas: Veracruz, Jalisco, CDMX, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Tlaxcala y Tabasco.
La muerte materna es considerada un indicador de la desigualdad y la violación de Derechos Humanos de las mujeres, pues concentra múltiples violaciones a éstos al acceder a los servicios de atención obstétrica y muestra la mala calidad de los mismos.
Cuando en México se asesina a nueve mujeres cada día por el simple hecho de serlo, la vida de las mujeres tendría que ser prioridad, pero no lo es para el gobierno.
Otro recorte es el programa para “Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres”, al que el Ejecutivo propone darle 267 millones de pesos para operar en 2020 cuando por lo menos requiere 417 millones de pesos.
De acuerdo con estimaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) se necesitan al menos 150 millones de pesos adicionales para afrontar las Alertas por Violencia de Género, la operación de los Centros de Justicia y para fortalecer la estructura de la Comisión de Género de la Cámara de Diputados.
Datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su Recomendación General 40/2019 “Sobre la violencia feminicida y el derecho de las mujeres a una vida violencia en México”, presentada la semana pasada, al 15 de octubre de 2019, precisan que en el país se habían solicitado 34 procedimientos de AVG en 28 estados de la República, de los cuales, 20 han resultado en declaratorias de Alerta de Género; en 10 entidades no fue declarada; y cuatro entidades se encuentran en alguna fase del procedimiento. Dos entidades tienen dos Alertas: Veracruz y el Estado de México.
La voluntad política se refleja en los dineros, recordaba yo al principio de este artículo, por eso el Ejecutivo Federal está destinando el presupuesto a sus programas de ayuda directa, a los ya existentes se suman 12 nuevos que estarán en la SEP y en la Secretaria del Trabajo y del Bienestar.
No es nuevo que en cada sexenio los presidentes busquen colocar su sello a través de los programas, el problema se concentra cuando esa priorización es a costa de la población, que en este caso son las mujeres.
Mantener la desigualdad de la población femenina como asunto menor, es dejar de entender que no habrá desarrollo posible excluyendo y manteniendo el status quo que oprime a la mayoría de la población que son las mujeres. (CIMAC Noticias)
