Oaxaca.-El líder transportista y ex diputado local del PRI en Nayarit, Carlos Saldate Castillón fue detenido al salir de su casa acusado por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y secuestro. Las investigaciones oficiales en su contra han demostrado sus vínculos con el exfiscal Édgar Veytia, sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico.
Carlos Saldate Castillón –señalado públicamente como operador político del exgobernador Roberto Sandoval– también enfrentará a la justicia local por el despojo de terrenos y propiedades de familias nayaritas a quienes torturaron para firmar documentos o escrituras públicas, de acuerdo con las denuncias integradas por la Fiscalía General del Estado.
Uno de los casos por el que Saldate fue detenido corresponde al empresario de bienes y raíces Gerardo Montoya a quien Saldate y el exfiscal Veytia despojaron bajo torturas y amenazas de una casa en Puerto Vallarta valuada en 2 millones de pesos.
En el reportaje
El fiscal que hizo de Nayarit un infierno elaborado por periodistas de Nayarit con el apoyo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el propio Gerardo Montoya reveló los detalles del caso que denunció ante la Fiscalía desde octubre del 2018. Desde entonces, hay otros 24 expedientes vinculados a las torturas ordenadas por Veytia.
En la investigación periodística, Montoya relató que la tarde del 24 de junio de 2016 fue seguido por 4 camionetas y que un personaje identificado como «Valdivia», lo llevó junto con su esposa hasta la Fiscalía donde fueron torturados por órdenes de Veytia para que, antes de concluir el día, entregaran 1 millón de pesos.
Mientras Montoya y su mujer eran golpeados, Carlos Saldate salió de una oficina para encontrarlo y recomendarle que «cooperara» y le diera a Veytia la casa de Vallarta. Saldate sabía que Gerardo Montoya tenía una vivienda en un coto privado en ese puerto por la reciente amistad entre ambos.
Montoya fue llevado a la notaría pública No.9 en Tepic donde el suplente Carlos Enrique Alfaro López dio fe del traslado de dominio. Según los abogados de la víctima, ese trámite fue ilegal, entre otras razones, por el uso de un folio o números que corresponden a las escrituras de otra propiedad.
Montoya dijo que recibió 700 mil pesos, cuando el valor real de la propiedad era de 2 millones de pesos.
«Lo peor que nos puede pasar a un ser humano (…) es que el Estado sea utilizado para ir en contra de ellas (las personas), porque quedas indefenso no hay como te defiendas», testificó.
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