Aunque la COVID-19 ha tenido un impacto en la educación de niños y niñas de todos los países, el informe muestra que los niños refugiados se han visto particularmente afectados. Antes de la pandemia, un niño refugiado tenía el doble de probabilidades de no asistir a la escuela que un niño no refugiado. Esta situación sin duda va a empeorar: muchos niños y niñas refugiados probablemente no tendrán la oportunidad de retomar sus estudios por el cierre de escuelas, las graves dificultades para pagar las tasas de matriculación, uniformes o libros, la falta de acceso a tecnologías o porque se ven obligados a trabajar para ayudar a sus familias.
“La mitad de los niños refugiados del mundo no estaban escolarizados previamente a esta situación”, ha declarado Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. “Después de todo lo que han soportado, no podemos robarles su futuro negándoles hoy una educación. A pesar de los enormes desafíos que plantea la pandemia, si se ofrece un mayor respaldo internacional a las personas refugiadas y a sus comunidades de acogida, podremos desarrollar más medios innovadores para proteger los avances fundamentales en la educación de los refugiados obtenidos durante los últimos años”.
Sin un mayor apoyo, el incremento sostenido de matriculación en escuelas, universidades y estudios técnicos y de formación profesional, que se ha ido ganando con gran esfuerzo, podría verse revertido, en algunos casos de forma permanente, poniendo en peligro los esfuerzos para alcanzar el Objetivo 4 de Desarrollo Sostenible de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos.
En unas contundentes palabras finales al informe, el Embajador de la Fundación Vodafone y de ACNUR para el Programa Escolar de Red Instantánea, Mohamed Salah, declaró: “Garantizar una educación de calidad hoy significa menos pobreza y sufrimiento mañana. A menos que cada uno ponga de su parte, generaciones de niños y niñas, millones de menores en algunas de las regiones más pobres del mundo, tendrán que hacer frente a un futuro sombrío. Pero si trabajamos en equipo, unidos como si fuéramos uno solo, podemos darles la oportunidad que se merecen de tener un futuro digno. No la perdamos”.
Los datos del informe de 2019 se basan en las estadísticas de doce países que acogen a más de la mitad de los niños y niñas refugiados en el mundo. Aunque la tasa bruta de matriculación en enseñanza primaria es del 77%, solo el 31% de los jóvenes está matriculado en secundaria. A nivel de educación superior, solo el 3% de los jóvenes refugiados han podido matricularse.
Estas cifras están muy por debajo de los promedios mundiales, no obstante, reflejan un avance. La matriculación en enseñanza secundaria aumentó en decenas de miles de niños refugiados, lo que supone un incremento del 2% solo en 2019. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 amenaza ahora con malograr este y otros avances cruciales. La amenaza que pesa sobre la escolarización de las niñas refugiadas es especialmente preocupante.
Las niñas refugiadas ya tenían un menor acceso a la educación que los niños y tienen la mitad de probabilidades de continuar sus estudios en educación secundaria. Partiendo de los datos de ACNUR, el Fondo Malala ha estimado que, como resultado de la COVID-19, la mitad de todas las niñas refugiadas que cursan estudios de secundaria no regresarán a clase cuando las escuelas reabran este mes de septiembre. En los países donde la tasa bruta de matriculación de las niñas refugiadas en secundaria ya era inferior al 10%, todas las niñas corren el riesgo de abandonar sus estudios definitivamente, una predicción alarmante que tendría un impacto en las generaciones venideras.
“Me preocupa especialmente el impacto en las niñas y jóvenes refugiadas. La educación no solo es un derecho humano, sino que la protección y los beneficios económicos para las niñas refugiadas, sus familias y sus comunidades educativas son evidentes. La comunidad internacional simplemente no puede permitirse el lujo de no brindarles las oportunidades que se derivan de la educación”, dijo Grandi.
La adaptación a las limitaciones impuestas por la COVID-19 ha sido especialmente dura para el 85% de las personas refugiadas que viven en países en desarrollo o menos desarrollados. Teléfonos móviles, tabletas, ordenadores portátiles, buena conectividad, o incluso los aparatos de radio, con frecuencia no se encuentran fácilmente disponibles para las comunidades desplazadas.
ACNUR, los gobiernos y los socios están trabajando sin descanso para cubrir los déficits críticos y garantizar la continuidad de la educación de las personas refugiadas durante la pandemia a través de la enseñanza digital, la televisión y la radio, y ayudando a los profesores y cuidadores para que puedan apoyar e interactuar con los estudiantes, respetando al mismo tiempo las medidas sanitarias.
El informe pone de manifiesto cómo las familias, las comunidades y los gobiernos están trabajando para brindar acceso a la educación a los niños y niñas refugiados. De este modo, se muestran buenos ejemplos de gobiernos que han legislado sobre el derecho de los niños refugiados a asistir a las escuelas públicas, con testimonios de Ecuador e Irán. La innovación digital también se pone de relieve con el ejemplo del Ministro de Educación de Egipto, así como mediante la historia de una familia que vive en Jordania y se beneficia de la transición al aprendizaje online. Dado que más de la mitad de las personas refugiadas en el mundo viven en entornos urbanos, la importancia de las ciudades en la acogida de los refugiados se pone de relieve con la entrevista a la alcaldesa de Coventry, en Reino Unido, quien comparte las medidas puestas en marcha en su ciudad para favorecer la inclusión de niños y jóvenes refugiados en la ciudad, una cuestión de mero sentido común en su opinión.
El informe apela a los gobiernos, al sector privado, a la sociedad civil y a otros actores clave a unir fuerzas para encontrar soluciones que refuercen los sistemas educativos nacionales y se vinculen con itinerarios educativos certificados, y para asegurar y salvaguardar una financiación sostenible para la educación. El informe concluye que, si no se adoptan ese tipo de medidas, corremos el riesgo de producir una generación perdida de niños y niñas refugiados privados de una educación.
Los riesgos que pesan sobre la educación de los refugiados no se limitan a la COVID-19. Los ataques contra escuelas son una triste realidad que va en aumento. El informe pone también el foco en la región africana del Sahel, donde la violencia ha obligado al cierre de más de 2.500 escuelas, poniendo en riesgo el acceso a la educación para 350.000 estudiantes.
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