Por Anayeli García Martínez/ CimacNoticias
Oaxaca.- Durante la fase 1 y 2 de la epidemia de COVID-19 en México, se registraron 29 casos de violencia contra mujeres periodistas, 7 de ellos relacionados directamente con la cobertura de la crisis sanitaria.
El Programa de Libertad de Expresión y Género, de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), documentó que las periodistas han sido atacadas y estigmatizadas por indagar sobre el actuar de las autoridades de salud en la atención de la pandemia.
El análisis de CIMAC muestra que entre marzo y el 21 de abril, durante la fase 1 y de la 2 de la emergencia, los estados donde se registraron más ataques fueron la Ciudad de México con 10; Veracruz con 4; y Puebla y Oaxaca con 3 cada uno.
La responsable del Programa de Libertad de Expresión y Género de CIMAC, Adriana Ramírez Vanegas, explicó que de los 29 casos, en 14 se documentó violencia ejercida por servidores públicos: 7 de carácter municipal, 4 estatales y 3 federales.
La violencia contra las informadoras fue desde bloqueo informativo y despojo de material (en 14 casos) y agresiones físicas (11 casos) hasta amenazas e intimidación (8 casos), por ejemplo, servidores públicos las acusaron de alarmar a la población por informar sobre el COVID-19.
Entre los casos registrados está el feminicidio de Maria Elena Ferral Hernández, periodista del Diario Xalapa, en el estado de Veracruz, quien el 30 de marzo fue atacada a balazos cuando se dirigía a su auto. Ella falleció horas después a consecuencia de las heridas.
La también fundadora del portal digital de noticias “Veracruz Quinto Poder”, recibió amenazas por su trabajo de investigación y denuncia de actos de corrupción en el ámbito político en su estado.
De acuerdo con Ramírez Vanegas, durante la pandemia se ha desdibujado el deber del Estado de proteger a periodistas y la libertad de expresión y de garantizar el derecho a la población de estar informada.
Las personas encargadas de investigar e informar deben ser protegidas, señaló, porque son el puente entre el Estado y la sociedad y quienes en este momento de emergencia también se exponen, en su salud, al acudir a conferencias, protestas, hospitales o puntos de interés, pero además por indagar y enfrentar violencia de agentes estatales.
La investigadora enfatizó que si bien en el país históricamente la prensa ha sido atacada, en el caso de Maria Elena Ferral Hernández no hubo una actuación preventiva ni de atención del crimen.
Hoy, agregó, las periodistas siguen siendo amenazadas e intimidadas para dejar de realizar su cobertura o investigación periodística, aun cuando es importante contar con información durante la pandemia. Las informadoras, destacó, han sido víctimas de campañas de criminalización, que desligitiman su labor o que reproducen discursos discriminantes y misóginos.
Ramírez Vanegas también destacó el incremento de la desinformación y noticias falsas y señaló que si bien es necesario apelar a la responsabilidad de comunicadores, medios y empresas de internet para difundir información tendenciosa o falsa, éste no puede ser pretexto para atacar a quienes están difundiendo información veraz.
El Programa de Libertad de Expresión y Género llamó a garantizar el Derecho Humano a la información, proteger el trabajo que hacen las periodistas, comunicadoras y colaboradoras en medios de comunicación durante esa crisis sanitaria.
Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han manifestado su preocupación por las violaciones a la libertad de expresión y restricciones al derecho a la información a raíz de las medidas establecidas por los Estados de la región en el marco de la respuesta a la pandemia.
En este contexto, Adriana Ramírez recordó que las y los periodistas cumplen una función crucial en un momento de emergencia, la de informar a la ciudadanía y monitorear las acciones que emprende el gobierno.
