Presentan Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía

A pesar de que en los hechos los pueblos siguen construyendo su autonomía, a través del autogobierno, la aplicación de los sistemas normativos propios y el respeto a la integridad de sus territorios, vemos día con día a gobiernos, empresas y el crimen organizado atentar contra las estructuras tradicionales de toma de decisión; invadir los territorios con proyectos de muertes, por medio de la violencia, la corrupción y falsas consultas; dividir el tejido comunitario y atacar y criminalizar a comunidades, organizaciones y defensores/as indígenas. Este tipo de incidentes se agrava en momentos donde la pandemia ya cobra vidas al interior de las comunidades por la falta de servicios básicos para su atención.

1. Al Presidente, López Obrador, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y al Congreso de la Unión impulsar la reforma constitucional a la que se habían comprometido, que busca reconocer los pueblos y comunidades como sujeto de derecho público y garantizar de forma efectiva sus derechos a la libre determinación, a la autonomía, al territorio y a sus formas propias de desarrollo y de aplicación de justicia, entre otros derechos.
2. Al Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión derogar las distintas formas de despojo legal de los territorios indígenas, vigentes en las leyes energéticas y la Ley Minera, debido al carácter preferente de estas actividades y las figuras de ocupación superficial; así como promover una nueva Ley de Aguas, con apego a derechos y al respeto de los sistemas comunitarios, y una Ley de Prohibición de la Fracturación Hidráulica (fracking) 
3. A los gobiernos y congresos de Guerrero, Michoacán y Oaxaca aprobar las reformas en las constituciones y leyes locales para el pleno respeto y garantía del autogobierno y los sistemas normativos y de seguridad propia, promovidas por pueblos y comunidades en estos estados.
4. A la Secretaría de Gobernación, a los Órganos de Seguridad, Procuración y Administración de Justicia y a los Organismos Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos implementar medidas y sanciones efectivas que aseguren a comunidades, organizaciones y defensores/as el ejercicio pacífico de su labor de derechos humanos y no ser víctimas de agresiones y actos de criminalización.