Estudian la violencia de género en el México del porfiriato

Oaxaca.-En el contexto de la contingencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19, las denuncias por violencia doméstica a nivel mundial se han incrementado, revelando la indefensión que padecen miles de mujeres en pleno confinamiento. Al respecto, una amplia investigación sobre la violencia de género en el México del porfiriato, coordinada por la historiadora Soledad González Montes, revela la persistencia de estos atavismos a más de un siglo de distancia.

La profesora e investigadora de El Colegio de México (Colmex), dio los pormenores de este análisis, en su participación en el Diplomado Historia del Siglo XX Mexicano, organizado por

el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a través de la Dirección de Estudios Históricos, cuya 14ª edición se desarrolla bajo una perspectiva de género, disponible para todo público, los miércoles, a las 17 horas, por el canal de INAH tv en YouTube.

En la videoconferencia, transmitida como parte de la campaña “Contigo en la Distancia”, de la Secretaría de Cultura, la especialista explicó que la indagación parte de los expedientes del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tenango del Valle, que tenía la más alta población del Estado de México en aquel momento: los últimos 30 años de la dictadura de Porfirio Díaz.

Se revisaron mil 283 expedientes, correspondientes a los lustros de 1880, 1885, 1890, 1895, 1900, 1905 y 1910, de los cuales se seleccionaron casi 200. De los casos, 80 correspondían a denuncias de heridas, infligidas por hombres contra mujeres, 24 a heridas entre mujeres, 29 a casos de delitos sexuales, 25 a demandas por adulterio, 35 a robos cometidos por mujeres o contra ellas, y cinco a casos de asesinatos de mujeres.

Las denuncias fueron interpuestas por mujeres que realizaban tareas agrícolas en casi todas las etapas del cultivo; por casadas y viudas que vendían en tianguis; por las que elaboraban artesanías; trabajaban como sirvientas, molenderas, lavanderas o costureras, parteras y/o curanderas.

En su mayoría eran indígenas. Al respecto, la doctora en Geografía e Historia de América por la Universidad Complutense, de Madrid, España, señaló que Tenango del Valle reflejaba en la composición de su población (60% indígena, 25% mestiza y 14% blanca), las brechas abiertas por el gobierno porfirista que, con la desamortización de los bienes comunales, profundizó las desigualdades económicas –y los enconos– en las comunidades campesinas.

Una decena de haciendas ocupaba el 20% del territorio, las cuales empleaban a gran número de peones y jornaleros.

Soledad González detalló que, conforme a la legislación, las mujeres tenían igual derecho que los hombres a presentarse ante las autoridades para exponer sus demandas, pero en la práctica enfrentaban más obstáculos: contaban con menos recursos y tiempo para desplazarse hasta el juzgado.

“Si el ofensor era un miembro del grupo doméstico, la ofendida debía tener en cuenta los efectos del encarcelamiento sobre la economía familiar, por lo que eventualmente los perdonaban. Con respecto a los delitos sexuales, el procedimiento habitual consistía en asentar la existencia del delito, para luego liberar al acusado por falta de pruebas”, dijo la fundadora del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género, del Colmex.

Tres cuartas partes de la violencia masculina ejercida contra las mujeres, registrada en los expedientes, consistía en heridas y lesiones producidas por el marido. La mayor parte de los agresores tenía entre 20 y 40 años de edad; la mayoría de las agredidas tenían entre los 16 y 36 años. Cerca del 40% de las mujeres que sufrieron heridas que tardaron más de 15 días en sanar, tenían más de 35 años.

“Concluimos que mientras una mujer tuviera pareja, estaba expuesta a la violencia física. Exponían haber sido golpeadas por sus maridos tras quejarse de sus borracheras o infidelidades; mientras ellos argüían que sus parejas ‘faltaban a sus obligaciones’. Asimismo, los celos masculinos (fundados o infundados) eran una de las principales causas de las golpizas.

En tales casos –abundó–, aunque todos los médicos legistas comprobaron las lesiones producidas por violación, en los archivos solo se encontró un castigo a un muchacho de 14 años que violó a su vecina, una niña de 6 años. La sentencia se debió a que el joven confesó su culpabilidad, lo que no ocurría en el resto de las denuncias.

El Código Penal del Estado de México y las sentencias de los jueces de primera instancia mostraron que se castigaba con mayor severidad los delitos contra la propiedad que los que atentaban contra la integridad de las personas: un “atentado al pudor” (intento de violación) se saldaba con 30 días de cárcel, la misma pena con que se castigaba el robo de mazorcas por valor de un peso.

“La mayor parte de la violencia masculina tenía el propósito de imponer y refirmar su autoridad, controlar a las mujeres y castigar su desobediencia. Una parte de las mujeres se resistió denunciando las agresiones ante las autoridades, no estaban dispuestas a permanecer pasivas y, en lo posible, trataban de mejorar su situación, en condiciones bastante adversas.

“También podemos interpretar como formas de rebeldía o inconformidad, que ellas se fugaran o fuera ‘retogonas’ o, incluso, que trataran de manipular por medios mágicos, la realidad adversa, como en el caso de las que aparecen en los libros de expedientes acusadas de ser brujas o de que habían contratado los servicios de estas”, concluyó Soledad González Montes.