En contextos como Oaxaca la violencia feminicida se agrega como otro factor que limita el derecho a la educación de cientos de niñas y mujeres, quienes deberán enfrentarse a esta situación poniendo en riesgo su vida al salir de casa para educarse. Ya sea en la calle del barrio o en la comunidad, en el transporte colectivo o el salón de clases, las mujeres son sexualmente agredidas tanto en espacios públicos como institucionales, pues de acuerdo con los registros que realiza Consorcio para el Diálogo Parlamentario Oaxaca encontramos que del total de agresiones cometidas contra mujeres en lo que va de este gobierno -1988 casos- 94 son o eran estudiantes en el rango de los 03 a los 24 años de edad: 17 fueron víctimas de delitos sexuales, 14 de feminicidio y 57 de desaparición. De éstas últimas, tan sólo 9 han sido localizadas. Cabe señalar que 83% de las estudiantes desaparecidas se ubican entre los 14 y 19 años de edad.
En el marco del Día del Estudiante a celebrarse el próximo 23 de mayo, las cifras nos alerta sobre la situación que las estudiantes viven; comienzan por ser víctimas de hostigamiento y abuso sexual por parte de profesores, vecinos, novios, parejas, taxistas y/o desconocidos, hasta el punto de ser desaparecidas o asesinadas por razón de género, sobre todo en contextos donde la violencia feminicida presenta y ha tenido un incremento alarmante en lo que va de esta administración[1], lo cual denota que las acciones gubernamentales en todos los niveles han sido insuficientes para erradicarla, a pesar de que el mecanismo establecido en la Declaratoria por Alerta de violencia de Género -activa desde 2018 en 40 municipios de la entidad- señala que ante un caso de feminicidio se pueda generar una reacción-acción-inmediata, articulada en los tres niveles de gobierno y los tres poderes, ejecutivo, judicial y legislativo, a fin de implementar un plan de intervención y un seguimiento desde el enfoque de género a todas las denuncias que realizan las víctimas de violencia feminicida.
Por otra parte, la falta de seguimiento por parte de autoridades locales y regionales a las denuncias que realizan las familias de las víctimas, ya sea por el delito de desaparición, el cual que está previsto por el artículo 348 Bis D del Código Penal para el Estado de Oaxaca, o por el de hostigamiento sexual, previsto y sancionado por el artículo 241 Bis en el mismo documento, dificulta el acceso a la justicia que en muchos de los casos, provoca el desgaste emocional y económico de las familias de las víctimas. Además, implica que las mujeres se vivan en constante miedo e inseguridad por el temor de convertirse en una cifra más dentro de los registros de agresiones sexuales cometidos contra ellas, pues no sólo se les arrebata el derecho a la educación, sino el de tener un proyecto de vida pleno que les garantice el acceso a una vida libre de violencia por el solo hecho de ser personas.
Por ello, desde Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca exigimos:
Al Gobierno del estado de Oaxaca:
Instituciones educativas:
A la sociedad en general:
[1] La violencia feminicida en la entidad se ha incrementado en más de un 400% -respecto a la administración anterior- durante el gobierno de Alejandro Murat. Disponible en: https://violenciafeminicida.consorciooaxaca.org.mx/
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