La población con alguna discapacidad presenta altos niveles de pobreza y mayores dificultades para ejercer plenamente sus derechos sociales en comparación con otros grupos de población, de acuerdo con los resultados de la medición multidimensional de la pobreza de 2018 realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), donde se muestra que el 48.6% de este grupo de población se encontraba en situación de pobreza y el 9.8% en pobreza extrema.
En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el CONEVAL comparte algunos datos sobre el ejercicio de los derechos sociales de este grupo de población.
En la metodología multidimensional de la pobreza del Consejo, una persona con discapacidad es aquella que manifiesta tener alguna dificultad para desempeñar sus actividades cotidianas como caminar, moverse, subir o bajar, ver, hablar, oír, vestirse, bañarse o comer, poner atención o alguna limitación mental.
Educación En 2018, el 46.9% de la población con discapacidad presentaba rezago educativo, mientras que en 2010 el 58.5% se encontraba en esa situación.
La falta de adaptación de los servicios educativos, tanto en infraestructura como en materiales y personal capacitado, así como insuficientes apoyos para garantizar el acceso a la educación, han generado que parte de esta población no pueda disfrutar con equidad el derecho a la educación frente a las personas sin discapacidad, lo cual amplía las brechas de asistencia a la escuela conforme aumenta el nivel educativo, de acuerdo con el Estudio
Diagnóstico del Derecho a la Educación 2018, elaborado por el CONEVAL. Salud Las personas que padecen alguna condición discapacitante presentan una mayor demanda de asistencia sanitaria y necesidades insatisfechas en este ámbito.
Dependiendo del grupo y el contexto, pueden experimentar mayor vulnerabilidad a enfermedades prevenibles, según el Estudio Diagnóstico del Derecho a la Salud de 2018.
En la medición multidimensional de la pobreza de 2018, el 12.4% de las personas con discapacidad no tenían acceso a servicios de salud, mientras que en 2010 el porcentaje de población con esta carencia se ubicaba en 30.2%.
Alimentación La carencia por acceso a la alimentación en la población con discapacidad pasó del 34.6% en 2010 a 27.8% en 2018, ubicándose como uno de los grupos de población con mayor prevalencia de esta carencia, solo por debajo de la población indígena.
Seguridad Social Entre los principales objetivos de los esquemas de seguridad social se encuentra ofrecer a las y los trabajadores protección económica y de salud ante la discapacidad, de acuerdo con la Evaluación Estratégica de Protección Social en México de 2018.
Con base en la medición multidimensional de la pobreza, en 2010 el 49.5% de esta población reportó carencia por acceso a la seguridad social, registrándose una disminución en 2018 al pasar al 41.2%.
Vivienda Respecto a la carencia de calidad y espacios de la vivienda, el 9.4% de la población con discapacidad presentaba esta carencia en 2018, mientras que en 2010 era de 12.5%.
Si bien es cierto que disponer de una vivienda construida con materiales sólidos y que protejan adecuadamente a sus habitantes y que no se encuentren en hacinamiento son elementos indispensables, la disposición de servicios básicos tiene un fuerte impacto en las actividades que los integrantes del hogar pueden desarrollar dentro y fuera de ella.
En lo que corresponde a acceso a los servicios básicos en la vivienda, el 22.8% de esta población tenía esta carencia en 2018, mientras que en 2010 fue de 25.1%. Recomendaciones generales El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018 señala algunas recomendaciones para atender a este grupo de población.
• En materia de educación es necesario garantizar que las instalaciones cuenten con mobiliario y materiales para personas con discapacidad, así como explorar alternativas para incrementar su inclusión escolar y la conclusión de sus estudios.
• En seguridad social se recomienda establecer una pensión universal de invalidez para discapacidad total financiada con impuestos generales; integrar la pensión universal de invalidez para discapacidad total y verticalmente al Seguro de Invalidez y Vida de la seguridad social; canalizar mayores recursos y esfuerzos en materia de prevención, capacitación y rehabilitación y reincorporación laboral en caso de discapacidad.
Consulta más datos sobre este grupo de población y el ejercicio de sus derechos sociales en los Estudios Diagnósticos de los Derechos Sociales https://bit.ly/2PrjME1 y en el Anexo Estadístico de la medición multidimensional de la pobreza 2018 https://bit.ly/35DyONS --o000o
