Angélica Jocelyn Soto Espinosa/ Cimacnoticias

Oaxaca.- México presume a otros países su política exterior feminista, pero desde 2019 la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (Segob) no tienen ningún programa con acciones para mujeres en contextos de migración, incumplen los tratados internacionales en esta materia y favorecen acuerdos binacionales que violan los Derechos Humanos. En ello coinciden especialistas de organizaciones civiles que acompañan a migrantes en México y países colindantes, y mujeres y niñas en tránsito por nuestro país, y solicitudes de información a la SRE, la Segob y el Instituto Nacional de Migración (INM). 

Otros países del norte global, como Francia, Canadá, Noruega y Suecia, tienen una política exterior “feminista” basada en acciones de protección para las mujeres y las niñas migrantes y refugiadas. La política mexicana, sin embargo, no incluye a este grupo sino que se centra en elevar el “liderazgo” de las mujeres al interior de la dependencia y en espacios internacionales. 

La SRE aseguró que la política “feminista” de México se distingue de otros países por transversalizar los Derechos Humanos y el género en todas las áreas de la política exterior, sin embargo Cimacnoticias constató en un documento enviado por la cancillería (que puedes consultar aquí), que carece de una estructura programática formal, lo que hace imposible evaluar sus resultados.

Su coordinación quedó a cargo de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, de la SRE, (encabezada por Martha Delgado) cuya función es el diseño e instrumentación de la política exterior de México, la cooperación con el sistema internacional de DH y el diálogo con organizaciones de la sociedad civil.

Sin embargo, para la elaboración de esta política la SRE no consultó a ninguna organización civil que trabaja con mujeres migrantes en México y que en años anteriores impulsaron varias políticas en materia migratoria y DH. Cuando las organizaciones presentaron críticas y propuestas directas al canciller por este plan, fueron ignoradas y las puertas se cerraron para ellas. 

La directora general de Formación y Capacitación (FOCA A.C) y coordinadora de la Red Nacional Mesoamericana Mujer, Salud y Migración (integra por 25 colectivos de México, Honduras, Guatemala y El Salvador), Diana Damián, relató que luego de hacerse pública la política feminista, la delegación de la SRE en Chiapas reunió a un grupo muy reducido de organizaciones civiles para mostrarla. En esa reunión, la defensora les criticó que no tenía fundamento, plan de acción, estrategias feministas o redes de aliadas que pudieran monitorearla. “Es sólo un discurso”, les dijo. 

De acuerdo con Damián, los funcionarios argumentaron que pasaría del discurso a la práctica después. Lejos de abstenerse de presentar una política no acabada, la SRE la presentó en Quito, Ecuador, durante una reunión del Pacto Global para una Migración Segura y Ordenada, uno de los foros de más alto nivel en la materia. Damián expresó ahí que era irresponsable que a nivel internacional promuevan una posición feminista cuando el gobierno federal no comparte esa visión. 

En otros encuentros, la defensora solicitó directamente a Marcelo Ebrard Casaubón que garantice espacios exclusivos para mujeres en las estaciones migratoria para evitar violaciones y que deje de detenerlas, pero la política “feminista” no alcanzó para ello. Por el contrario, esta administración, dijo Damián, se ha caracterizado por no tener puentes de diálogo reales entre sociedad civil y cancillería. “El gobierno hizo de lado a la sociedad civil y no tomó en cuenta todo el bagaje que se traía de años anteriores”.  

La política exterior feminista “es muy discursiva. Han tomado estas palabras para posicionarse a nivel internacional como un gobierno de avanzada, pero no es cierto”. Damián explicó que, con base en los 80 acompañamientos jurídicos y psicológicos que actualmente hacen a mujeres migrantes en el sur del país, se puede constatar que México no cuenta con una estrategia o un plan de acción para ellas. 

Por su parte, la coordinadora de política pública del no gubernamental Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Berenice Valdez Rivera, criticó que los gobiernos se autoproclamen feministas. “Tiene que haber toda una lucha, líneas rectoras más allá de la incorporación de la perspectiva de género en políticos. Se tiene que ver traducido en la población, en la igualdad social y en el acceso a derechos, y todos eso son números rojos en México. La verdad es un absurdo, suena a burla”.

Valdéz confirmó que ninguna organización fue invitada a participar en el proceso de elaboración de esta política y, en su caso, nunca se les presentó de manera particular. “Lo que nos parece extraño porque nosotras hemos participado en procesos internacionales y recibimos noticias de la cancillería, pero jamás recibimos un aviso previo sobre esta política hasta que se anunció mediaticamente”, precisó. 

Antes de que se presentara la propuesta, Imumi buscó a cancillería para hablar sobre cómo la movilidad y los acuerdos internacionales con EU y Centroamérica impactaban negativamente la vida de las mujeres, pero “hemos encontrado puertas cerradas”. No hemos podido tener una sola reunión con la subsecretaria (Martha Delgado). Hemos sentido que se han cerrado canales que antes sí había. Ni en lo que ellos llaman política feminista ni de migración hemos podido incluir nuestras propuestas”, declaró la experta. 

De acuerdo con Valdéz, Imumi ha hecho llegar sus propuestas de política pública al Subsecretario de DH, Población y Migración, Alejandro Encinas, a Martha Delgado, al subsecretario de América del Norte, al consejo Consultivo de Migración y al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), pero no han tenido ninguna devolución ni se han incorporado las propuestas.

Andrés Manuel Obrador asumió la presidencia de México en diciembre de 2018, apenas un mes después de que llegaran a México éxodos masivos de personas migrantes, especialmente mujeres embarazadas, con sus familias, adultas mayores, adolescentes y menores de edad que atravesaron de manera irregular y colectiva la frontera sur del país.  

Exactamente en esa fecha se venció la vigencia del Programa Especial de Migración (PEM), la única política migratoria que planteaba objetivos y acciones específicas para cada dependencia de gobierno a favor de las mujeres migrantes. El programa contenía líneas de acción específicas para, por ejemplo, impulsar acciones afirmativas que garanticen a las mujeres migrantes obtener documentos migratorios con independencia de su pareja; implementar un protocolo específico para la repatriación segura y ordenada de mujeres, niñas, niños y adolescentes mexicanos no acompañados; o asegurar la atención médica a mujeres migrantes víctimas de violencia sexual y a migrantes embarazadas durante su tránsito por México.

Valdez Rivera, de Imumi, explicó que la propuesta de sociedad civil era que la administración de López Obrador retomara en un programa reforzado los pendientes que dejó la administración pasada con el PEM, para el cual sólo se cumplió con algunas adecuaciones legislativas o marcos normativos, principalmente porque no tenía presupuesto, la autoridad local actuaba a discreción y los indicadores no eran de impacto. 

Para ello, explicó Valdéz, las organizaciones se reunieron desde el inicio de la administración con la Unidad de Política Migratoria, que forma parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Segob, quien por ley está a cargo de la política migratoria. 

La Unidad organizó tres foros para revisar la política migratoria, pero no invitó a la sociedad civil. Imumi acudió a uno de esos foros en Tijuana y observó, de acuerdo con Valdéz, que no hubo seriedad ni transparencia. El gobierno dejó de comunicar a Imumi sobre este proceso y más tarde supieron que ahora habría un Programa de Política Migratoria. Imumi propuso hacer un grupo con organización civil y gobierno para conocer el contenido, pero la unidad no las volvió a recibir. 

“Creemos que con esta administración se ha debilitado la rendición de cuentas: no es posible hacer un monitoreo, no hay información básica de correos electrónicos y números telefónicos de funcionarios y las páginas están desactualizadas. Cuando pedimos información vía transparencia nos hacen llegar presentaciones PPT en PDF con información somera, no es una información de planeación de una administración pública”, criticó la experta.  No sólo no hay programas, tampoco hay recursos para la atención de las mujeres. El gobierno federal quitó del presupuesto público el programa 3X1, que era para apoyo comunidades a migrantes. 

Al inicio de la administración morenista, las expertas también pidieron que hubiera una reestructura entre las dependencias y que se le diera más vinculación jurídica a la Unidad de Política Migratoria para que la actuación del INM se apegara a los programas, pero eso tampoco se hizo. 

“Es claro que en esta administración quien ha asumido la batuta y la política de facto en migración es Cancillería y Presidencia, y Gobernación no está haciendo realmente ningún papel más que el operativo violatorio de DH que hace el INM”, declaró Valdéz.

México no tiene un marco de política pública paras las mujeres en la migración el peor momento, ya que nunca antes había albergado a diferentes grupos de personas migrantes como hasta ahora. Además de las caravanas migrantes que siguieron llegando al país hasta antes de la pandemia, México aceptó recibir a las personas solicitantes de refugio en EU y, durante la contingencia sanitaria nuestro país empezó a recibir deportaciones de personas no mexicanas. 

Esta relación bilateral que ha hecho México con EU ha ido en contra de los DH de las migrantes, ya que, de acuerdo IMUMI, muchas solicitantes de asilo en EU viven en condición de indigencia en los estados del norte del país sin posibilidades de acceder al empleo por su solicitud; asimismo, el resto de las mujeres migrantes, incluyendo mexicanas deportadas, no pueden acceder a los programas sociales por falta de documentos de identidad y los rezagos en el tiempo de respuesta para acceder a la condición de refugiada. 

“Las mujeres migrantes olvidadas en la programática nacional como en los programas existentes generales en los que deberían estar incluidas”, explicó Valdéz, quien detalló que sus propuestas que el gobierno federal se niega a recibir e incluir no son más que acciones para cumplir con lo que ordenan los tratados vinculantes sobre derechos de las mujeres y migrantes, como la CEDAW, a México. Paradójicamente, cumplir estos tratados es el primer objetivo que tiene la política exterior “feminista”.

Entre los únicos cuatro puntos que describe la política exterior feminista sobre servicios consulares para las mujeres, está la llamada Ventanilla Integral de atención a la Mujer, que adoptó la SRE desde 2017, pero de acuerdo con ambas expertas consultadas, las mujeres migrantes y las promotoras con las que trabajan no las conocen. 

En marzo pasado, Cimacnoticias conversó con dos familias, una de Honduras y otras de El Salvador, cuando fueron liberadas de la Estación Migratoria en Comitán, Chiapas. Las familias estaban integradas principalmente por mujeres de diferentes edades que iban desde adultas mayores hasta niñas. Todas ellas se vieron presionadas para salir de sus países por hechos de violencia que impactaron directamente sus vidas, como el asesinato de un integrante de sus familias.

Las familias, evidentemente afectadas emocionalmente, relataron que fueron detenidas de manera intimidatoria por la Guardia Nacional. Esto produjo estrés en las y los niños que iban con ellas. Contrario a lo que marca la ley, las familias enteras, incluyendo a las menores de edad, fueron recluidas en una estación migratoria. Las y los niños relataron que enfrentaron hambre, porque no recibieron una alimentación adecuada. También se contagiaron de una gripe y les dio un sarpullido producido por dormir en colchonetas sucias. 

Si bien las personas no deben permanecer más de siete días, de acuerdo con datos obtenidos vía transparencia, en diciembre de 2019 hubo decenas de mujeres, principalmente hondureñas, que pasaron hasta 150 días en las Estaciones Migratorias. En dos casos, las mujeres permanecieron 250 días.

Cimacnoticias buscó a la SRE para que explique cuáles son sus acciones para la atención a las mujeres migrantes, pero nos remitió al INM.