Oaxaca.- El día de ayer, en el marco del 176º Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Front Line Defenders, las organizaciones que componen el Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), participaron, en una reunión bilateral con la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño para abordar la situación de la defensa de derechos humanos y libre expresión en México a partir de la pandemia por COVID19.

En el espacio, las organizaciones denunciaron que la situación de riesgo que enfrentan las personas que defienden derechos humanos en México se ha agravado a raíz de las medidas de atención a la pandemia implementadas por el Gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios frente a la pandemia por COVID-19. En particular, se refirieron a la situación de mujeres defensoras y de la población LGBTIQ+; así como de personas defensoras de la tierra y el territorio, personas defensoras criminalizadas y privadas de libertad, de quienes acompañan a la población migrante, a los riesgos que enfrentan periodistas y comunicadores; y a la situación de familiares de personas desaparecidas o víctimas de violaciones de derechos humanos.

De acuerdo con información documentada por las organizaciones, desde el inicio de la contingencia, al menos 10 personas defensoras han sido asesinadas (4 de ellas mujeres y dos periodistas) y se ha reportado la criminalización de tres defensoras, entre muchas otras agresiones como la estigmatización, represión y amenazas. Al mismo tiempo, se intensifican las campañas de hostigamiento físico y digital, bloqueos informativos, desprestigio y amedrentamiento.
 
Durante la reunión bilateral celebrada este lunes, las organizaciones participantes señalaron que, si bien existen instancias con responsabilidades claras sobre este problema, como el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, persisten serias limitaciones para disminuir el riesgo en el que se encuentran las personas beneficiarias; y no existe un reconocimiento de las causas diferenciales y las afectaciones sociales, económicas y políticas que conlleva el COVID-19.

A esto se suma la preocupación de las organizaciones por el agravamiento de las barreras estructurales que atentan contra la defensa de derechos humanos y la libre expresión. Entre ellas, la profundización de la militarización a partir de la emisión del decreto del 11 de mayo de 2020, que dispone de la Fuerza Armada para labores de seguridad pública; así como el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes en medio de las restricciones a la movilidad adoptadas por los gobiernos locales.

Por su parte, las organizaciones denuncian que la intensificación del extractivismo ante la continuidad de megaproyectos, la restricción en los trámites de solicitud de información pública; así como, la suspensión y disminución de labores de los tribunales y fiscalías, limitan el acceso a la justicia, y conllevan efectos negativos sobre las personas defensoras y periodistas.

Igualmente se resaltó el alarmante incremento de la violencia de género. El mes de abril de 2020 fue el mes con más carpetas de investigación sobre asesinatos de mujeres; y entre marzo y mayo se alcanzaron cifras récord en llamadas de emergencia por incidentes de violencia familiar y sexual, poniendo a las defensoras y periodistas en distintos niveles y ámbitos de riesgo. Así lo evidencia el repunte de la violencia contra mujeres periodistas: del total de agresiones documentadas contra la prensa relacionadas con coberturas de la pandemia, el 52.17% fueron dirigidas contra ellas.

“Nos preocupa la continuidad de la impunidad y violencia contra las mujeres, y la falta de atención debida, donde el Gobierno Federal disminuye presupuestos a las políticas de prevención y atención de esta violencia. Como mujeres defensoras de derechos humanos y que defendemos los derechos de las mujeres nos atraviesa este contexto de riesgo.” afirmó Cecilia Espinosa de la Red Nacional de  Defensoras de Derechos Humanos en México.

Como resultado, y ante la falta de respuesta estatal, las organizaciones solicitaron a la CIDH que:

• Brinde recomendaciones a autoridades federales y estatales con relación a la situación de personas defensoras y periodistas en México en el contexto de la pandemia.
• Brinde asistencia técnica encaminada a implementar las recomendaciones dictadas por organismos de derechos humanos relativas a personas defensoras de derechos humanos y periodistas con el fin de los riesgos provocados por las medidas sanitarias y de recuperación post COVID 19.
• Monitorear que el Estado Mexicano incluya a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y Organizaciones de la Sociedad Civil en sus diagnósticos y en la elaboración de programas y políticas públicas.
• Solicitar información al Estado Mexicano sobre medidas específicas que hayan tomado todas las autoridades que conforman la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección en lo individual y de manera coordinada, así como la proyección presupuestal de la política integral de protección.

Por su parte, la Comisión Interamericana se comprometió a dar seguimiento a la comunicación con la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) para sostener mecanismos conjuntos vigentes para la protección a personas defensoras de derechos humanos. Finalmente, la CIDH expresó su interés en brindar asesoría técnica al gobierno de México orientada a implementar las recomendaciones internacionales en relación a la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.