Anayeli García Martínez / Cimacnoticias

Oaxaca.-A fin de evitar que agresores de mujeres ocupen candidaturas en el proceso electoral de 2021, el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que los aspirantes deben firmar un documento, bajo protesta de decir verdad, donde declaren no estar sancionados por ser deudores de pensión alimenticia, acosadores sexuales o agresores de mujeres en el ámbito familiar o político.

La propuesta conocida como #3De3VsViolencia, emanada de la sociedad civil e impulsada por diputadas federales, defensoras de los derechos políticos de las mujeres, la Red Nosotras Tenemos Otros Datos y Las Constituyentes Feministas fue incluida en los Lineamientos para que los partidos políticos nacionales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, aprobados este miércoles.

En la sesión de este 28 de octubre, la consejera Carla Humphrey Jordan dijo que es inaceptable la violencia política en contra de las mujeres y es necesario implementar todas las acciones necesarias para su erradicación, como retomar la propuesta de “3 de 3.

Anteriormente el INE aprobó los Lineamientos para el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política en razón de género, donde se establece que previo a la solicitud de registro de candidaturas, los partidos y coaliciones, deberán verificar este registro con la finalidad de determinar si sus aspirantes a un cargo de elección popular han sido sancionados por estas conductas.

Agresores de mujeres definen políticas contra violencia de género

De cara al próximo proceso electoral y previo a la sesión del INE, líderes del Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática y de Movimiento Ciudadano se pronunciaron en redes sociales a favor de la iniciativa ciudadana diseñada desde 2017 y que retoma el espíritu de la “Declaración 3 de 3” para que candidatos y funcionarios presentaran su declaración patrimonial, de intereses y fiscal.

Sin embargo, en la “3 de 3 contra la violencia”, el objetivo es cerrar las puertas a los agresores que violentan a las mujeres para que no obtengan cargos de elección, pero también para que no ocupen puestos de decisión en las estructuras del Estado como jueces, magistrados, fiscales o en dependencias de Gobierno, entre otros. 

En la elección de 2018, Noé Fernando Castañón Ramírez fue designado senador por el PRI, sin embargo no tomó protesta porque fue detenido por violencia familiar, una acusación que presentó su exesposa, quien también informó que el legislador le quitó a sus tres hijos y le prohibió verlos. 

Sin embargo, dos meses después de su detención y posterior liberación y en medio del rechazo de senadoras, tomó protesta. En enero del año pasado abandonó la bancada del PRI para sumarse a Movimiento Ciudadano. Hoy continua en funciones.

Otros casos que salieron a luz y que muestran la necesidad de que se restrinjan los cargos de elección y de poder a los agresores de mujeres, según las agrupaciones feministas, es la violencia que en mayo ejerció el entonces notario Horacio Aguilar Álvarez De Alba, quien tuvo una discusión con su pareja en la calle, en el Estado de México.

En un video difundido en redes sociales se vió a Horacio Aguilar jalando a una mujer que permanecía arrodillada en la banqueta. Tras la difusión del hecho estudiantes denunciaron que, además de violentar a su pareja, cuando fue profesor de la Escuela Libre de Derecho fue señalado de acoso y abuso sexual.

Otro ejemplo ocurrió en mayo, cuando el exdiputado local del estado de México, Horacio Jiménez López, fue detenido por cometer violencia familiar. Los reportes periodísticos indican que el expriista y fundador de Movimiento Ciudadano golpeó a su pareja dentro de un auto.

En septiembre de 2019 el regidor de Valle de Chalco, Jesús Tenorio Sánchez, también golpeó a su pareja. El político priista fue denunciado por los golpes y amenazas a los padres de la mujer que agredió. En respuesta un Ministerio Público le prohibió volver a intimidar a la víctima.

A lista de casos públicos se suma el que se conoció en 2013: el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro Góngora Pimentel, no pagaba la pensión de sus dos hijos y encarceló a su expareja y madre de los niños por el el delito de fraude fiscal. Mientras que enero se supo que el magistrado Manuel Horacio Cabazos López tenía una denuncia por la violación de sus hijas de 5 y 7 años de edad.