Oaxaca.-Al ser un instrumento de designación signado en 1987, el nombramiento de las y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y del Tribunal Laboral,  desde entonces ha sido elección directa del gobernador en turno, contexto que pone en duda la transparencia y autonomía de las y los integrantes de los tribunales, por lo que a propuesta de la diputada Elisa Zepeda, podría ser facultad del Congreso del Estado, esta designación a través de la comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

Como fundamento de esta iniciativa, la legisladora expuso que en el estado de Oaxaca, el 94 por ciento de los delitos que se denuncian en Oaxaca permanecen en la impunidad, porcentaje que ligeramente se encuentra por debajo del promedio nacional que es de 96.1 por ciento, de acuerdo con el Índice de Impunidad en el Sistema de Justicia Penal 2018, por otra parte en el Ranking de opacidad judicial  realizado por Equis Justicia para las Mujeres, el 96 por ciento de los Tribunales locales del país no difunden sus sentencias, por lo que no podemos conocer la sustancia de su trabajo. 

“El problema de acceso a la justicia tiene muchas aristas, pero una de ellas es la forma de designación de las magistradas y magistrados, ya que venimos de una tradición poderosa de influencia del Poder Ejecutivo en la integración del Poder Judicial, en ese sentido es difícil mencionar que exista autonomía y división de poderes entre estos órganos que integran el estado”, refutó la representante popular. 

Elisa Zepeda dejó claro que el hecho de que sea el gobernador quien determine definitivamente quienes serán integrantes de las y los Magistrados, provoca que desde su integración el sistema de justicia tenga poco contrapeso real con los otros poderes. 

De igual forma, abundó que, en la legislación actual, no hay ninguna medida afirmativa e incluso una ventana de oportunidad para que durante la designación de magistradas y magistrados se puedan realizar acciones afirmativas para que alguna persona proveniente de población afrodescendiente o indígena pueda formar parte del órgano máximo de administración de justicia. 

Por ello la propuesta establece una reforma a la Constitución local en la que a letra expresa diga: Para nombrar a las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa y del Tribunal Laboral, el Congreso del Estado a través de su Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia, desarrollará un proceso bajo los principios de transparencia y máxima publicidad, en el que realizará una convocatoria abierta, de conformidad con los requisitos que establece el artículo 101. 

En el caso de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Laboral, El Consejo de la Judicatura certificará el cumplimiento de los requisitos de ley y aplicará los exámenes de oposición. Una vez concluidos éstos, remitirá al Congreso del Estado una lista que contenga ocho candidatos, de los cuales la Comisión Permanente de Administración de justicia remitirá al pleno, una para que que se elija a quien debe ser magistrada o magistrado.