Comunicado

Oaxaca.-Desde Consorcio Oaxaca, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, condenamos los 332 feminicidios cometidos en la entidad oaxaqueña durante la actual administración de Alejandro Murat Hinojosa hasta el 9 de agosto. 89 fueron perpetrados en lo que va del 2019.

Miramos con preocupación que los "homicidios dolosos", es decir, aquellos en los que el criminal busque intencionadamente la muerte de la víctima, podrían no estar siendo tipificados como Feminicidios. A pesar de que la Fiscalía ha reconocido un aumento considerable en homicidios dolosos contra mujeres y feminicidios.

Consideramos de suma importancia que la Fiscalía General del Estado retome el Acuerdo 04/XLIII/27 del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) en el que se pactó que la Procuraduría General de la República (PGR) y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las 32 entidades federativas “iniciarán la investigación de toda muerte violenta de mujeres de carácter doloso bajo protocolos de feminicidio".

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentó precedente en la materia con la sentencia 554/2013 sobre el caso de Mariana Lima Buendía, joven de 28 años víctima de feminicidio por parte de su esposo, quien en ese entonces fungía como policía judicial del Estado de México y cuyo caso fui investigado en un inicio como suicidio.

La SCJN, es muy clara y dicta lineamientos específicos para la investigación en los casos de asesinatos de mujeres, destacando principalmente que:

1) Todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidio, con perspectiva de género y con base en los estándares internacionales más altos;

2) En todos los casos es necesario recolectar y salvaguardar la evidencia para determinar si la víctima sufrió de violencia sexual o si ésta vivía en un contexto de violencia;

3) La inacción y la indiferencia del Estado ante los casos llevan a la revictimización y discriminación, por lo que los responsables deben ser sancionados.

Exigimos a las autoridades de procuración de justicia que todas las muertes violentas de mujeres inicien sus investigaciones como feminicidio; se apliquen los protocolos en la materia y las investigaciones sean realizadas con la debida diligencia, perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad.