Angélica Jocelyn Soto Espinosa/ Cimacnoticias

Oaxaca.-Castigos físicos, restricción del libre tránsito, detenciones arbitrarias, trabajar pese a riesgo de contagio, violencia y desaparición, son algunas de las violaciones a los Derechos Humanos que se han cometido durante la pandemia, de acuerdo con un registro de la Secretaría de Gobernación (Segob). 

De acuerdo con el documento “Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos durante la Contingencia Sanitaria por COVID-19“, publicado el pasado 29 de abril por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Segob, la epidemia ha representado un escenario de mayor riesgo para algunos grupos poblacionales. En este nuevo contexto, autoridades locales (administrativas, sanitarias y policiales) y empresas, estarían implicadas en una serie de abusos que se han registrado en todo el país.  

Desde el pasado 15 de marzo, fecha en que se decretó la emergencia sanitaria, esta Subsecretaría identificó 44 agresiones cometidas en contra de personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas. Guerrero es la entidad con el mayor incremento de situaciones de riesgo en contra de periodistas. 

Según la publicación, durante la contingencia también se reportó el asesinato de dos periodistas y cuatro personas defensoras de Derechos Humanos (sin precisar sexo), ninguna bajo la protección del Mecanismo, así como tres agresiones en contra de periodistas que realizan coberturas informativas sobre COVID-19 en Puebla, Morelos y Jalisco. 

La Segob señaló que están en principal riesgo las y los periodistas, o quienes ejerzan la libertad de expresión, al cubrir la fuente relacionada con epidemia;  personas defensoras de DH que tienen como actividad la defensa del derecho a la protección de la salud; y personal de salud a partir de la ausencia de condiciones de seguridad e higiene en su actividad. La dependencia no informó a qué sector pertenecen los perpetradores de estos ataques.

Asimismo, desde marzo y hasta el 23 de abril, la Comisión Nacional de Búsqueda registró 237 personas como desaparecidas o no localizadas, de las cuales 132 son hombres y 105 mujeres. Hasta abril habían sido localizadas 87 personas, 35 hombres y 48 mujeres con vida, y tres hombres y una mujer sin vida.

La oficina de Segob también calificó como violaciones a los DH las situaciones en las que las empresas obligan a las personas con factores de riesgo asistir a laborar, incluso si desempeñan actividades esenciales. 

De acuerdo con la documentación de la Segob, en Chihuahua, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó sobre el fallecimiento de 13 trabajadoras (todas mujeres) de la maquiladora Lear Corporation por contagio del nuevo virus. En Baja California se registran 60 casos confirmados de personas trabajadoras de maquilas que contrajeron COVID-19, hasta el 22 de abril, de acuerdo con datos del IMSS. 

La dependencia también dijo que dentro de las denuncias interpuestas (no se precisó número) ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación por personas que han sido obligadas a continuar trabajando, 32 por ciento son de personas con factores de riesgo ante COVID-19. 

La Segob también habló en este rubro de Grupo Salinas, quien -dijo- se ha negado a cerrar sus negocios con servicios no esenciales. También existen denuncias en algunos diarios de circulación nacional sobre despidos injustificados y contagios por COVID-19 entre sus empleados. Como documentó Cimacnoticias en el texto, trabajadoras que venden servicio de internet para la empresa Totalplay Telecomunicaciones S.A de C.V (perteneciente a Grupo Salinas) fueron amagadas con despidos en caso de que no se presentaran a laborar, pero sólo se les dio una botella de 30 mililitros de gel antibacterial para una jornada de trabajo de 9 horas seguidas en las zonas de mayor contagio en el Estado de México, unos guantes y un cubrebocas. 

La Segob también destacó las agresiones que ha recibido personal médico en el marco del COVID-19, principalmente las mujeres. De acuerdo con la dependencia, hasta abril se  registraron al menos 47 casos de agresiones contra personal de salud, en 22 estados de la República. Predominan el personal de enfermería (80 por ciento de las agresiones registradas) y las mujeres (70 por ciento de las agresiones registradas). Jalisco, con siete eventos, es el estado con el mayor número de agresiones registradas.

El patrón común es rociar a la persona con algún líquido de limpieza (frecuentemente cloro), así como negar acceso a unidades de transporte público o comercios. Las agresiones más graves , incluyen amenazas de muerte, una de ellas con arma de fuego. Sólo en tres eventos de los que se tiene registro, las personas agresoras han sido detenidas y vinculadas a proceso judicial.

El IMSS ha registrado 21 agresiones al personal de enfermería en 12 entidades del país: Ciudad de México, Estado de México, Yucatán, San Luis Potosí, Sinaloa, Jalisco, Puebla, Morelos, Coahuila, Guerrero, Quintana Roo y Durango. También se han registrado amenazas sobre daño a la infraestructura hospitalaria en algunas comunidades.

La Segob reveló que las agresiones contra el personal médico no han sido sólo por parte de la ciudadanía, sino que existe una denuncia realizada por un médico del Hospital General Amparo Pape de Benavides porque policías municipales de San Buenaventura, Coahuila, lo habrían golpeado y detenido arbitrariamente al impedirle el acceso al municipio en el que vive, “aparentemente por motivo de su profesión, para evitar contagios de COVID-19”.

A la inversa, la Segob informó sobre casos de personal médico que se ha negado a prestar servicio a población contagiada por el virus, lo que se traduce en la violación al derecho a la salud e implica responsabilidades judiciales para el caso de las y los trabajadores del Estado.

Entre las acciones que han implementado los gobiernos locales que ponen en riesgo los DH están los cierres de fronteras, de caminos y carreteras, los toques de queda, los retenes y otras medidas que restringen el libre tránsito. 

Ejemplo de esto es, de acuerdo con Segob, el establecimiento de un “Toque de queda” en al menos 31 municipios de 11 estados al 22 de abril: Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Baja California, Sonora, Chihuahua, Morelos, Coahuila y Nuevo León; asimismo, el gobierno del estado de Sonora anunció desde el 13 de abril el programa “Quédate en casa obligatorio fase 2” y la imposición de multas y arrestos con uso de la fuerza pública a las personas que violen el confinamiento. 

Además, en 340 municipios de 15 estados se ha restringido o controlado el acceso por autoridades municipales o la propia población de forma continua o intermitente en algún momento de la contingencia. 

La Subsecretaría también registró un caso en el que se impuso penas corporales degradantes a las personas para hacerlas cumplir el resguardo domiciliario. Sin dar más detalles sobre cómo habría procedido la Segob al tener conocimiento de este caso, la dependencia informó que esto ocurrió en Teloloapan, Guerrero, y fue perpetrado por la Policía Comunitaria Tecampanera que golpeó a jóvenes “que no acataron las medidas de quedarse en casa”.

Aunque advirtió que las mujeres, comunidades indígenas, personas en reclusión, y personas en condición de desplazamiento, migrantes y solicitantes de asilo son grupos a quienes las medidas de la pandemia podría afectar de manera desproporcionada, la Subsecretaría no reportó cifras o eventos sobre violaciones a sus DH durante los primeros meses de la Jornada de Sana Distancia. 

Por el contrario, en estos casos la dependencia enlistó algunas medidas que ha llevado a cabo para salvaguardar su integridad.  Por ejemplo, en el caso de la violencia contra las mujeres –que, como documentó Cimacnoticias, se exacerbó en varias de sus modalidades durante la contingencia sanitaria– el gobierno federal difundió acciones de prevención de las violencias “a través de brindar opciones de convivencias sanas y en paz; habilidades diálogo; medias de prevención del embarazo adolescente y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos”.

Según la dependencia, también se presentaron campañas de reconocimiento del trabajo de cuidados y de reconocimiento del trabajo doméstico colaborativo; concentró en la Plataforma Nacional de Servicios la atención a las violencias que brindan las instituciones del Estado Mexicano, así como verificar y monitorear su adecuado funcionamiento; y unificó los esfuerzos de canalización de víctimas de violencia a través de la línea de emergencia nacional del 911 y capacitación de operadores.

En el caso de las personas privadas de la libertad, la Segob informó que algunas entidades implementaron medidas de liberación, como las derivadas de la Ley de Amnistía, publicada el pasado 23 de abril. Para el caso de la población desplazada, la dependencia dijo que se hizo levantamiento de censos y se dio ayuda humanitaria; y para personas migrantes, la mayoría fue liberada de las estaciones migratorias y se les deportó. 

Aunque la Segob no lo informó, el caso de las personas migrantes se registró la muerte de un centroamericano solicitante de asilo al interior de una de las estaciones migratorias, esto luego de que las y los migrantes iniciaran un motín por falta de condiciones de higiene al interior, incluso durante la pandemia.