Oaxaca.-El lunes 15 de junio, cuando fue decretada la vuelta a las actividades tras el confinamiento por la COVID-19, los vecinos de la ciudad de Oaxaca alertaron a las activistas de la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, que la calle había sido acordonada por la policía y que ante la puerta de sus oficinas había una bolsa de plástico negra con una cabeza de animal. Desconocidos colocaron la bolsa con una cartulina que decía: "Si no te callas la próxima será la tuya. CJNG", las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación.

"A las 8:30 de la mañana nos dijeron los vecinos que se había cerrado la calle y que había un operativo de la policía, y que era en nuestra puerta. Nos mandaron una foto en donde se veía una cartulina verde con una bolsa de plástico negra", afirma una de las directoras de Consorcio en conversación con DW, Yesica Sánchez. La organización con una larga trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres y la protección de defensores de DD. HH. en Oaxaca responsabilizó al gobernador Alejandro Murat y a la fiscalía encabezada por Rubén Vasconcelos Méndez por lo ocurrido.

"Reflexionando sobre nuestro trabajo, sin lugar a dudas no estamos tocando ningún tipo de interés que pueda afectar al cártel Jalisco Nueva Generación. Nuestro trabajo permanente ha sido documentar las violaciones a los DD. HH., exigir transparencia en los presupuestos, exigir política pública, denunciar complicidad y negligencia en muchos casos". La activista destaca que han asesinados a varios defensores de organizaciones indígenas. "Hay hostigamiento y ataques, han acabado con voces críticas. Nosotras somos como una piedra en el zapato".

Hostigamientos constantes

La activista pregunta ¿por qué no fueron alertadas por la policía misma, que había hecho una visita a su domicilio el 5 de junio pasado, supuestamente para saber si estaba bien? Ella considera que dicha visita fue un hostigamiento más.

La organización considera que la amenaza está relacionada con el feminicidio de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín, asesinada en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, el 2 de junio de 2018. Consorcio acompaña el caso y se sumó hace un año a la campaña "Hasta que la Justicia llegue", iniciado por la madre de la víctima, Soledad Jarquín, quien, a causa de sus demandas de justicia, ha sido víctima de constantes ataques.

"Ha habido una serie de irregularidades en el proceso por parte de la fiscalía en ese caso. Inacción, opacidad, que ha aplazado innecesariamente las audiencias y el proceso. Hay una estrategia de desgaste y por eso iniciamos esa campaña", señala Yesica Sánchez. La activista destaca que entre 2012 y 2018 la organización sufrio 11 alllanamientos policiales a sus domicilios y a las sedes de la oficina. Durante los 2 años del gobierno de Alejandro Murat han sido cinco. "Lo que buscan es inhibirnos y a la vez poner un ejemplo a la disidencia. Es una señal amplia de intimidación a las defensoras y defensores, que fueron los mensajes del padre del actual gobernador, José Murat durante su gestión (1998-2004).

Preocupación en Alemania

La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, una red integrada por un total de 16 organizaciones, entre ellas Pan para el Mundo, Adveniat y Misereor, manifestó en un comunicado su profunda preocupación por el aumento de la violencia durante la crisis del coronavirus, pide a la comunidad internacional que siga con atención este caso en particular y exhorta a las autoridades alemanas a que utilicen los canales diplomáticos para transmitir la preocupación por la seguridad de estas defensoras mexicanas de DD. HH.

"En estados como Oaxaca la situación es grave, sobre todo en el tema de los derechos de las mujeres. En los últimos años esta organización ha recibido varias amenazas. Han entrado en las casas de las directoras, han sufrido acoso y agresiones de todo tipo. En este caso, la amenaza de muerte la relacionamos directamente con el trabajo que están realizando en el caso de la periodista Soledad Jarquín, cuya hija fue asesinada hace dos años", dijo a DW, Carola Hausotter, portavoz de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México.

"Como ella lo ha hecho público y además organizaron la campaña "Hasta que la Justicia llegue", al parecer a alguien no le gusta que estén denunciando públicamente esta situación. Es necesaria una voluntad política para ofrecer protección a las defensoras", asegura Hausotter.

México, asesinatos e impunidad

Para las organizaciones alemanas México es una gran preocupación. En el país unas 10 mujeres mueren al día de forma violenta, según las cifras oficiales. La organización Front Line Defenders ha documentado que en 2019 fueron asesinadas 23 personas defensoras de Derechos Humanos. Oaxaca es uno de los estados mexicanos más peligrosos, tanto en lo que se refiere a los feminicidios como en los ataques contra defensores y defensoras. "Lo que observamos con la crisis de COVID-19 es que las mujeres están más indefensas", destaca Hausotter. 

Por su parte, la activista mexicana tiene cifras aterradoras. "Hay más de 530 feminicidios en Oaxaca. En el informe sobre feminicidio que presentamos el año pasado había además 600 mujeres desaparecidas. Pedimos información sobre la situación de estas mujeres a la Fiscalía estatal y nos negaron la información argumentando que la información se comparte exclusivamente con las víctimas. En este momento ya tenemos a 800 mujeres desaparecidas y no pasa nada. No hay registro estatal", subraya Yesica Sánchez.

La organización prepara una denuncia sobre lo ocurrido que presentará ante la Fiscalía General de la República. Estamos documentando la complicidad que hay en los ataques que hemos vivido que han quedado impunes. "En las redes sociales aparecieron bots diciendo que había sido un autoatentado, que quién sabe qué relaciones tenemos con el cártel Jalisco Nueva Generación".

Con informacion de DW,com