Explicó que, con estos ingresos, las Unidades Académicas pagan gastos de mantenimiento, electricidad, agua potable, predial, servicios de barrido, alumbrado público y otros impuestos gubernamentales, así como mobiliario y equipamiento, por mencionar algunos.

Durante su participación en la presentación del proyecto de presupuesto UABJO 2021 por parte del rector, Eduardo Bautista Martínez, ante diputados y diputadas de la 64 Legislatura del H. Congreso del Estado, informó, además que el ejercicio de dichos recursos es vigilado por los Consejos Técnicos, la normatividad interna y está sujeto a procesos de transparencia y rendición de cuentas.

“Se piensa que hay un presupuesto muy alto y que se reparte, pero no es así, ni siquiera alcanza para cubrir gastos en la Administración Central y los datos pueden revisarse”, subrayó.

En este sentido, Zenteno Juárez, agregó, que se han realizado 36 auditorías a esta Casa de Estudios y están dos más en proceso, a través de diversos órganos como la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO), en las que se puede observar la aplicación de los recursos.

Por otra parte, manifestó la preocupación que vive la institución respecto a la proyección del tema financiero tanto a nivel estatal como federal, ya que en el se prevé desaparecer diversos rubros, entre los que se mencionan los destinados a la evaluación de programas educativos, Estímulos de Carrera Docente, Fondos de Aportaciones Múltiples, Programa Presupuestario de Expansión de la Educación Media Superior y Superior, entre otros.

Lo anterior se suma a otros recortes, como el referente al Programa de Saneamiento Financiero, que permitía cubrir diferencias de rubros relacionados con: seguridad social (IMSS) y apoyo a la vivienda (INFONAVIT) que dejó de otorgarse desde 2015.

Finalmente, Zenteno Juárez, apeló a la buena voluntad de las diputadas y diputados para ir ajustando el presupuesto de manera gradual y lograr una mejor participación del gobierno estatal, ya que solo aporta un 10%, cuando hay otras entidades que alcanzan hasta un 60%.