En contextos como Oaxaca la violencia feminicida se agrega como otro factor que limita el derecho a la educación de cientos de niñas y mujeres, quienes deberán enfrentarse a esta situación poniendo en riesgo su vida al salir de casa para educarse. Ya sea en la calle del barrio o en la comunidad, en el transporte colectivo o el salón de clases, las mujeres son sexualmente agredidas tanto en espacios públicos como institucionales, pues de acuerdo con los registros que realiza Consorcio para el Diálogo Parlamentario Oaxaca encontramos que del total de agresiones cometidas contra mujeres en lo que va de este gobierno -1988 casos- 94 son o eran estudiantes en el rango de los 03 a los 24 años de edad: 17 fueron víctimas de delitos sexuales, 14 de feminicidio y  57 de desaparición. De éstas últimas, tan sólo 9 han sido localizadas. Cabe señalar que 83% de las estudiantes desaparecidas se ubican entre los 14 y 19 años de edad.

En el marco del Día del Estudiante a celebrarse el próximo 23 de mayo, las cifras nos alerta sobre la situación que las estudiantes viven;  comienzan por ser víctimas de hostigamiento y abuso sexual por parte de profesores, vecinos, novios, parejas, taxistas y/o desconocidos, hasta el punto de ser desaparecidas o asesinadas por razón de género, sobre todo en contextos donde la violencia feminicida presenta y ha tenido un incremento alarmante en lo que va de esta administración[1], lo cual denota que las acciones gubernamentales en todos los niveles han sido insuficientes para erradicarla, a pesar de que el mecanismo establecido en la Declaratoria por Alerta de violencia de Género -activa desde 2018 en 40 municipios de la entidad- señala que ante un caso de feminicidio se pueda generar una reacción-acción-inmediata, articulada en los tres niveles de gobierno y los tres poderes, ejecutivo, judicial y legislativo, a fin de implementar un plan de intervención y un seguimiento desde el enfoque de género a todas las denuncias que realizan las víctimas de violencia feminicida.

Por otra parte,  la falta de  seguimiento por parte de autoridades locales y regionales a las denuncias que realizan las familias de las víctimas, ya sea por el delito de desaparición, el cual que está previsto por el artículo 348 Bis D del Código Penal para el Estado de Oaxaca, o por el de hostigamiento sexual, previsto y sancionado por el artículo 241 Bis en el mismo documento,  dificulta el acceso a la justicia que en muchos de los casos, provoca el desgaste emocional y económico de las familias de las víctimas. Además, implica que las mujeres se vivan en constante miedo e inseguridad por el temor de convertirse en una cifra más dentro de los registros de agresiones sexuales cometidos contra ellas, pues no sólo se les arrebata el derecho a la educación, sino el de tener un proyecto de vida pleno que les garantice el acceso a una vida libre de violencia por el solo hecho de ser personas.

Por ello, desde Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca exigimos:

Al Gobierno del estado de Oaxaca:

• Que se evalúen los resultados de la implementación de la Alerta de Género en 40 municipios de Oaxaca para que las autoridades, tanto locales como regionales, ofrezcan información confiable sobre la violencia que se ejerce sobre los derechos de niñas y mujeres respecto a su integridad física,  libertad, y seguridad en espacios privados, públicos e institucionales.  
• Haga público el presupuesto destinado a cada instancia para la implementación de la Alerta de Violencia de Género y los indicadores de efectividad de cada una con dicho presupuesto y que inicie un proceso de destitución de las y los funcionarios que no están a la altura de la gravedad de la violencia feminicida en Oaxaca para que personas sensibles y con perfil ocupen dichos cargos.

Instituciones educativas:

• Que se construyan con urgencia  protocolos para prevenir, atender y sancionar el acoso y hostigamiento sexual asi como cualquier tipo de violencia de género en sus planteles.
• Que se garantice la adopción de las medidas prioritarias dirigidas a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual o prácticas culturales.

A la sociedad en general:

• Integrar  redes de apoyo para prevenir la violencia feminicida en Oaxaca, contribuyendo a que se garantice el derecho de niñas y mujeres al libre uso, tránsito y disfrute seguro del espacio público e institucional.