Oaxaca.-Desde los inicios del brote, la libertad de expresión y el derecho a la información se convirtieron en una víctima más de la pandemia. En este contexto, ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica publica hoy el informe especial C.O.V.I.D. (Coronavirus, opacidad, violencia, impunidad y desinformación).

Países como México, Honduras, El Salvador y Guatemala, que tienen gobiernos democráticos, estos mostraron un preocupante recelo ante el escrutinio público y el reconocimiento del acceso a la información pública, cuestionando un sinnúmero de veces la capacidad de la prensa para hacer su trabajo.

En México, ARTICLE 19 documentó alrededor de 120 agresiones contra la prensa del 12 de marzo al 16 de mayo de 2020, de las cuales 52 (43.3%) ocurrieron durante la cobertura de la pandemia.

En el marco de una emergencia sanitaria en la que el acceso a la información es una necesidad, las agresiones contra periodistas representan una vulneración de los derechos de las y los mexicanos.

Como en otros países de la región, en México, las autoridades también han aprovechado la crisis como una excusa para agredir a periodistas. El 69.2% de las agresiones durante la cobertura de la pandemia (es decir, 36) fueron cometidas por funcionarios públicos.

Además, individuos en general, han retomado el discurso estigmatizante para intimidar y evitar la cobertura de su propio manejo de la emergencia sanitaria. Así, particulares cometieron el 19.2% de las agresiones en la cobertura de la pandemia.

La falta de voluntad de las y los funcionarios públicos de diversos niveles de gobierno en los cuatro países, antes mencionados, para hacer llegar información útil a las poblaciones más vulnerables (principalmente las comunidades indígenas) y el recrudecimiento de la polarización son una fórmula fatal para el ejercicio de las libertades democráticas en este contexto.

Por otra parte, en Cuba, la falta de cualquier tipo de libertad democrática (expresión, asociación e información), conjugada con la precariedad a la que se enfrenta la población, hace casi imposible el escrutinio de la gestión del Estado en el marco de la contingencia, lo que incrementa los niveles de riesgo a los que se enfrenta la prensa al hacer su trabajo y limita el acceso a información de interés público que necesita la población para decidir sobre su salud y su futuro.

Este informe intenta recuperar las violencias, retos y obstáculos que viven el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información en el marco de la pandemia, en México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Cuba. Asimismo, analiza el rol del Estado y los gigantes tecnológicos, como Google o Facebook, en esta materia y advierte, también, sobre las distintas amenazas a las que se enfrentan las poblaciones en caso de que todos estos procedimientos se conviertan en la regla y no en la excepción.

Finalmente, el informe formula una serie de recomendaciones a gobiernos, plataformas digitales, medios de comunicación, periodistas y sociedad en general, que habrán de ser consideradas a fin de garantizar el ejercicio efectivo de la libertad de expresión y el derecho a la información