Oaxaca.-Cuando Ariadna* acudió al Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso de la ciudad de Oaxaca para ejercer su derecho al aborto, la doctora que le asignaron la hizo sentir vulnerable, al grado de que temió sufrir —e incluso morir— durante el procedimiento.

En este lugar, el único nosocomio público del estado donde se realiza la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), Ariadna escuchó frases como: “no te pondremos anestesia para que sientas lo que es un aborto”, “estarás aquí el tiempo necesario, así sean varios días”, “no te voy a decir cómo será, yo solo te voy a canalizar”. Por eso, prefirió abandonar el hospital y buscar otra opción.

“La usuaria nunca supo qué procedimiento se le haría, por qué mencionaron la anestesia y qué significaba enfrentar sufrimiento y dolor. Ella decidió no acceder a este servicio porque se sintió juzgada y afectada emocionalmente; por fortuna, fue canalizada para un aborto seguro”, detalló en entrevista Mayra Morales Aldás, coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) en Oaxaca.

El 25 de septiembre de 2019, Oaxaca se convirtió en el segundo estado del país —después de la Ciudad de México— en aprobar la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, pero en los hechos, la ILE continúa siendo prácticamente inalcanzable para más del 65 por ciento de las mujeres en edad fértil de la entidad.

En Oaxaca, según la Secretaría de Salud (SS) estatal, habitan 640 mil 950 mujeres entre los 12 y los 49 años, pero solo 224 mil 227 viven en municipios cercanos al hospital público facultado para llevar a cabo la ILE, ubicado en la jurisdicción sanitaria número 1, Valles Centrales. Si a esto se suma la negativa del personal médico a practicar el procedimiento, la cifra de mujeres que ven obstaculizado su derecho al aborto es aún mayor.

El estado cuenta con 14 hospitales generales, 19 hospitales comunitarios, tres de atención especializada y 746 centros de salud. Según información de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), la ILE solo puede realizarse en el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso por ser el único que dispone de personal capacitado y sensibilizado para la atención de estos casos.

“Al interior del estado no se están brindando estos servicios, en muchas comunidades ni siquiera se está proporcionando información”, explicó Morales Aldás. “Ese es otro pendiente. Se deben ampliar los servicios, garantizar que las mujeres de todo el estado tengan acceso (a la ILE), de lo contrario seguirá habiendo oaxaqueñas de primera y de segunda. Quienes vivimos en la ciudad podemos ejercerla, pero del interior solo acceden quienes pueden trasladarse. Las mujeres que viven en la pobreza, las que tienen menos recursos, no pueden tener acceso y seguimos de nuevo sectorizando”.

Tras la reforma, el Código Penal de Oaxaca define en su artículo 312 el aborto como “la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación”.  Una vez despenalizado, “considerando la progresividad de los derechos humanos y una interpretación amplia de la norma, el estado tiene que garantizar a todas las mujeres la opción de poder interrumpir su embarazo si así lo deciden”, expresó la coordinadora de la Red Ddeser.

Según cifras de la SS, desde octubre de 2019 hasta el 30 de junio de 2020, se realizaron ocho abortos legales en la entidad, mientras que, de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Salud de la CDMX, de enero a julio de 2020, nueve mujeres originarias de Oaxaca viajaron a la capital del país para interrumpir su embarazo. En los últimos diez años, un promedio de 34 oaxaqueñas han acudido anualmente a la CDMX a realizarse la ILE.

La SS también registró cuatro Interrupciones Voluntarias del Embarazo —posteriores a las 12 semanas de gestación—, amparadas en las causales de aborto que contempla el Código Penal estatal.

De acuerdo con la legislación, el aborto no es punible cuando se produce por imprudencia de la embarazada, si el embarazo es resultado de una violación, o de una inseminación artificial no consentida, cuando la embarazada corre peligro de muerte, y por alteraciones genéticas o congénitas del producto que puedan derivar en daños físicos o mentales.

Según datos de los SSO citados en 2019 por organizaciones civiles, en Oaxaca se realizaban anualmente 9 mil abortos inseguros, y las complicaciones derivadas de este procedimiento eran la tercera causa de mortalidad materna. Tras la aprobación de la ILE, prevalece una cifra negra sobre cuántas vidas podrían estar en riesgo por recurrir a métodos peligrosos para abortar.

“Ganamos este derecho en el papel con la reforma al Código Penal; sin embargo, en los hechos, en la realidad, todavía estamos muy lejos. Aún se nos sigue restringiendo, negando la información, esto implica que se continúe poniendo en riesgo nuestra salud y nuestra vida tomando tes (abortivos) o medicamentos, introduciendo a nuestro cuerpo cosas que pueden dañarlo, porque hay muchos prestadores de servicios (de salud) que siguen juzgando nuestra decisión”, señaló Morales Aldás.

Desde la despenalización del aborto, el número de consultas telefónicas a la Red Ddeser se duplicó, con un promedio de 20 llamadas al mes. “Las mujeres no están teniendo la confianza de acudir a los servicios públicos a pedir información y solicitar el acceso a este derecho”, afirmó la especialista. “En regiones como la Mixteca y la Costa se les dice (en los hospitales) que no está permitido el procedimiento, y desde ahí les están negando el derecho a la información con afirmaciones erróneas”.

Otra de las trabas que enfrentan las mujeres que deciden abortar es el rechazo de los profesionales de la salud a realizar el procedimiento, incluso en casos de violación, con argumentos que minimizan o normalizan el delito.

“Lo que nosotros hemos manifestado siempre es que se tenga el derecho a la vida, no a decidir. Un embarazo es el proceso de un ser vivo, que se defienda a ese niño por nacer desde el momento de la concepción. Los argumentos que a veces nos presentan son acerca de las violaciones (que resultan en embarazo), pero son mínimas en realidad. El derecho a decidir de las mujeres se da en el momento de tener una relación sexual consciente, en la que se pueden proteger”, señaló el cirujano y sacerdote Alejandro Ramírez Barrita, integrante de Área Médica por la Vida, organización que desde la presentación en el Congreso de la reforma al Código Penal se opuso a su aprobación, promoviendo amparos y realizando manifestaciones en contra de la ILE.

El 19 de noviembre de 2019, la organización presentó en el Congreso una iniciativa de Ley para la Objeción de Conciencia Médica, con la que buscan proteger legalmente al personal médico que se niegue a realizar un aborto. Al darla a conocer, pronunciaron frases como: “A veces los hijos producto de una violación son los más brillantes”.

A pesar de las quejas registradas por la Red Ddeser de usuarias criminalizadas por personal médico cuando buscan ejercer su derecho al aborto, la SS asegura no tener registro de estas acciones, por lo que solo un profesional ha sido sancionado.