inconcebiblee
inaceptableque funcionarios del INPI, muchos de ellos provenientes de la zona mixe de Oaxaca, hayan difundido imágenes íntimas de mujeres, lo cual se castiga en la entidad hasta con ocho años de cárcel.
Tambien exigieron a Regino Montes un informe sobre las acciones que realizará en cuanto al acompañamiento a mujeres violentadas sexualmente, pues la renuncia de su colaborador –que no se sabe en qué términos se hizo–, no repara los daños causados ni sanciona a los diversos agresores.
Las feministas reiteraron que los agresores deben asumir su responsabilidad como garantía de no repetición, lo cual sentaría un importante precedente de justicia para las mujeres indígenas de México.
“Queremos manifestar públicamente que le corresponde no justificar, no minimizar, mucho menos darle el tratamiento de ‘cuestión privada’ a cualquier tipo de violencia contra las mujeres venga de donde venga; usted la debe rechazar, condenar y actuar en consecuencia. Es decir, cumplir al pie de la letra el principio de cero tolerancia de la violencia hacia las mujeres, pero no ha sido así, su postura nos sorprende e indigna”, aseguraron a Adelfo Regino.
Agregaron: "la postura del titular del INPI únicamente consistió en informar sobre la renuncia de uno de sus funcionarios, llamado Rolando V. P., quien formaba parte del mencionado chat, y que procederá conforme a la ley; además, que infravaloró la violencia sexual hacia las mujeres indígenas denunciantes, manifestando que se trataba de un asunto de corte personal
, pues cualquiera puede participar en esos espacios virtuales.
El documento fue firmado por Yureni A.C. La Asamblea Vecinal "Nos queremos Vivas" Neza, Feminismo Comunitario de Abya Yala - Tejido México, y 214 organizaciones de derechos humanos de las mujeres indígenas, así como 344 defensoras indígenas de derechos humanos y personas solidarias.