Escrito por Angélica Jocelyn Soto Espinosa/ Cimacnoticias

Oaxaca.- Durante la pandemia aumentaron las agresiones contra las defensoras y periodistas mujeres en el país; tan sólo de enero a mayo de 2020, la Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos en México (RNDDHM) documentó 325 agresiones, especialmente contra quienes defienden el derecho a la información y la libertad de expresión.

Esto fue comentado en la Mesa de “Análisis Feminista”, un programa radiofónico que se transmite cada miércoles a las 10 de la mañana por la Frecuencia Modulada de Violeta Radio 106.1, que conduce la periodista y coordinadora general de Comunicación e Información de la Mujer A.C, Lucía Lagunes Huerta.

La integrante de la RNDDHM, Guadalupe Ramos Ponce, señaló que durante la pandemia las agresiones contra las defensoras y periodistas se han agudizado. De enero a mayo de este año, la Red documentó entre los primeros lugares 151 agresiones contra quienes defienden el derecho a la información y la libertad de expresión; 84 contra quienes defienden el derecho a una vida libre de violencia y 35 contra quienes defienden la tierra, territorio y recursos naturales. La entidad con más agresiones contra defensoras y periodistas (104 casos) fue Oaxaca, seguida de la Ciudad de México con 36 casos y de Veracruz y Puebla con 29 casos respectivamente. 

En total, las agresiones suman 325 durante los primeros cinco meses de 2020. “Este panorama se concentra en lugares en las que ya tenemos una tradición de registro de violaciones de DH en general, pero que se acrecienta en esta labor de defender los DH (…) ser defensora y periodista en el país constituye un riesgo y, en muchas de las ocasiones, un riesgo de vida”, explicó Ramos, quien también criticó que los mecanismos del aparato estatal para la protección de las defensoras está debilitado en términos de presupuesto y actuación.  

Por su parte, la cofundadora de Las Constituyentes CDMX, Yndira Sandoval Sánchez, dijo que esta situación de violencia contra las personas defensoras estaría vinculada con la política federal de esta administración, como mayor militarización, la ausencia de los Derechos Humanos en el centro de la política nacional y el debilitamiento de los órganos autónomos que defienden estas garantías.

“Hay distintos síntomas, avisos que nos están informando que hay atentados contra la democracia. Si hay 325 ataques en lo que va del año quiere decir que todos los días se está vulnerando el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, al derecho a defender derechos, y con este sesgo que tiene de género donde las defensoras y las periodistas en particular tienen criminalizaciones específicas, sistemáticas, por parte de un país que por más democrático, y abro comillas, que hayan arribado al poder están reflejando su poco interés y poco compromiso con esta agenda”, señaló. 

Sandoval también explicó que la criminalización de las defensoras está siendo una práctica cada vez más recurrente y de formas más violentas y desproporcionadas para desacreditar las causas que defienden las mujeres y que dejan en evidencia las omisiones y vacíos institucionales del Estado. 

Durante el programa se abordaron casos particulares, como es la vinculación a proceso el pasado 6 de junio de la abogada y defensora de personas trabajadoras de la maquila, Susana Prieto Terrazas, quien fue detenida tras una protesta social afuera de una Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en Matamoros Tamaulipas; la amenaza de muerte que se dejó afuera de las instalaciones de la organización feminista Consorcio Oaxaca, el pasado 15 de junio; y la detención en el Estado de México de la defensora Kenia Hernández Montealván, a quien se le detuvo y acusó sin pruebas suficientes, de haber robado 500 pesos. 

En el caso de Consorcio Oaxaca, la directora de esta organización, Jessica Sánchez Maya, explicó que la amenaza de muerte que recibieron tendría relación con su campaña “Hasta que la justicia llegue”, donde fueron testigas de la negligencia y complicidad por parte de la Fiscalía General de Justicia de la entidad en la investigación y acompañamiento procesal para la defensora y periodista Soledad Jarquín Edgar por el asesinato de su hija. 

“Esta situación del día de ayer (la amenaza) no es aislada. Consorcio ha sido siempre una organización bastante incómoda porque documenta, elabora informes, hace incidencia internacional, acompaña casos muy puntuales y denuncia las violaciones a DH. Pensamos que lo que se está preparando es un ataque de mayor envergadura a Consorcio pretendiendo colocar una cortina de humo diciendo: va a ser el crimen organizado quien les asiente una situación grave, y entonces el Estado va a deslindarse”, dijo la defensora y agregó que ninguna autoridad estatal les había informado sobre lo que pasó afuera de su oficina, por lo que esperan que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso. 

Por su parte, la defensora indígena y coordinadora del Colectivo Zapata Vive, Kenia Hernández, Montealván –quien también estuvo en el programa–, declaró que su trabajo como defensora de DH atenta contra el poder del Estado y del patriarcado, por lo que su criminalización es una respuesta de las personas que se han visto afectadas en su esfera de poder. Y agregó que tiene evidencia de que el día que ella presuntamente cometió el delito del que se le acusa estuvo en un refugio del Mecanismo de Protección para Personas Periodistas y Defensoras, de donde es beneficiaria.