Oaxaca.-La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) –que en 11 años no ha logrado crear una política integral con perspectiva de género–, así como toda la arquitectura institucional formada para defender los derechos de las mujeres, necesita ser revisada a la luz de los efectos que deje esta pandemia.  

Así lo reflexionó en entrevista con Cimacnoticias la exconsejera de la primera administración de la Conavim, Clara Jusidman Rapoport, quien hasta junio de 2020 se desempeñó como integrante del Consejo Asesor para la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos 2019 – 2024 y es presidenta fundadora de Incide Social A.C, una organización civil que se especializa en la prevención social de las violencias y la delincuencia.

Felipe Calderón, el inicio de la crisis

La Conavim, como dependencia federal, surgió en 2009, durante el mandato de Felipe Calderón Hinojosa, en respuesta a las Convenciones sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención Belem do Pará), así como a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Nuestro país iniciaba lo que, según han llamado los procedimientos internacionales en la materia, una crisis de Derechos Humanos derivada luego de la orden presidencial para usar las fuerzas militares en tareas de seguridad interior. 

El aumento de la violencia feminicida en todo el país los años siguientes obligó –por exigencia de las organizaciones feministas– a que la Conavim fuera una institución aprovechada a nivel nacional.

Con esta decisión, la Conavim también sería uno de los “dientes” de la recién creada Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su Reglamento, que dotó de atribuciones a la Secretaría de Gobernación (Segob) en el tema. Era la instancia encargada de diseñar la política integral y transversal para atender la violencia contra las mujeres, coordinar sus acciones en los tres órdenes de gobierno y ejercer atribuciones en materia de seguimiento y evaluación de la política nacional. 

“Había proyectos muy innovadores (…) era una década en la que los problemas de la violencia empezaron a aflorar, ya no sólo era delincuencial sino de otro tipo. Una muy importante era la violencia doméstica. El nacimiento de esta dependencia fue la conciencia de que la violencia criminal que investigamos en Chihuahua, Jalisco, Aguascalientes, entre otros, empezaba en la casa, en el maltrato, la desconsideración, la ignorancia y los abusos de todo tipo a las niñas, niños y adolescentes”, relató en entrevista con Cimacnoticias, Clara Jusidman Rapoport, quien fuera consejera de la Conavim en esos años, durante la primera gestión de esta dependencia, a cargo de la antropóloga social Laura Carrera.

No obstante, “la sociedad mexicana no estaba preparada para comprender. Había una transición muy fuerte de las familias, ya no tenían mucha capacidad de contención y a veces eran los peores ámbitos de convivencia para las mujeres y las niñas y niños. Desde entonces, México ha tenido una ausencia de política pública hacia la familia (…) se inicia la búsqueda de políticas, instituciones y recursos para enfrentar la violencia contra las mujeres, pero desde mi óptica sigue habiendo una ausencia de políticas hacia las familias, con un concepto moderno. Seguimos pensando que las familias son un nicho maravilloso de amor pero a veces es el peor lugar para las mujeres”, señaló la presidenta fundadora de Incide Social. 

En esa primera gestión, la Conavim definió como sus áreas principales de trabajo el acceso a la justicia de las mujeres víctimas y el impulso “sostenido y sistemático de una estrategia para el cambio cultural que fomente entre la población una cultura de respeto, protección, y promoción de todos los Derechos Humanos, incluido el derecho de la mujer a no ser discriminada y a no ser violentada”.

En 2011, último año del sexenio panista, esto se tradujo en tres Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) y la tipificación del delito de feminicidio en nueve entidades del país, pero no acabó con la violencia contra las mujeres. De acuerdo con la información oficial recopilada entonces por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, de enero de 2010 a junio de 2011, en ocho estados de la República –porque el resto no aportó información– hubo mil 235 mujeres víctimas de presuntos feminicidios, con un aumento particular de casos en Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Jalisco.

Enrique Peña Nieto, el sexenio de la corrupción

En la administración federal siguiente, liderada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), las metas de la Conavim fueron aumentar el número de CJM; diseñar y dar seguimiento a la política integral para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres; formular las bases para la coordinación entre los distintos órganos de gobierno para este fin; impulsar y dar seguimiento a la armonización del tipo penal de feminicidio, y transversalizar la perspectiva de género en el quehacer de la Segob.

Al cierre del sexenio, había 39 CJM en operación; se impulsaron Redes Ciudadanas e Interinstitucionales; se creó el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; se presentó la Línea 01800 Háblalo (que está inactiva desde 2016); y se crearon las Alertas de Violencia de Género, el Protocolo de Atención, Reacción y Coordinación entre Autoridades Federales, Estatales y Municipales para casos de Extravío de Mujeres y Niñas en Ciudad Juárez, Chihuahua (Protocolo Alba), y el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

Si bien la Conavim avanzó con estos mecanismos, “el gobierno de Peña Nieto estaba tan lleno de corrupción que inclusive en temas tan importantes con los que inició su administración, como fue la Cruzada contra el Hambre y el programa de Prevención Social de las Violencias y la Delincuencia, acabaron siendo un fiasco”, observó Jusidman. 

Por ejemplo, explicó, para el Programa de Prevención Social de las Violencias y la Delincuencia se creó una subsecretaría específica pero terminó sin presupuesto porque Peña Nieto designó a un “delincuente electoral” a cargo de esa subsecretaría; las organizaciones que trabajamos prevención social de la violencia protestaron fuertemente ante la designación de ese personaje. En respuesta, Peña Nieto quitó todo el recurso federal al programa, el cual incluía prevención de la violencia contra las mujeres. 

“Algo se intentó hacer pero acabó siendo nada. El daño que hizo Peña Nieto es inconmensurable, tan así que hay tanto enojo de la población hacia el abuso cometido por esa administración y el tema de violencia no fue ajeno a ese deterioro de la administración pública”, detalló la experta.  

Como lo documentó Cimacnoticias en esa época, una evaluación que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del ejercicio del programa presupuestario E015 “Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres”, del cual recibe recursos la Conavim, determinó que en 2013 esta dependencia gastó 102 millones 842 mil 600 pesos, pero “no ha diseñado la política integral con perspectiva de género, en  beneficio de las 60.6 millones de mexicanas como lo establece su Decreto” de creación. 

De acuerdo con la ASF, durante el año fiscalizado la Conavim no dispuso del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que genere información general y estadística sobre los casos de violencia contra las mujeres, y que permita integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre los Casos de Violencia contra las Mujeres, por lo que careció de información general y estadística.

Tampoco realizó las gestiones para publicar en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento para el funcionamiento del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, no acreditó que en 2013 hubiera verificado que los CJM contaran con la estructura orgánica necesaria para ofrecer todos los servicios que requieren las mujeres víctimas de violencia y operó sin contar con el Manual de Organización para apoyar la correcta coordinación de los servidores públicos, difundir las líneas de autoridad y responsabilidades, así como dar a conocer los objetivos y las funciones de cada uno de los puestos que formaron parte de la comisión.

En este sexsenio la Conavim tuvo tres titulares distintas: la licenciada en derecho y maestra en Género y Políticas Públicas, Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, la también abogada y maestra en Argumentación Jurídica, Alejandra Negrete, y la psicóloga y doctora en Consultoría de Sistemas Humanos, Angélica Quiroga Garza. Todas ellas salieron del puesto tras las críticas de las organizaciones civiles a su gestión. La administración peñista fue letal. ONU Mujeres calculó en 2018 que cada día 9 mujeres eran asesinadas en México.

La 4T no entiende el desarrollo institucional

La ex diputada federal e investigadora en Estudios de Género, Candelaria Ochoa Ávalos, la más reciente comisionada de la Conavim, dejó el cargo el pasado 30 de junio. Durante su gestión fue cuestionada por no actuar ante la exclusión de las organizaciones civiles de los diferentes mecanismos de prevención y atención de la violencia, por la ausencia de políticas con perspectiva de género para atender el impacto de la pandemia, por la reducción de recursos públicos para los refugios y las Casas de la Mujer Indígena, por el surgimiento de campañas fallidas y la omisión ante las declaraciones del Presidente de México que niegan la violencia contra las mujeres. 

Ochoa es la tercera mujer al frente de una dependencia en materia de Derechos Humanos que renuncia a su cargo en menos de un mes. Su renuncia ocurrió en medio de una pandemia que puso en alza el número de llamadas de emergencia por violencia contra las mujeres y un aumento de víctimas mujeres de lesiones dolosas y homicidios.

“La 4T no entiende muy bien el desarrollo institucional que ha habido en el país para atender temas complejos y diversos. Hay una idea de programas de naturaleza general aplicables a todo el mundo sin entender que hay diferencias por edades, origen territorial y otras razones que hacen al país un espacio lleno de diversidad, y que las condiciones que tienen las mujeres de la Sierra Tarahumara son distintas a las que viven las mujeres marginadas en las ciudades”, explicó Jusidman. 

“La política es más compleja que los programas generalizantes –detalló la también  integrante de los consejos del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM– Todo el desarrollo de instituciones y políticas dirigidas a la igualdad sustantiva tienen su origen en el reconocimiento de esa diversidad y de las distintas problemáticas que se enfrentan. Mi percepción es que no hay un conocimiento ni un reconocimiento de esos desarrollos institucionales, y la importancia que esos desarrollos institucionales tienen para construir políticas más específicas para enfrentar esa diversidad”.

“Conavim es eso. Estaba dirigida a atender la violencia en el ámbito doméstico, pero nunca alcanzó a tener la fortaleza ni los recursos para poder generar un amplio impacto en el país, pero era una semilla de algo que ojalá hubiera florecido en un árbol del que emanaran frutos dulces para las mujeres”, remató. 

Hasta el mes de junio, Clara Jusidman se desempeñaba como integrante del Consejo Asesor para la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos 2019 – 2024. Decidió renunciar al cargo. En entrevista, la experta cuestionó por qué a año y medio de gobierno no se ha publicado este Programa Nacional de Derechos Humanos, del que derivan las directrices para otros programas sectoriales y especiales. 

Este documento debía ser validado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde, ya con dictaminación favorable, también permanecen detenidos el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Al respecto de esto, la experta señaló que ya no son del todo vigentes, pues existe una necesidad de revisar el Programa Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales y especiales a la luz de los efectos de la pandemia y de la medida de la política que se tuvo que adoptar, como es el aislamiento social y el incremento de la violencia que esto derivó. 

De acuerdo con Jusidman, la epidemia por COVID-19 hizo evidente la necesidad de crear un Programa Nacional de Salud Mental, de revisar la política laboral y las medidas de seguridad e higiene, así como la regulación del teletrabajo. “Nos cambió la vida y la forma de relacionarnos, que eso es un efecto muy profundo en la vida de las personas. Hasta el diseño de las viviendas va a tener que cambiar, con espacios de trabajo”, expresó.

Frente a ello, la también integrante de la Asamblea Consultiva y de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) observó como mala señal la falta de respaldo y recursos económicos para las instituciones encargadas de vigilar el respeto a los DH, como en el caso de la Comisión de Atención a Víctimas y la Conapred. Asimismo, Jusidman criticó que durante la designación de titulares en dependencias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se puso en riesgo la autonomía de esos organismos. 

“Tengo la idea de que no se ha entendido el por qué el movimiento democrático civil peleó tanto por la creación de órganos autónomas que fueran contrapesos al Estado para los procesos electorales, para la producción estadística, para la defensa al derecho a la información, la gestión de la radio y televisión. Lo que hicimos fue sacar de la discrecionalidad del partido en el poder un montón de derechos ciudadanos”, expresó. 

Por ello, desde su punto de vista este es un buen momento para revisar toda la arquitectura institucional que tiene a su cargo la defensa de los derechos de las mujeres, empezando por el Instituto Nacional de las Mujeres y la Conavim, la cual –observó– no debería estar en la Segob, toda vez que la actual administración ha reducido la importancia de esa Secretaría quitándole temas importantes, como el de migración, y delegándolas a otras. 

Ahora sin titular, la Conavim enfrenta nuevos retos. Este año se presentó en la Cámara de Diputados una reforma a la la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para homogenizar la estructura operativa de los CJM, toda vez que dependen de diversas instancias como Fiscalías o Subfiscalías, Secretarías de la Mujer, Secretarías de Gobierno, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Secretaría de Seguridad Ciudadana y muchos dependen del acceso a recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública para seguir operando.

En cuanto a la revisión del tipo penal, sólo 19 estados cumplen con los elementos normativos necesarios y retoman la mayoría de las razones de género establecidas en estándares internacionales. A esto se suma que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y otros funcionarios, han propuesto eliminar el tipo penal de feminicidio por ser de “imposible acreditación”. También existe desde 2019 una propuesta en el Congreso federal para homologar el tipo penal en todo el país.  

En el caso de las Alertas de Violencia de Género, Cimacnoticias documentó que no existen mecanismos de evaluación y seguimiento a las acciones municipales, que los recursos destinados para la investigación del delito se gastan en camionetas y equipo de oficina mientras las víctimas no tienen recursos para trasladarse a los Semefos, y que en junio de 2020 se decidió de último momento retirar el recurso federal que se daría a siete entidades para este mecanismo. 

Todo esto frente a un panorama más adverso que otros años, pues en estos meses recientes se pasó de nueve a 11 muertes diarias de mujeres en el país.