Oaxaca.-Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
De acuerdo con medios, la detención ocurrió la mañana de este lunes cuando asistía a una reunión en la Ciudad de México.
Tras ser aprehendido fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
La carpeta de investigación que judicializó la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) se abrió a partir de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentada en 2019.
Sosa Castelán es señalado por el mal manejo de recursos en la UAEH, por el que la UIF congeló seis cuentas bancarias a nombre del patronato, luego de detectar irregularidades.
Según la UIF, el ex rector de la UAEH no ha comprobado el origen de los 151 millones de dólares bloqueados en esas seis cuentas que administra el patronato.
Hasta las primeras horas de la tarde del lunes, la FGR y la Universidad aún no habían emitido información u opinión sobre el caso de Sosa Castelán.
Cuando Sosa Castelán denunció a Granados Chapa y Alfredo Rivera
El 6 de agosto de 2004 Sosa Castelán presentó una demanda por daño moral en contra de los que participaron en la elaboración del libro La Sosa Nostra. Porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo, de Alfredo Rivera Flores, con prólogo de Miguel Ángel Granados Chapa, edición Miguel Ángel Porrúa, diseño de portada Enrique Garnica Ortega, formación tipográfica Libraria S. A. de C. V. y fotografía del autor Rivera por Héctor Rubio Traspeña.
“Un juicio que debió tardar ocho meses en primera instancia se llevó más de cuatro años para obtener la primera sentencia, convirtiéndose en una forma indirecta de inhibir la libertad de expresión a través de juicios interminables que coaccionan a los periodistas. Todos los codemandados fueron absueltos, excepto Alfredo Rivera quien después de nueve años de litigio para fijar el monto a pagar entregó la cantidad de 738,038.00 pesos en el Juzgado vigésimo noveno de lo civil”, informó en su momento la defensora de los demandados, Perla Gómez Gallardo.
La doctora Gómez Gallardo, quien posteriormente habría de encabezar la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se hizo cargo de la defensa a lo largo de esos años.
Profesora Investigadora de la UAM Cuajimalpa y maestra por oposición de la Asignatura de Derecho a la Información de la Facultad de Derecho de la UNAM, Gómez Gallardo realizó esa prolongada defensa sin cobrar honorarios.
En su momento, las fundaciones LIMAC y FUNDALEX cubrieron los gastos del juicio y evitaron de ese modo la presión económica de los demandados. A partir del 2008 el caso se llevó sin costo de defensa a través del proyecto académico “Todos Por el Derecho de la Información TPDI”, con el respaldo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa División de Ciencias Sociales y Humanidades.
De 2014 a 2017 apoyó la defensa el Despacho Bona Fide Bufete Jurídico Gratuito, con la participación directa de los abogados Gabriel Santiago López, Alejandro Ferrel Bautista, Yamir Ramírez Celis y diversos estudiantes de licenciatura y maestría en Derecho de la UAM y la UNAM.
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