Oaxaca.-El Archivo General de la Nación (AGN) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal contra la casa subastadora Morton y otras personas que resulten responsables por la probable comercialización de Patrimonio Documental de la Nación.
A pesar de la denuncia, la subasta se realizó y algunos de los documentos se vendieron, de acuerdo con los resultados de las pujas.
La subasta inició este martes a las 17:00 h con el nombre de ‘Libros y Documentos sobre la Independencia de México, el Primer Imperio y la Primera República‘.
El Archivo General de la Nación solicitó a la FGR la intervención para detener la subasta y decomisar los bienes.
Los documentos en cuestión tratan sobre testimonios de diversa correspondencia que intercambiaron líderes del movimiento de Independencia, edictos relacionados con la formación del Primer Imperio Mexicano y bandos sobre la instauración del gobierno republicano tras el efímero Primer Imperio, documentos que pueden ser considerados como monumentos históricos y que adoptan la categoría de Patrimonio Documental de la Nación.
Aclaró que bajo este entendido, independientemente de quién tenga la posesión, no se puede lucrar con este tipo de documentos; aunque particulares pueden poseer y custodiarlos para su preservación.
El AGN advirtió que la casa de subastas podría incurrir en otra falta al no informar sobre la intención de poner a la venta documentos históricos de relevancia para el entendimiento de la historia nacional.
La Ley General de Archivos establece en su artículo 77 que el AGN debe ser informado cuando se realicen o se tenga la intención de realizar traslados de dominio de documentos históricos de interés público, y en caso de omitirse dicha notificación, el AGN podrá anular la transacción o, en su caso, solicitar la expropiación de dichos documentos.
“Resulta indispensable que se dé cuenta al Archivo General de la Nación sobre dichos movimientos, con el propósito de que el AGN esté en condiciones de identificar probables actos constitutivos de tráfico ilícito de patrimonio documental de la nación, ya que realizar la transferencia de propiedad o posesión de estos bienes considerados patrimonio documental de la nación constituye un delito conforme al artículo 121, fracción II de la Ley General de Archivos“, manifestó la institución.
