Piden consulta ante el proyecto irregular de parquímetros

Carolina Quezada

Oaxaca.-Integrantes de las organizaciones TequioOax, el Comvive de Xochimilco y Resiste Oaxaca, solicitaron al Congreso del Estado el análisis de la Ley de Ingresos Municipales 2020, luego de que el cabildo de esta capital oaxaqueña la aprobó y donde se contempla un presupuesto hasta hoy desconocido para la instalación de Estaciómetros “parquímetros”, por lo que solicitaron que se realice una consulta para conocer la opinión de la ciudadanía.

Como insensible, calificaron al edil, Oswaldo García Jarquín, pues lejos de solucionar el problema de las dobles filas, de movilidad y de contaminación que se vive en esta capital, esos Estaciómetros también se aplicarán a motocicletas, bicicletas, triciclos y todo vehículo que ocupe un lugar en el espacio público, sin que esa disposición toque al comercio en vía pública, pero principalmente porque va en detrimento de la economía de muchas familias.

Según Arnoldo Dámaso, el gobierno municipal, con esta medida busca privatizar los espacios públicos, “al establecer cuotas y pagos que únicamente engrandecerán a las cadenas Oxxo, encargadas de su recaudación” y con el resto de los representantes civiles, coincidieron que es necesario que la ciudadanía conozca el costo beneficio de este proyecto que requiere una inversión considerable.

Se suma MOVIAL

A esta demanda se ha sumado el Movimiento Ciudadano de Cultura (Movial) que ha señalado que se ha violentado la norma, ya que en primer lugar no se ha dado a conocer el proyecto ejecutivo o minuta en torno a la instalación de los parquímetros para la consideración del cabildo y menos aún de la ciudadanía, pero que con opacidad está considerado en la Ley de Ingresos Municipales 2020.

En segundo lugar, el propio edil capitalino ha asegurado que se obtendrán 42 millones de recaudación al año, considerando que el cobro será para todo tipo de vehículo que ocupe un cajón en las calles, violentando un derecho fundamental del libre tránsito consagrado en el artículo 11 constitucional, afecta a la economía local, desalienta el uso de vehículos de dos ruedas, lo que impacta más en la contaminación, pero más grave aún, que no resuelve el problema de movilidad, donde existe impunidad y violación a los derechos ciudadanos al permitirse el uso de ese espacio de parte del comercio en vía pública, el apartado de lugares, cajones de prohibición desocupados todo el día, entre otros.

No existe pues, un proyecto técnico que sustente la supuesta recaudación de 42 millones de pesos anuales, con lo que se opaca tanto el origen como el monto de la inversión, al igual que la argumentación de los beneficios a la movilidad que ese proyecto garantizaría para la ciudad, estimando que aunque se realice por medio de una aplicación informática, requiere de programación y equipo con un monto mínimo estimado de 50 millones de pesos, incumpliendo con la Ley Federal de Austeridad Republicana.

En tercer lugar, no se acata la disposición del presidente Andrés Manuel López Obrador de realizar consultas a la ciudadanía para la realización de obras o acciones que afecten o beneficien a la sociedad, por lo que el claro desacato del edil de filiación morenista muestra que las ordenanzas federales no importan cuando hay intereses económicos; habría que ver si esa la fuente de financiamiento que contravendría el destino de un gasto innecesario.

Por ello, las organizaciones civiles están demandando la realización de una consulta con el fin de conocer tanto las fuentes como los montos de inversión y beneficio, así como las ventajas que para colectividad tendría la instalación de esas máquinas que operarían con una aplicación telefónica, dejando sin derecho de uso de las calles a quienes no posean un equipo móvil o acceso a la aplicación.

Un proyecto ilegal

Especialistas en derecho de Movial, señalaron que a todas luces, el proyecto en referencia se encuentra fuera del marco legal y administrativo, o al menos esa información se mantiene con reserva, debido a que desde los primeros días de este mes el presidente García Jarquín anunció el arranque de este proyecto que se tiene previsto para enero del próximo año; lo anterior bajo un proceso carente de transparencia.

Citaron que los artículos 134 de la Constitución Federal y 137 de la Constitución local, obligan a todos los ejecutores del gasto a privilegiar en todo momento la licitación pública abierta, la cual garantiza procesos transparentes, al poder ser consultadas por la ciudadanía

La Ley Federal de Austeridad Republicana establece en el artículo 8.- En la adquisición de bienes muebles e inmuebles, su arrendamiento o contratación de servicios y obra pública, se buscará la máxima economía, eficiencia y funcionalidad, observando los principios de austeridad, ejerciendo estrictamente los recursos públicos en apego a las disposiciones legales aplicables.

Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general y de manera prioritaria, a través de licitaciones públicas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Las excepciones a esta regla deberán estar plenamente justificadas ante el órgano encargado del control interno que corresponda.

Mientras que en el Artículo 16 de la misma ley federal dice que son medidas de austeridad republicana, de manera enunciativa y no limitativa; entre otras las que establece en su tercer apartado: “Las adquisiciones y arrendamientos de equipos y sistemas de cómputo se realizarán previa justificación, con base en planes de modernización y priorizando el uso de software libre, siempre y cuando cumpla con las características requeridas para el ejercicio de las funciones públicas”.

Por ello, las diferentes organizaciones civiles llamaron al Gobierno estatal y al Congreso local para no permitir este proyecto que describieron como “abuso” en contra de la ciudadanía en general, además de que emprenderán acciones legales ante diferentes instancias para evitar este negocio que perjudica a miles de oaxaqueños.