Comunicado
Oaxaca.-La sentencia emitida por un Juzgado de Distrito reconoció violaciones graves a los derechos humanos de los luchadores sociales, lo que coincide con el contenido de la Recomendación 007/2009 emitida por la CNDH
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace un respetuoso llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a fin de que, a la brevedad posible, sesione para resolver favorablemente el caso de la desaparición forzada de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, ocurrida el 25 de mayo del 2007 en el estado de Oaxaca.
Cabe recordar que, el pasado 4 de junio, la SCJN atrajo el caso con motivo de la resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien resolvió que fuera el Máximo Tribunal del país quien analizara la validez de un amparo otorgado por un Juzgado de Distrito a los familiares de ambos luchadores sociales, que permitiría profundizar las investigaciones de manera completa y exhaustiva, así como continuar con su búsqueda, hasta que se dé con el paradero de los mismos.
El recurso de revisión deriva de la inconformidad promovida por servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República, quienes lejos de apoyar en la investigación para esclarecer los hechos, con verdad y transparencia, se inconformaron.
La CNDH observa con preocupación que a más de un año de la resolución del Segundo Tribunal Colegiado y a más de 13 años de la desaparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, la Suprema Corte de Justicia aún no ha definido fecha para celebrar la sesión en la que se analizará el caso.
En la sentencia emitida por el Juzgado de Distrito se reconocieron violaciones graves a los derechos humanos de los luchadores sociales, lo cual coincide con el contenido de la Recomendación 007/2009 emitida por esta Comisión Nacional, en la que se advirtió que diversos servidores públicos de la Federación intervinieron en su desaparición forzada y vulneraron sus derechos a la libertad, integridad personal, legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia, defensa y debido proceso.
Para la CNDH este caso resulta significativo y de suma importancia ante la gravedad de las violaciones a derechos humanos cometidas, por lo cual llama a la SCJN para que emita la resolución favorable a las víctimas directas e indirectas del caso y fije criterios que beneficien a quienes han sufrido este ilícito y garanticen el acceso a la justicia, a la verdad, así como a la reparación integral del daño.
Finalmente, este Organismo Constitucional Autónomo reitera su compromiso de dar seguimiento al caso, en beneficio de las víctimas.
