Oaxaca.-A principios de abril, 34 niños y niñas salieron a marchar en Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, en Guerrero, tras ser presentados como nuevos integrantes de la policía comunitaria local.
Armados con palos, escopetas y pistolas reales y de juguete, exigieron al gobierno que “apoye a las viudas, huérfanos y desplazados” de la comunidad.
Esta no es la primera vez que ocurre algo así: hace 15 meses niños nahuas de José Joaquín de Herrera y Chilapa se unieron a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias - Policía Comunitaria y Pueblos Fundadores (CRAC-PC PF) para, dicen, resguardar sus comunidades. Algunos de estos niños fueron desplazados en 2019 debido a varios ataques del grupo armado Los Ardillos.
La presencia de diversos grupos armados en la sierra guerrerense y la ausencia del Estado que se manifiesta en la pobreza y desatención de las comunidades no sólo han provocado que niños y niñas desplazadas se unan a las filas de la policía comunitaria, sino que también les ha impedido acudir a estudiar la secundaria, ubicada en una zona donde prevalecen las balas y los secuestros.
El gobierno federal se había comprometido a atender las demandas de las comunidades, incluyendo hacer justicia por el asesinato de diez músicos indígenas y apoyar a las 34 familias desplazadas en 2019 de Acojtapaxtlán, Chilapa de Álvarez.
Sin embargo, el gobierno federal y el estatal no han logrado cumplir con sus responsabilidades y la falta de respuestas y el consecuente enojo de los pobladores han llegado al grado de que, si el gobierno sigue sin cumplir, considerarán impedir que el 6 de junio se instalen las casillas de votación.
En el boletín anterior, hablamos sobre familias mexicanas en situación de desplazamiento interno en la frontera norte. Una de las consecuencias de su desplazamiento es el abandono escolar por parte de los niños y niñas de las familias desplazadas, como el caso de Javier, quien a sus 11 años tuvo que dejar Michoacán junto con su familia.
A mediados de abril, UNICEF y el Sistema DIF de Baja California firmaron un acuerdo para fortalecer las acciones educativas a favor de la primera infancia. Las acciones buscan facilitar a los niños y niñas en situación de movilidad, incluyendo a quienes se encuentran en situación de desplazamiento interno, el acceso a una educación de calidad -bajo un enfoque inclusivo- en diferentes albergues de Tijuana. Nuevos desplazamientos
En abril de 2021, se registraron al menos dos eventos de desplazamiento interno causado por violencia en México. El primero se registró en Aguililla, Michoacán, derivado de enfrentamientos entre grupos armados ocurridos los primeros días del mes. Dichos enfrentamientos provocaron el desplazamiento de al menos 680 personas de Aguililla.
El segundo evento de desplazamiento ocurrió el día 13 de abril, cuando al menos 400 personas de 80 familias de las comunidades de El Maguey, municipio de Quitupan, Jalisco, y El Lobo, municipio de Cotija, Michoacán, tuvieron que abandonar sus hogares debido a incursiones armadas. Se reporta que al menos 150 personas son originarias de El Maguey. Actualización:
En el boletín de febrero se reportó que cinco mujeres abandonaron la comunidad de Yutatío, en Tezoatlán, Oaxaca, debido a un conflicto agrario, y que sus familiares habían recibido amenazas.
Notas publicadas en abril confirmaron que 27 personas de dicha comunidad se encuentran en situación de desplazamiento interno, las cuales incluímos en nuestro conteo correspondiente al mes de febrero. ¿Qué más ocurrió en abril? De acuerdo con el FONATUR, tendrán que ser reubicados 3,286 hogares en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo por la construcción del Tren Maya, debido a que se encuentran asentados sobre el derecho de vía. Para reubicarlos, el FONATUR prevé que se tendrán que destinar 3,579 millones de pesos. Se estima reubicar a al menos 1,314 hogares durante el 2021. Chiapas
Las agresiones armadas a Aldama continúan.
El 23 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares con el fin de proteger la vida e integridad personal de las familias indígenas tsotsiles de doce comunidades de ese municipio que, como ya se ha mencionado en ediciones anteriores, han sufrido repetidos ataques armados, lo cual ha ocasionado que en múltiples ocasiones tengan que abandonar sus hogares y desplazarse a las montañas de la región.
El Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno llevó a cabo su vigésima séptima sesión, donde se habló de la visita de una comisión interinstitucional al ejido Puebla, en Chenalhó, para constatar cómo se había dado la integración de las familias retornadas.
Asimismo, se informó que continúan los trabajos de promoción de la salud entre las personas desplazadas, así como campañas de prevención de la COVID-19 y de sensibilización para la vacuna, se expuso que se entregaron alimentos a distintos grupos de personas desplazadas y se dio seguimiento a otras medidas en materia de seguridad y acceso a la justicia.
La SEGOB informó que, para cumplir con las obligaciones del Estado mexicano ante la CIDH, ha atendido a víctimas de la matanza de Acteal, a familias desplazadas del ejido Puebla, en Chenalhó, y del municipio de Chalchihuitán, así como víctimas del conflicto armado entre Aldama y Chenalhó.
Se tiene planeado que en mayo se abra una mesa de trabajo con apoyo del gobierno estatal para planear una ruta de acción que permita el retorno de las familias del ejido Puebla que siguen desplazadas. 31 personas desplazadas de la comunidad de Los Chorros, en Chenalhó, determinaron que no hay condiciones para un retorno seguro debido a la falta de voluntad política de las autoridades locales.
A pesar de que se había firmado un acuerdo con participación del ayuntamiento de Chenalhó y que el retorno se había programado para el día 28, autoridades comunitarias declararon que no permitirían dicho retorno pues no habían sido notificadas a tiempo sobre la fecha de este.
Chihuahua A principios del mes, se reportó que en marzo un tribunal aprobó una sentencia histórica que, además de condenar al asesino de Julián Carrillo, defensor de los bosques, y de su hijo Víctor, determina que el Estado mexicano falló en brindar protección a los defensores del territorio y ahora debe garantizar las condiciones para que las familias que fueron obligadas a desplazarse tengan un regreso digno y seguro a su comunidad.
El asesinato de Julián se dio en el marco de la violencia en la comunidad de Coloradas de la Virgen, en Guadalupe y Calvo, la cual ha resultado en el asesinato de al menos 10 defensores del territorio y provocado el desplazamiento de al menos 50 familias.
El Gobernador Javier Corral declaró que no se puede garantizar el retorno de los desplazados por la violencia de la Sierra Tarahumara, pues no existen condiciones de seguridad y el gobierno estatal no cuenta con un estado de fuerza suficiente.
Guerrero Después de acampar frente a la SEGOB y reunirse con el Subsecretario de Derechos Humanos, personas desplazadas de Zitlala en 2018 lograron que este se comprometiera a gestionar su reubicación en un sitio seguro e incorporar a 55 personas que todavía no estaban en el Registro Nacional de Víctimas.
De las 1,600 personas desplazadas de sus comunidades en noviembre de 2018, quedan 135 personas refugiadas en Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo.
Cerca de 450 personas desplazadas de la sierra de Leonardo Bravo y de Heliodoro Castillo están dispuestas a reubicarse en Chilpancingo o en los estados de Morelos, Puebla, Hidalgo y México, dado que las autoridades han dicho que no hay condiciones para el retorno seguro a sus lugares de origen.
La CNDH manifestó preocupación por la violencia en la zona calentana de Guerrero, principalmente la provocada por grupos armados en los municipios de San Miguel Totolapan y Coyuca de Catalán, la cual ha resultado en desplazamientos, homicidios y desapariciones.
Los grupos armados disputan el control de la tala ilegal de recursos maderables. A principios de abril fue asesinado por un comando de la delincuencia organizada el activista y ecologista Carlos Márquez Oyorzábal, que también se desempeñaba como comisario de Las Conchitas, San Miguel Totolapan.
El contexto de violencia en la zona ha provocado desplazamientos desde febrero, como se documentó en el boletín anterior. Michoacán
De acuerdo con una declaración atribuida a Falko Ernst, analista senior del International Crisis Group, más de 400,000 personas han tenido que desplazarse en los últimos 11 años en Michoacán debido a la violencia generada por el crimen organizado, caracterizada por disputas entre grupos armados.
Oaxaca
El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) afirmó que tanto el gobierno estatal como el federal han incumplido acuerdos, lo cual ha impedido el retorno seguro de las familias desplazadas de Tierra Blanca Copala a partir de diciembre de 2020.
El senador Emilio Álvarez Icaza denunció ante el Senado la situación de vulnerabilidad de las 143 familias indígenas triquis desplazadas, de las cuales algunas se encuentran acampadas en el Zócalo de la Ciudad de México, y pidió que estas sean reconocidas como víctimas de desplazamiento interno y reciban la atención adecuada. Puebla
En la comunidad de Tilapa, en el municipio de Hueytamalco, un deslave provocó el desplazamiento de 40 personas, pertenecientes a ocho familias.
Al menos dos viviendas quedaron sepultadas por piedras y lodo. Las personas desplazadas se refugiaron con familiares y amigos.
Eventos y recomendaciones
Si te interesa la situación de desplazamiento interno en México y en el mundo, también te invitamos a revisar: La película La Paloma y El Lobo, que narra la historia de una pareja desplazada que busca sobrevivir por medio del amor, después de que la violencia del narcotráfico arrasara con su pueblo.
El webinar Desplazamiento forzado: nuevas dificultades, organizado por el Instituto de Estudios sobre Conflicto y Acción Humanitaria, donde se discuten los retos a los que el sistema de ayuda humanitaria se ha enfrentado durante la pandemia de la COVID-19.
